El juez Calama rechazará la comisión rogatoria a Arabia Saudí que solicita Zapatero para certificar sus joyas

El último movimiento del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de solicitar una comisión rogatoria al que instruye su causa, José Luis Calama, no tiene visos de prosperar. Fuentes judiciales desvelan a ABC que la intención del magistrado es desestimar la petición de una comisión rogatoria a Arabia Saudí para reclamarle los certificados de las joyas incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho de la calle Ferraz 35, cuyo valor inicial fue cifrado por la Joyería Ansorena en 1.323.915 euros.Las fuentes judiciales consultadas son reacias a solicitar ese exhorto internacional a las autoridades saudíes porque «Arabia Saudí no suele colaborar con las comisiones rogatorias» solicitadas hasta la fecha por la Justicia española. Un país que acumula una larga tradición de obstrucción, que se suma a la incapacidad del expresidente Zapatero de conseguir por su cuenta los certificados de las joyas. Si el investigado «no ha podido» hacerse con esos documentos que acreditarían un regalo del rey saudí en 2007, Arabia Saudí no será diligente para colaborar con el juzgado instructor, interpretan en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.Tanto el juzgado como en la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el movimiento de Zapatero es una treta, «una forma de ganar tiempo», como ya hizo el pasado 18 de junio cuando solicitó al juez «una semana o diez días» para obtener la certificación de las joyas. Tres meses y medio después, el expresidente sigue sin aportar la documentación. En su lugar, ha presentado un escrito en el que por primera vez admite lo que anticipaban su entorno antes del verano: las alhajas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, realizado en el año 2007, durante su etapa de presidente del Gobierno.Un «pago en especie»Sin embargo, este es el eje principal de las sospechas de la Fiscalía y el magistrado instructor. Como desveló ABC hace meses, la tesis principal de los investigadores es que las joyas no son ni un regalo ni se remontan a los años en que Zapatero era el inquilino de La Moncloa, entre los años 2004 y 2011. De las investigaciones que realiza el juez Calama, quien sitúa a Zapatero «en el vértice de una organización internacional de tráfico de influencias», se desprende una operativa de pagos por determinados servicios en el mercado negro del petróleo, el oro y otros bienes. Por ello, lo que tienen claro fuentes de la investigación es que lo que se esconde tras las piedras preciosas que han conmocionaron al país es un «pago en especie» por parte de los países que formaban parte de esa «red internacional». Una «forma de pago» a sus servicios de 'lobby' para países de Suramérica y regímenes dictatoriales que, sin embargo, constituye sólo la parte visual de un entramado financiero de una envergadura de mucha mayor trascendencia. Las dudas se centran en torno al origen del pago. Las tesis de la Fiscalía Anticorrupción centran sus sospechas en Venezuela, donde Zapatero estableció el inicio de la red de influencias en 2019, donde presuntamente operó en el mercado negro del petróleo. Sin embargo, hay otras líneas de investigación. Otras hipótesis de los investigadores explican que las joyas son de alto valor económico, pero con un montaje «poco sofisticado» y «rudimentario», que podría proceder de países del norte de África o de Oriente Medio.Zapatero reconoce que «fue un error»En un escrito remitido al juez Calama, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, explicó al magistrado que las joyas fueron un obsequio del rey saudí «realizado como atención personal», que fue aceptado «por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto» del entonces jefe del Ejecutivo al monarca saudí en una visita al Palacio de La Moncloa en junio de 2007. Como publicó este periódico, tras su salida de la presidencia del Gobierno en el año 2012, el expresidente no declaró los juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros por los que está siendo investigado. Fuentes de su entorno consultadas por ABC reconocen que «fue un error no declarar esos regalos» pero sostienen que no tiene recorrido penal, ya que al tratarse de unos hechos cometidos en el año 2007, habría prescito el presunto delito fiscal.