Presión al Gobierno para que revoque el recorte de Zapatero que resta 1.000 euros cada año al sueldo de los funcionarios

A muchos parece habérseles olvidado pero desde el mes de junio de 2010 los alrededor de tres millones de funcionarios que con oscilaciones al alza y a la baja suele haber en España perciben una nómina más baja a la que les correspondía hasta esa fecha. La situación viene del tristemente célebre Real Decreto-Ley 8/2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit, el 'decreto de los recortes', que planteó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar el rescate que Europa tuvo que ejecutar en otros países de la UE como Grecia, Chipre, Irlanda y Portugal por la débil situación de sus finanzas públicas y que propinó un severo tijeretazo a los trienios y a las dos pagas extraordinarias de los funcionarios para cumplir el objetivo de reducir en un 5% la masa salarial asociada al pago de las nóminas de los empleados públicos.La norma incluía una reducción transitoria de los sueldos para el año 2010 y recortó también de forma sustancial tanto los trienios como las pagas extra de junio y diciembre, que dejaron de replicar la estructura de sueldo base, más trienios más complementos de una mensualidad normal, que tenían hasta entonces, para quedarse en un importe equivalente más o menos a la mitad de una mensualidad normal. La medida se vendió inicialmente como transitoria, pero el Gobierno de Zapatero la volvió a mantener en los Presupuestos de 2011 y así ha permanecido desde entonces. Han pasado ya 17 años.Ahora que el Gobierno ha iniciado la ronda de conversaciones con los grupos políticos para plantear su proyecto de Presupuestos para 2027, ocho sindicatos representativos de colectivos como los altos funcionarios, los médicos, los profesores, los policías y los funcionarios de prisiones han creado una plataforma de presión para exigir al Gobierno que acabe con la anomalía causada por la persistencia en el tiempo de este recorte salarial de la era Zapatero y restaure la estructura retributiva anterior a mayo de 2010. No son los primeros, el sindicato CSIF también planteó esa reivindicación a principio y otros sindicatos como USO también han señalado los Presupuestos de 2027 como el momento adecuado para recuperar ese derecho.Una herida abierta«Ha llegado el momento de decir basta a este agravio sobre los funcionarios públicos», ha dicho Francisco Venzale, presidente del sindicato de educación Anpe. «Es una herida que lleva abierta 17 años y que aún duele a los funcionarios», ha asegurado, por su parte, Miguel Lázaro, de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, en la rueda de prensa de la plataforma que ha tenido lugar este lunes.El objetivo de la plataforma es que el Gobierno restaure la estructura retributiva previa a aquel 27 de mayo de 2010 y reconozca a tres millones de funcionarios su derecho a percibir sus trienios y sus dos pagas extraordinarias sin mutilar. El efecto económico no es menor. Según la categoría y el puesto del funcionarios, las estimaciones de los sindicatos calculan que esa mejora podría equivaler a entre los 122 euros anuales que obtendría un policía de la escala básica y los 1.500 euros al año para un funcionario de alto rango. La media de la pérdida que han venido sufriendo estos 17 años y de la mejora que obtendrían en 2027 de avenirse el Gobierno a esta reivindicación sería de unos 1.000 euros al año. «No es una subida de sueldo lo que pedimos, lo que pedimos es que se nos devuelvan nuestros derechos», dicen desde la plataforma.El perjuicio anual de este recorte para los funcionarios oscila entre los 150 euros anuales y los 1.500 euros en el caso de los empleados públicos de mayor rangoEl objetivo principal es recuperar sus trienios y sus pagas tal y como los tenían antes. El objetivo de segunda derivada es que Hacienda calcule el perjuicio acumulado por los funcionarios en todos estos años y que se arbitre alguna fórmula de compensación. Este lunes los ocho sindicatos implicados han firmado las tres cartas que enviarán en los próximos días al presidente del Gobierno, al ministro de Hacienda y al ministro para la Transformación Digital y la Función Pública para reclamar el fin del tijeretazo que aún sobrevive de la era Zapatero.