La UCO revela que los que enchufaron a afines del PSOE en Andalucía también entraron a dedo

El sistema de contrataciones en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) funcionó de forma piramidal, desde el vértice hasta la base. Los altos mandos encargados de supervisar los procesos selectivos que permitieron el acceso de personas allegadas a cargos del PSOE a esta entidad de la administración paralela de la Junta de Andalucía, también fueron fichados a dedo, a veces mediante una simple llamada telefónica. En sus declaraciones como testigos ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, antiguos gerentes encargados de avalar los contratos de familiares socialistas reconocieron que ellos fueron reclutados para puestos técnicos y directivos sin superar ninguna prueba ni proceso selectivo. Así lo recoge el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO en su último atestado. El informe de 231 páginas, avanzado por ABC, fue entregado el pasado 29 de julio al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que indaga la contratación «arbitraria» de 84 personas afines al PSOE y a los sindicatos UGT y CCOO y la justificación irregular de millonarias subvenciones que debían destinarse a impartir cursos de formación para desempleados andaluces.En su ronda de interrogatorios, la Guardia Civil tomó declaración como testigos a ocho antiguos directivos que tomaron parte en los procesos selectivos de los investigados. En su comparecencia, dichos mandos intentaron negar el enchufismo imperante en la etapa socialista esgrimiendo que existía una normativa interna que garantizaba la transparencia y publicidad de los procesos. Sin embargo, tras descender al detalle de diez expedientes laborales requeridos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde la mayoría del personal de la Faffe sigue trabajando ya como personal fijo, sus versiones se desmoronan. La UCO descubre «contradicciones» entre lo que estos exdirectivos les contaron y lo que refleja la documentación oficial.Para desentrañar el sistema de contrataciones, la Policía Judicial ha analizado los expedientes de diez personas, en su inmensa mayoría familiares de dirigentes y cargos socialistas colocados en la Junta de Andalucía. La conclusión de los agentes es que el reclutamiento de personal de la Faffe se asimiló a «un proceso de libre designación más que a uno de libre concurrencia».La cuñada del exdirector de la FaffeEl caso más llamativo es el de María del Rosario B. F., gerente de la Faffe en Huelva entre 2007 y 2011 y, además, cuñada de Fernando Villén . Durante su comparecencia el 18 de mayo de 2023, defendió «la existencia de protocolos de contratación establecidos por la Dirección de Recursos Humanos». Aseguró a los investigadores que en ocasiones se exigían pruebas escritas o de informática para medir las capacidades del aspirante, así como una entrevista personal obligatoria en casi todos los supuestos.La realidad contrasta con su testimonio. Al examinar el expediente de Purificación P. P., trabajadora adscrita a la gerencia onubense, la UCO detectó que « no consta documentación que acredite haber realizado convocatoria pública (como marca el protocolo), ni a través de una oferta genérica al SAE ni mediante la publicación de la vacante en anuncios de prensa». Es más, el informe recalca que «tampoco figura en el expediente baremación curricular, ni consta que hubiese realizado algún tipo de prueba objetiva y/o entrevista personal, contradiciendo todo ello lo declarado por María del Rosario B.». A juicio de la Guardia Civil, «la falta de documentación relativa a un proceso de selección adecuado a la normativa vigente, habría conculcado los principios de igualdad, mérito y capacidad».En el interrogatorio policial, la propia testigo terminó reconociendo que ella misma no se sometió a «ningún tipo de proceso selectivo» para ocupar los puestos de mando en la Faffe. La exdirectiva fue promocionando «a propuesta» de Marta Toronjo (su predecesora en la gerencia de Huelva antes de saltar a Sevilla). Su entrada al ente autonómico en 2003 se fraguó mediante una simple llamada telefónica de Antonio Jiménez Cuenca, entonces director de Recursos Humanos de la fundación, que contactó con ella porque anteriormente había trabajado en el Fondo Promoción de Empleo, un organismo estatal que se extinguió tras la creación de la fundación autonómica en 2003, donde se integró la plantilla.La cuñada del exdirector de la Faffe admitió que entró en la fundación sin realizar «ningún proceso selectivo»Este modus operandi se reproducía en otros casos. Otro de los testigos interrogados en 2023 fue José Antonio V., quien dirigió la Faffe en Sevilla. En su declaración admitió que «no habría participado en ningún proceso selectivo, ni para ocupar el puesto de Técnico en los Servicios Centrales, ni para posteriormente ocupar el puesto de gerente» en Sevilla. Según su relato, entró con un contrato temporal vinculado a una subvención y, al año, se convirtió en indefinido mientras escalaba posiciones hasta la gerencia. Sobre su papel en las contrataciones de terceros, alegó que actuaba como «mero observador», limitándose a «la acogida de alguno de los nuevos trabajadores».El contrato a dedo de la nuera de un alto cargoLa normativa interna fue papel mojado en el fichaje de Mónica F. F., nuera de Carmen Mejías, ex directora gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces. En este caso, un correo electrónico intervenido a un antiguo mando instaba a su contratación atendiendo a sus lazos de parentesco. Aunque el exgerente en Sevilla afirmó que «todos los procesos que ha llevado a cabo se han hecho cumpliendo con los requisitos establecidos», los investigadores lo cuestionan. «Analizada la documentación aportada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», la UCO advierte de que en el expediente de Mónica F. «no se ha localizado el documento de oferta genérica al SAE ni la realización de entrevista alguna, hecho que resulta contradictorio con lo manifestado por José Antonio V.».La investigación penal, abierta en 2016, mantiene como investigados por supuestos delitos de prevaricación y malversación a 21 extrabajadores y proveedores de la entidad. Durante sus ocho años de vida (fue creada en 2003 bajo la presidencia de Manuel Chaves y disuelta en 2011 con José Antonio Griñán al mando de la Junta), la Faffe gestionó cerca de 300 millones de euros de fondos públicos. En el epicentro de la supuesto trama figura su exdirector general, Fernando Villén Rueda, antiguo secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz, quien fue condenado por la Justicia andaluza a cinco años de prisión por pagar servicios en distintos locales de alterne utilizando las tarjetas bancarias de la fundación.Luis María M., gerente provincial en Cádiz desde 2003 hasta 2011, testificó que «se incorporó a la Fundación» con un contrato determinado que «con el tiempo se convirtió en indefinido , sin llegar a concretar el procedimiento empleado». Declaró que, en sus ocho años de mandato, «tan solo llegó a participar en una entrevista de selección para cubrir una vacante de apoyo en el área de compras». Cesó de su cargo apenas dos días después de haber sido absorbido por el SAE.Quien fuera responsable de la Gerencia Provincial de Sevilla hasta junio de 2008, María del Carmen L., al ser interrogada sobre si cabía la posibilidad de que su departamento hubiera realizado alguna contratación a dedo , la exdirectiva «respondió negando tal circunstancia». El atestado de 231 páginas que el juez Vilaplana tiene ahora sobre la mesa ofrece datos que demostrarían todo lo contrario.