La juez de la Audiencia Nacional María Tardón recibió este martes las diligencias abiertas por una juez de Ceuta en las que se abordará la respuesta del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, a la crisis desatada por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio.La juez de Ceuta María de la Luz Lozano vio claro que el auto de apertura de la causa de la juez Tardón implica que cualquier asunto vinculado a las actuaciones de autoridades españolas tras la entrada masiva deben ser asumidas en la Audiencia Nacional, y de ahí que haya remitido sus diligencias al Juzgado Central 3. Unas diligencias en las que, en primer lugar, la magistrada deberá decidir si da a Triano la condición de investigado y por qué delitos. Hazte Oír, que presentó una querella contra él y de momento es la única asociación a la que se ha dado por personada al pagar la fianza impuesta, apunta a que Pérez Triano pudo incurrir hasta en seis delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio, omisión del deber de impedir delitos, homicidio y lesiones por imprudencia grave. También se apunta a «todas las autoridades y funcionarios que puedan resultar responsables»Después de su querella inicial, presentó dos ampliaciones. La primera, además, se dirigió contra «todas las autoridades y funcionarios que puedan resultar responsables» y exigió «medidas urgentes para impedir que desaparezcan pruebas: la conservación inmediata de los correos de la Delegación del Gobierno, las grabaciones de la frontera y las comunicaciones mantenidas con Interior y los mandos policiales». La primera querella apuntó «a la desatención de la coordinación asistencial y de la protección civil de la ciudad, a la quiebra de la seguridad ciudadana y a los episodios delictivos y de orden público sucedidos desde el 1 de agosto de 2026». Afirman que su jefe de gabinete dijo que Pérez Triano afirmó que su jefe estuvo en la llamada del Centro Nacional de Inteligencia del 29 de junioEn las ampliaciones, la asociación solicitó la declaración como testigo de Melchor León, diputado socialista en la Asamblea de Ceuta, quien aseguran que afirmó públicamente que el delegado «sabía todo lo que iba a pasar» porque su jefe de gabinete -el recién dimitido Gonzalo Sanz- le confirmó que Pérez Triano estaba presente durante la llamada con el Centro Nacional de Inteligencia del 29 de julio. Hazte Oír pide esclarecer qué sabía el delegado antes de la entrada masiva y qué medidas adoptó para proteger a los ceutíes. También ha solicitado la declaración como testigo del propio Sanz, su carta de dimisión y las comunicaciones de alerta remitidas a los ministerios. CETI «colapsado»Antes de la entrada masiva, la querella repasa declaraciones públicas de Triano y decisiones que, desde su punto de vista, demostrarían su conducta omisiva. Según los denunciantes, «el 14 de julio de 2026, preguntado por la situación creada tras hacerse pública el 8 de julio la sentencia del Tribunal Supremo nº 814/2026, de 29 de junio, [en referencia al fallo sobre los llegados a nado] el querellado manifestó a los medios de comunicación de la ciudad que se estaban poniendo ‘todos los medios a nuestro alcance’, que se estaba reforzando el servicio marítimo de la Guardia Civil ‘tanto con medios materiales y próximamente también humanos’ y que ‘la frontera está perfectamente segura’». Según el escrito, después de dicha declaración, el 27 de julio «el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes se hallaba colapsado tras más de mil entradas en una semana, de ellas más de cuatrocientas el fin de semana precedente, y decenas de personas pernoctaban en sus inmediaciones en campamentos improvisados sin acceso a infraestructura alguna. La situación era conocida por la Delegación del Gobierno, que la hizo pública junto con la ciudad autónoma. Entre una y otra fecha no consta que el querellado dispusiera medida alguna de acogida, de coordinación asistencial o de protección civil, ni que convocara los órganos de coordinación que preside», se afirma en la querella.La juez Tardón avanzó que la respuesta de las autoridades españolas a la crisis sería objeto de investigaciónAhora, la magistrada Tardón tendrá que decidir, sobre el relato expuesto por los denunciantes, si comparte los indicios de delito que éstos ven para abrir una investigación por todos los delitos solicitados contra Triano, sólo por algunos o por ninguno, así como decidir si cita como investigado a su jefe de gabinete, según ha solicitado Hazte Oír.Mientras tanto, continuará con la investigación principal sobre la entrada masiva como un ataque a la integridad territorial de España y la respuesta de nuestro Estado. Ya tiene los informes publicados por Moncloa y ha dado por personados tanto al Gobierno ceutí como al central. Previsiblemente, comenzará a revisar dichos informes y a citar a testigos. La juez de Ceuta no tuvo ninguna duda para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional sobre las primeras diligencias abiertas por la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta. En su auto, recordó que «la resolución de la Audiencia Nacional de 7 de septiembre de 2026 [con la que Tardón abrió causa por la entrada masiva] ha declarado expresamente que la investigación debe abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado, y ha acordado requerir inhibición a los órganos judiciales de Ceuta respecto de tales hechos». En dicho auto, la juez Tardón avanzó que la respuesta de las autoridades españolas a la crisis sería objeto de investigación. Entre otros motivos, por las 83 muertes de inmigrantes en nuestro territorio. La única dimisión gubernamental que ha habido hasta el momento por la gestión de la crisis ha sido la del jefe de gabinete de Triano, Gonzalo Sanz, aunque Hazte Oír considera que él no es el responsable de la gestión de los recursos del Estado en la ciudad autónoma con la crisis desatada, sino el delegado del Gobierno.
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