El Gobierno eleva el tono con Marruecos por Ceuta: «Se les fue de las manos»

El Gobierno vivió con alivio la jornada de tranquilidad en la frontera de este miércoles 23 de septiembre cuando, en coincidencia con el operativo de seguridad de las elecciones legislativas en Marruecos, se habían reactivado los grupos en redes sociales que llamaban a repetir un asalto a la frontera de Ceuta y Melilla. La situación es endiablada, porque la única garantía que el Ejecutivo español podía ofrecer de que no se repetirían los hechos del 30 y 31 de julio es la que Rabat le había trasladado. «Marruecos no se puede permitir dar de nuevo esa imagen», valoraban fuentes gubernamentales, aplicando un mero criterio racional. Asumir que ahora tienen la facultad de evitarlo, supone un reconocimiento implícito de que hace dos meses no lo hicieron en Ceuta. Aunque en el Gobierno se siguen mostrando reacios a apuntar directamente la responsabilidad del país vecino, lo cierto es que el tono ha ido elevándose. El propio Pedro Sánchez, en una entrevista en la CNN durante su asistencia a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, reconoció que Marruecos «falló» en el control de las fronteras y que se le habían pedido «acciones» al respecto. Esto es lo más cerca que el Gobierno ha estado hasta ahora de señalar públicamente a Rabat, aunque internamente se es mucho más claro. Un ministro del Ejecutivo asegura que lo que dijo el presidente «es la verdad de lo que ha ocurrido» y apunta que «ya se van sabiendo más cosas». «Marruecos hizo mal cálculo, se le fue de las manos», sentencia. Más allá de reconocer lo evidente, en Moncloa son plenamente conscientes de que esta cuestión les está suponiendo un fuerte desgaste político y social. Primero, por la cronificación de la situación en Ceuta, con miles de inmigrantes todavía en las calles, pero también por la falta de sintonía con la opinión pública. En este sentido, las fuentes consultadas también ven cierto interés electoral en el giro que está comenzando a perpetrar el Gobierno y recuerdan que hay «un 99% de personas que piensan que Marruecos es quien está detrás» de la entrada masiva de julio. En el seno del Ejecutivo creen que el hecho de que lo sucedido esté siendo, además, fiscalizado en los tribunales aporta un elemento de transparencia añadida a los hechos, que trasciende del mero relato político. Es más, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón hizo un requerimiento de información al CNI para que le envíe un informe en el que se pueda identificar a los responsables de alentar la invasión. Esta documentación no formaría parte exclusivamente del bloque que se publicó por parte de Moncloa hace unas semanas —que versaba básicamente sobre los avisos previos— y se integraría con otras informaciones de fechas posteriores, ya del mes de agosto. Para elaborarlo, en el Gobierno no descartan tener que aprobar nuevas desclasificaciones en el Consejo de Ministros. Los plazos para entregar el citado informe dependerán, en todo caso, de esa desclasificación.En paralelo a la investigación de la autoría, la situación en Ceuta sigue siendo insostenible. «Es terrible», dicen fuentes gubernamentales, que critican la falta de agilidad en los procedimientos de devolución de los migrantes que están en situación irregular. «Debería ir más rápida la tramitación administrativa de los expedientes», señalan al más alto nivel, sobre el escaso número de funcionarios movilizados para tramitar los triajes. «Debería ser más rápida la devolución», tercian, en claro reproche al operativo que resulta claramente insuficiente para el volumen de trabajo actual.Sobre la movilización de efectivos del Ejército para completar este tipo de dispositivos, en Defensa aseguran que las competencias están tasadas y les facultan a trabajos muy concretos, que se limitan a la disuasión y la presencia. «Son fuerzas de combate, no para garantizar el orden público», explican desde el equipo de Margarita Robles, donde confirman que nadie ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las tareas actuales. «La UME se pidió el día 30 por la tarde y se envió. No podemos ir donde no nos reclaman», sentencian. Este eventual despliegue militar choca con la estrategia de apaciguamiento que Moncloa está aplicando en su relación con Marruecos, a quien necesita para que hechos como los de julio no vuelvan a producirse y para tratar de reconducir la situación actual, aceptando los expedientes de devolución que se tramiten. Además, según ha reconocido el propio Sánchez, desde España se ha pedido a Marruecos medidas urgentes para resolver el problema. «Les necesitamos nosotros y toda la Unión Europea», señala una dirigente socialista, que recuerda que se ha tomado la decisión de externalizar el control de las fronteras a terceros países y que esto no es una problemática exclusivamente española ni del Gobierno de Sánchez.El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará nuevos emplazamientos en Ceuta para reubicar a los migrantesEn este sentido, el presidente también se quejó de la «insolidaridad de varios gobiernos europeos», recordando que España sí fue solidaria en crisis migratorias en otros países como Italia, cuando se produjo el episodio de Lampedusa. Sin embargo, en Moncloa siguen queriendo ubicar esta crisis en el ámbito de las migraciones, cuando se percibe a nivel europeo como un ataque híbrido, una «invasión», que buscó vulnerar las fronteras y desestabilizar el país. Esto les permite mantener un enfoque humanitario para la futura respuesta que se tiene que dar, en lugar de hacerlo desde la seguridad nacional. Entre tanto, el Gobierno sigue maniobrando para tratar de buscar nuevos emplazamientos para alojar a los migrantes que siguen sin ubicación definida en las calles Ceuta. Está previsto que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe nuevas medidas que permitan habilitar más plazas disponibles, porque para Moncloa la solución más inmediata a la problemática social en la ciudad autónoma pasa por poder filiar a todas las personas y, de este modo, poder iniciar los expedientes para su devolución, si procediera. Las fuentes gubernamentales consultadas calculan que el grueso de los migrantes que llegaron en julio no estará protegido por el derecho internacional para quedarse en España.