El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Administración General del Estado a abonar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte el interés legal del dinero, incrementado en dos puntos, por el retraso en el pago de las ayudas por la borrasca Filomena. La Sala considera que la Delegación del Gobierno en Madrid, en manos de Francisco Martín (PSOE), ha demorado de forma injustificada el cumplimiento de una sentencia firme que reconocía al Consistorio 652.525,26 euros.
La decisión figura en el auto fechado el 17 de septiembre de 2026 y al que ha tenido acceso OKDIARIO. El tribunal, presidido por la magistrada Cristina Cadenas, ha impuesto además al Estado las costas del incidente de ejecución, con un límite de 1.000 euros.
El Ayuntamiento, que gobierna con mayoría absoluta Javier Úbeda (PP), ha calculado en 54.055,38 euros la cantidad que resulta de aplicar ese interés sobre el principal. La Abogacía del Estado se ha opuesto tanto a los intereses como a la condena en costas, pero la Sala ha acogido el criterio municipal.
Intereses por Filomena
El auto establece que procede aplicar el interés legal del dinero sobre la cantidad abonada «desde la notificación de la sentencia hasta el pago efectivo del principal con el incremento en dos puntos».
Según el escrito municipal recogido en la resolución, la sentencia «se notificó a las partes el día 9 de diciembre de 2024» y el pago se ha efectuado «el día 7 de julio de 2026». Entre ambas fechas han transcurrido casi diecinueve meses.
La Sala ha fundamentado su decisión en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Su apartado tercero permite al juez «incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento».
Y esa falta de diligencia es, precisamente, lo que los magistrados han apreciado. «Se ha demorado de manera injustificada el abono del principal, incluso teniendo en cuenta la necesidad de contar con el crédito necesario», señala el auto.
El tribunal es especialmente contundente en su valoración. «La Sala considera que no se justifica el retraso producido en la ejecución de la sentencia», afirma la resolución, que recuerda que constan numerosos requerimientos a la Administración, «llegando incluso a solicitarse el nombre de la persona responsable del retraso».
Los magistrados han recurrido incluso a la definición de diligencia, entendida como «cuidado y actividad en ejecutar algo», para concluir que se ha producido «una evidente demora en el pago de las cantidades establecidas». El incremento, precisa el auto, debe calcularse «desde un inicio», junto con los intereses legales.
Cinco años de litigio
El origen del conflicto se remonta a enero de 2021, cuando la borrasca Filomena descargó sobre la Comunidad de Madrid uno de los episodios de nieve más intensos registrados en décadas.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte asumió entonces con fondos municipales la retirada de nieve y hielo, la limpieza viaria, el alquiler de maquinaria especializada, la poda y retirada de árboles dañados y el reparto de sal, entre otros trabajos de emergencia.
El Consistorio solicitó la ayuda prevista en el Real Decreto-ley 10/2021, aprobado para paliar los daños del temporal. Sin embargo, la Delegación del Gobierno solo reconoció inicialmente 83.927,91 euros mediante resolución de 16 de diciembre de 2021.
El Ayuntamiento presentó un recurso de reposición que no obtuvo contestación y acudió a la vía contencioso-administrativa. El 21 de noviembre de 2024, el TSJM estimó parcialmente su recurso y le reconoció el derecho a percibir cantidades adicionales.
Como adelantó OKDIARIO el pasado mes de julio, la Delegación del Gobierno terminó ejecutando la sentencia, con lo que el Consistorio ha recuperado un total de 736.453,17 euros por los gastos extraordinarios de Filomena.
Entonces, el alcalde ya lamentó que «es una pena que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncie ayudas extraordinarias para los municipios afectados por una catástrofe y, después, obligue a los ayuntamientos a acudir a los tribunales para conseguir que se cumpla lo prometido».
Úbeda también se preguntó «cuántas horas de trabajo de funcionarios, técnicos, abogados y empleados públicos se han perdido durante más de cuatro años en un procedimiento que nunca debería haber existido».
Con el nuevo auto, el Estado no solo ha tenido que pagar lo que debía, sino también el precio de haber tardado en hacerlo. La nieve de Filomena se derritió en cuestión de días; su factura, más de cinco años después, todavía sigue engordando.
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