La instrucción secreta sobre la presunta financiación ilegal del PSOE parece haber llegado a un punto clave. Fuentes de la investigación confirman a ABC que las donaciones a través de las fundaciones del partido fueron la vía que el PSOE habría utilizado para canalizar las comisiones desveladas por el empresario Víctor de Aldama en sus declaraciones secretas realizadas ante el magistrado instructor antes del verano. La información entregada hace una semana por el Tribunal de Cuentas al instructor Ismael Moreno ha puesto de relieve algunas irregularidades, no en las cantidades registradas directamente por el partido, sino en la contabilidad de las fundaciones a través de las cuales se podrían haber camuflado fondos de procedencia desconocida hasta la fecha. El instrumento empleado es capital porque los partidos políticos tienen topadas las aportaciones que reciben de personas físicas hasta los 50.000 euros y prohibidas las de personas jurídicas. El caso es distinto en el caso de estos organismos. En la disposición adicional séptima de la Ley de Financiación de Partidos Políticos desaparecen esos límites para las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas. La adjunta al director en Investigación, Ketty Garat, desgrana las claves de la exclusiva. siSegún la información aportada por el Tribunal de Cuentas al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, existen once fundaciones vinculadas al partido socialista, cinco de las cuales han declarado haber recibido inyecciones económicas de esta formación política. Tres de ellas no presentaron sus cuentas completas ni la memoria económica en el año 2023 —último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuentas—, y seis de las once tampoco presentaron el informe de auditoría externa que exige la Ley a estos entes que operan en el ámbito político para beneficiarse del régimen de donaciones diferenciado.La información a la que ha tenido acceso en exclusiva ABC desvela que las tres fundaciones que presentan mayores irregularidades en sus obligaciones de transparencia (no presentaron cuentas completas, ni memoria económica anual, ni informe de auditoría), son tres: la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, con sede en Andalucía; la Fundación Carlos Chivite, radicada en Navarra; y la Fundación Ideas para el Progreso, de ámbito estatal. La primera de ellas figura en situación de activa, tiene un patrimonio neto de 11.854,67 euros, un activo total de 21.413,49 y recibió una aportación de 24.000 euros por parte del PSOE en el último ejercicio auditado. El caso de la navarra Carlos Chivite, la documentación enviada a la Audiencia Nacional recoge una situación «sin actividad» desde el año 2020, motivo por el cual el Tribunal de Cuentas instó al PSOE a liquidarla hace ya seis años, lo cual no se ha producido. Respecto a la estatal Fundación Ideas para el Progreso figura en el informe de 2023 en proceso de «liquidación», aunque el partido realizó una aportación de 22.000 euros, y su activo y su patrimonio tiene saldo positivo.Fundaciones ‘fantasma’Sin embargo, según explican fuentes del Tribunal de Cuentas, los datos «están capados» porque solo reflejan lo que declaran los organismos a cierre del ejercicio, pero ocultando la identidad de sus donantes y la trazabilidad de todos sus movimientos económicos. El listado de los mismos no es público porque está protegido por la Ley de Protección de Datos, y el órgano que fiscaliza a los partidos políticos solo está obligado a entregar su identidad por mandato judicial. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno solicitó al PSOE y al Tribunal de Cuentas la información sobre las donaciones que se realizaron al partido socialista el pasado 9 de septiembre. El motivo del doble requerimiento era cruzar los datos para identificar descuadres entre las dos fuentes de información, aprovechando las fisuras existentes en el sistema, derivado del régimen diferenciado de las fundaciones.La sospecha de los investigadores es que las fundaciones que presentan irregularidades han podido ejercer de entidades ‘fantasma’, mostrando una aparente inactividad, pero siendo en cambio utilizadas para canalizar fondos opacos. La naturaleza de estos organismos y la menor fiscalización exigida en comparación con los partidos políticos serviría para camuflar transferencias de fondos. Algo que permitiría que algunas de esas formaciones reciban aportaciones del partido ocultando su procedencia o realicen pagos por determinados servicios sin que se someta a la fiscalización posterior a la que está obligado el partido socialista. Así se explicaría que el PSOE realice aportaciones para mantener vivas algunas de esas fundaciones durmientes, que no registran actividad desde hace años, pese a las advertencias del fiscalizador.Posible oficio al Banco de EspañaSegún fuentes judiciales, una vez se identifiquen los nombres y entidades de los donantes, el siguiente paso sería dictar un oficio al Banco de España para conocer todas las cuentas asociadas a las diferentes fundaciones y sus titulares. Ello permitiría solicitar a las entidades bancarias los movimientos con entrada y salida de Ferraz de cada una de las fundaciones. Una operativa que permitiría aflorar los «buzones de cobro», que solo puede hacerse bajo mandato judicial, ya que el tribunal de Cuentas no tiene capacidad de rastrear los movimientos bancarios.En el año 2023, el Tribunal de Cuentas llamó la atención de Ferraz sobre una serie de «incidencias» en la Fundación Pablo Iglesias, la que recibe más fondos del PSOE, que entonces presidía Santos Cerdán, número dos de José Luis Ábalos en la Organización del partido. El informe se basaba en las cuentas de 2020 (ya que el órgano fiscaliza las cuentas con tres años de retraso), y solicitó al partido socialista un plan de saneamiento de la entidad tras cerrar el ejercicio con 2,25 millones de euros de saldo negativo, pese a haber recibido una aportación de Ferraz de 278.613,36 euros. Ese fue el año en que se disparó la recaudación del PSOE hasta los 840.000 euros. Tres años después, el patrimonio de esta Fundación es de 257.277 euros y ha obtenido una aportación de 359.940 euros, según la información enviada al juzgado. Los datos que obran en poder de ABC desglosan esa partida en dos procedencias distintas: 100.000 por parte de una persona jurídica sin identificar y 259.940 por parte del PSOE.Cerdán en el año del ‘pitufeo’La fecha en que se produjo esta «incidencia» es clave porque fue precisamente en 2020 cuando se registró el récord de recaudación de donaciones, 840.000 euros. También es relevante que, en marzo de ese mismo año, Santos Cerdán fuera nombrado presidente de la Fundación Pablo Iglesias, donde permaneció hasta 2022. El secretario de Organización de los socialistas navarros era entonces el número dos de Ábalos en Ferraz, puesto en el que le sucedió en julio de 2021, cuando Pedro Sánchez le destituyó fulminantemente del Gobierno y le forzó a dimitir de sus cargos en la Ejecutiva federal. Según reveló el empresario Víctor de Aldama en sus declaraciones ante la Audiencia y el Tribunal Supremo, Cerdán era uno de los cargos del partido que participó en una operativa de cobro de comisiones de constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública, siendo éste el responsable del llamado «cupo vasco», que se encargaba de las adjudicaciones de obras en la zona norte del país. Fue Aldama quien reveló en 2024 que Cerdán tenía «una serie de tratos con una empresa» en el País Vasco y Navarra, al entregar a la Fiscalía un listado de las constructoras beneficiadas. Ello permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanzar en la investigación sobre Servinabar 2000 SL, adjudicataria junto a Acciona del proyecto de los Túneles de Belate, y germen de la doble causa que se investiga en la Audiencia Nacional: los amaños de la adjudicación de obra pública y la trama SEPI, donde el socio de Cerdán, Joseba Antxón Alonso, está siendo investigado junto a la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente del ente público Vicente Fernández Guerrero por el rescate de Tubos Reunidos. La investigación del instituto armado permitió aflorar el documento que certificó que Cerdán era el socio Antxon Alonso en Servinabar, empresa que asumió sus gastos de alquiler en un ático de lujo en Madrid, como desveló The Objective. El pasado mes de mayo, la UCO registró su vivienda y la sede de la fundación Pablo Iglesias.Testimonio de AldamaLa investigación sobre las fundaciones vinculadas al partido socialista tiene su origen en las dos declaraciones secretas realizadas por Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional antes del verano, donde señaló que el récord de recaudación del PSOE en el año 2020 procede del presunto «pitufeo», la canalización de fondos vía donaciones para camuflar las comisiones obtenidas por Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, fruto del amaño de contratos de obra pública y de un cupo de petróleo venezolano que Aldama cifró en 245.000 euros. Dos actividades ilícitas que son objeto de dos investigaciones secretas en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional. El titular del juzgado central número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, instruye la causa de los pagos realizados al PSOE (presunta financiación irregular) y las adjudicaciones de obra pública; y el titular del Central número 6, el magistrado Santiago Pedraz, instruye la causa de los hidrocarburos, la trama Leire y las irregularidades en la SEPI. Sin embargo, en la maraña de causas judiciales, existen hilos conductores que relacionan unas con otras. Según desveló El Mundo, Aldama declaró ante el juez en julio que el pago de los cerca de 300.000 euros procedentes de un contrato de petróleo tenían como destino el PSOE, y se canalizaron a través de la sociedad Apamate Corporate & Trust, piedra angular en la distribución de los fondos para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. La sociedad estaría controlada por el empresario chavista supuestamente fallecido Francisco Flores. Este mismo ciudadano de origen venezolano está siendo investigado por Pedraz por el cobro de una comisión al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta mediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra a través de la sociedad Análisis Relevante. El comisionista del Caso Koldo también declaró que habría realizado pagos en efectivo al asesor del exministro Ábalos, Koldo García, quien introducía los fondos camuflándonos como donaciones individuales de ciudadanos a los que él mismo afiliaba como militantes socialistas. Según el testimonio de Aldama, esta operativa también implicaría al expresidente Zapatero, cuyo «entorno» le habría impuesto utilizar a la empresa de Flores para traspasar los fondos. Todo se habría originado a finales de 2019 cuando Aldama obtuvo una licencia de la petrolera estatal venezolana PDVSA para operar con crudo venezolano gracias a su «posición privilegiada» con Delcy Rodríguez.
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