La resolución presentada por el Partido Popular Europeo (PPE) que considera que la entrada masiva de emigrantes a Ceuta fue «un ataque híbrido» y una «instrumentalización de los emigrantes» ha sido aprobada por una clara mayoría, este vez con la oposición de gran parte de los socialistas, que han preferido defender la versión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. A pesar de los llamamientos que había hecho la víspera la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que se mantuviera la llamada coalición proeuropea de populares, socialdemócratas y liberales, esta vez la votación ha sumado al PPE y los tres grupos que hay a su derecha, además de una parte de los liberales . A diferencia de lo que sucedió en 2021 ante la entrada en Ceuta de unas 10.000 personas, los grupos de izquierda no han apoyado la posición mayoritaria. Un total de 339 eurodiputados han votado a favor y 225 en contra.La resolución se refiere a ‘Los recientes ataques híbridos e instrumentalización de inmigrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE’ y define lo que ha sucedido como «invasión». También incluye una referencia a la carta que enviaron 22 de los 27 países en la que planteaban además que esta crisis podía considerarse como un efecto secundario de la regularización masiva de inmigrantes ilegales que había lanzado poco antes el Gobierno español.La resolución presentada por el Partido Popular Europeo que considera que la entrada masiva de emigrantes a Ceuta fue «un ataque híbrido» y una «instrumentalización de los emigrantes» ha sido aprobada por una clara mayoría, este vez con la oposición de gran parte de los socialistas, que han preferido defender la versión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. A pesar de los llamamientos que había hecho la víspera la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que se mantuviera la llamada coalición proeuropea de populares, socialdemócratas y liberales, esta vez la votación ha sumado al PPE y los tres grupos que hay a su derecha, además de una parte de los liberales. A diferencia de lo que sucedió en 2021 ante otro caso de entrada masiva en Ceuta de unas 10.000 personas, esta vez los grupos de izquierda no han apoyado la posición mayoritaria. Los socialistas daneses, que defienden una política más estricta en el campo migratorio, se han abstenido o se han ausentado en la votación. Los liberales se han dividido.El texto define lo que ha sucedido como «invasión». También incluye una referencia a la carta que enviaron 22 de los 27 países en la que planteaban además que esta crisis podía considerarse como un efecto secundario de la regularización masiva de inmigrantes ilegales que había lanzado poco antes el Gobierno español. Los eurodiputados reclaman abiertamente a Marruecos que respete de forma «incondicional» la soberanía española sobre esa ciudad y que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria. Concretamente recalca que su relación de asociación con la UE «debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable» por lo que «toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio». Además de condenar «con la mayor firmeza» las entradas masivas de inmigrantes sin papeles desde Marruecos que califica como una herramienta de «guerra híbrida», la Eurocámara menciona también las advertencias y peticiones ignoradas o los retrasos en la solicitud de ayuda europea y otras decisiones del Gobierno español que habrían agravado la crisis. En concreto menciona las «reiteradas advertencias» al Gobierno de España realizadas por las autoridades de Ceuta y los diferentes servicios de información, tal como se recoge en los informes confidenciales desclasificados. En concreto se recoge que la Asamblea de Ceuta pidió por unanimidad cerrar la frontera, declarar la emergencia nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional, designar una autoridad única de coordinación y desplegar las Fuerzas Armadas, y añade que «el Gobierno de España no atendió esas peticiones».
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