Quince días antes de que tuviera lugar la invasión a Ceuta, el Gobierno de España resolvió una inyección de fondos públicos orientada, paradójicamente, a la contención fronteriza. A través de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) -un órgano público presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , y en cuyo patronato figuran otros pesos pesados del Consejo de Ministros como Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y Elma Saiz-, el Ejecutivo firmó en plena crisis un contrato para gestionar la logística de sus proyectos de seguridad en Marruecos. El beneficiario de esta adjudicación fue un contratista privado marroquí llamado Ridouane Ambarky, al que el Estado ha puesto a sueldo para actuar como conseguidor y enlace administrativo con el Ministerio del Interior alauí.La cronología del expediente, al que ha tenido acceso ABC, revela que la formalización del contrato se produjo con la crisis de Ceuta ya consumada en las calles de la ciudad autónoma. Los registros demuestran que el empresario fue el primero en firmar el contrato, el 1 de agosto, mientras que el responsable de la misión de la FIAP hizo lo propio cuatro días después, el día 5, cuando la ciudad se encontraba colapsada.El encargo se enmarca dentro del proyecto denominado ‘Apoyo al Reino de Marruecos: coordinación y gobernanza para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes’. El importe de la operación adjudicada a este empresario, con domicilio físico en la localidad de Inezgane (Marruecos), asciende a 103.200 euros para un plazo que se extenderá durante 43 meses. La totalidad del presupuesto se destina directamente al concepto de «honorarios», dividido en una retribución mensual de 2.000 euros netos a cambio de un informe de situación cada final de mes, además de un «complemento diario por desplazamiento» fijado en 205 euros netos por jornada para cubrir sus gastos de alojamiento y dietas.Tabla de desglose económico del contrato que fija los honorarios en 2.000 euros mensuales durante 43 meses. ABCEl papel que juega este empresario trasciende al de un traductor o asistente. Ambarky actúa como un facilitador logístico para el control migratorio hispano-marroquí. Su labor consiste en ejercer de puente operativo para que el material policial financiado por Europa y España pueda entrar en Marruecos. Según se detalla en los pliegos, desbloquea trámites de aduanas, organiza reuniones bilaterales de alto nivel, asiste a la misión y sirve de nexo directo entre las autoridades de ambas orillas del Estrecho. Además, se le asignó un espacio de trabajo en la Embajada de España en Rabat y un ordenador portátil para «garantizar el control y el seguimiento informático sobre el acceso a la documentación del Proyecto».El empresario trata datos personales de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran desplegados en Marruecos en el marco del proyectoY es precisamente en el acceso a esa documentación donde radica una de las mayores vulnerabilidades del expediente, debido al nivel de información confidencial al que accede el empresario. En la memoria justificativa de expedientes previos se especificaba que el contratista trata datos personales del personal del Ministerio del Interior de Marruecos y de los propios efectivos de la Guardia Civil de España que se encuentran desplegados en el país africano en el marco del proyecto fronterizo.Detalle del pliego de contratación donde se estipula la cesión al empresario de datos personales, incluyendo identificadores del personal de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior marroquí. ABCLa contratación se llevó a cabo con un procedimiento negociado sin publicidad, una fórmula que omite la fase de concurso público abierto. Se recurrió a esta tramitación por la necesidad de incorporar a un candidato que posea un «nivel nativo comprobable del idioma dariya marroquí», un requisito indispensable por el «contexto geopolítico tan delicado» que envuelve a la misión. Según el organismo, apostar por un perfil local con estas características aporta «el nivel de confianza necesario al beneficiario teniendo en cuenta la sensibilidad del proyecto y nivel exigido de soberanía» por las instituciones del reino alauí.Fragmento de la memoria justificativa que condiciona el perfil del asistente a los requisitos de soberanía y confianza exigidos por el socio marroquí. ABCEste contrato no es el primer vínculo de Ridouane Ambarky con el Estado español. El empresario marroquí ya venía ejerciendo este rol de intermediario logístico y aduanero gracias a un contrato previo, de características casi idénticas, que le sirvió como trampolín en la administración española. El 4 de octubre de 2024, la misma secretaría de la FIAP le adjudicó un contrato por un valor de 27.400 euros netos para un periodo de 16 meses en el marco del proyecto «Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración en Marruecos».La FIAP defiende la legalidad del procesoAmbarky se hizo con la adjudicación en un procedimiento abierto, pero en el que resultó ser la «única oferta recibida». Sin embargo, el empresario ajustó su propuesta económica a 27.399 euros para un máximo de 27.400 euros, apenas un euro por debajo del presupuesto fijado por el Estado, lo que parece indicar que conocía que era el único candidato en el concurso.Un desconocido que pasó de opositar a profesor de Educación Física a convertirse en el nexo operativo entre España y Marruecos Ridouane Ambarky mantiene un mutismo total ante las consultas de este periódico. Su historial revela un perfil muy alejado del rigor diplomático exigido. Aunque tiene despacho en la Embajada española en Rabat, su huella digital sitúa su vida personal en Inezgane, a más de 500 kilómetros. Su trayectoria previa contrasta con la formación demandada para el proyecto: en 2013 opositaba a profesor de Educación Física y en 2019 aspiraba a jefe de almacén. Su entrada en la Administración española también resulta inusual. En octubre de 2024 logró su primer contrato público concurriendo en solitario, con una oferta a solo un euro del límite legal. Actualmente cobra 2.000 euros mensuales adjudicados a dedo a cambio de entregar un informe cada final de mes. Lo que sí define al empresario es su asidua presencia en España. Desde 2022 acumula viajes de negocios en Madrid, algunos de ellos alojándose en hoteles de cuatro estrellas cerca de Barajas. Una vida que compagina con su interés por la política y el fútbol.Tras ser contactada para recabar su versión de los hechos, la FIAP ha emitido una respuesta oficial a este periódico en el que afirma que el trabajo que realiza Ambarky es el de «asistencia administrativa al equipo del proyecto dirigido por Guardia Civil». Además, defienden que la contratación fue conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, «cumpliendo todos los requisitos legales y procedimientos aplicables». El organismo público, además, subraya que el proyecto «es financiado por la Unión Europea e implementado por FIAP y Guardia Civil (España), CIVIPOL (Francia) y la Organización Internacional de las Migraciones».ABC también se ha puesto en contacto con el empresario, Ridouane Ambarky, que ha preferido no responder ni dar detalles acerca de su trabajo en la frontera.
Powered by WPeMatico