Cuerpo deriva 15.000 millones de fondos UE a entes públicos para que no se los reclamen

En lo que es la enésima cabriola que ha tenido que hacer para intentar no quedarse por falta de ejecución sin una buena porción de los recursos que le reconoció la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, el Gobierno de España ha terminado desviando 15.254 millones de euros que tenía pendientes de gastar de otros programas hacia un puñado de organismos del Estado con el objetivo de que Bruselas se los diera por asignados antes del pasado 31 de agosto -fecha límite marcada por las autoridades europeas para aplicar los fondos del Mecanismo de Recuperación-, aunque su ejecución real esté por realizar.El Ejecutivo ha aprovechado la novena modificación de su plan inicial de aplicación de los fondos europeos, que se ha corregido en 300 de sus 511 compromisos originales, para embalsar esos más de 15.000 millones de euros que por unas razones u otras no se han podido ejecutar en tiempo y forma en organismos públicos como el ICO, el IDAE, Sepides, Red.es, la Fundación Biodiversidad o la SETT, bajo el compromiso de desarrollar esquemas de ayudas que permitirán aplicar esos recursos en los próximos años en los objetivos a los que España se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación.Para el Partido Popular la maniobra es una argucia porque «transferir recursos a entidades o esquemas permite cerrar hitos sobre el papel sin probar un impacto inmediato en la economía real». Los recelos del principal partido de la oposición se anclan en una realidad bien reciente y es que el organismo al que el Gobierno ha confiado una mayor parte de esos recursos, el ICO, al que se le han inoculado 13.691 millones de euros de los 15.254 millones del total, optó por renunciar hace menos de un año a 37.000 millones de euros de financiación barata procedente de la Comisión Europea ante la certeza de que no iba a tener ni demanda ni capacidad suficiente para trasladarlos a la economía real. También en la evidencia de que se van a asignar a los mismos objetivos cuyo cumplimiento fue imposible de asegurar hace solo apenas unos meses.El Partido Popular entiende que la maniobra es un ardid que permite acreditar en términos formales el cumplimiento de hitos «sin tener ningún impacto inmediato en la economía real»Salvado el examen inicial de Bruselas, tampoco parece que el despliegue del fondo España Crece esté yendo como la sede. El ICO anunció el 30 de julio que su Consejo había aprobado la estrategia de inversión del que el presidente del Gobierno vendió como gran fondo soberano español. Sin embargo, dos meses después poco se sabe de los detalles que Bruselas obligó a precisar al Gobierno de España: la distribución entre objetivos, los potenciales beneficiarios, las operaciones a financiar, el calendario de aplicación y los multiplicadores esperados en las operaciones de apalancamiento. Hasta la fecha lo único que ha trascendido son los detalles de la convocatoria para las líneas de vivienda.Recelos sobre que se vayan a ejecutar en su totalidad«Se anuncia ahora un efecto tractor de 120.000 millones de euros con el fondo España Crece del ICO, equivalente a que el sector privado invertirá 12 euros por cada euro que ponga el ICO», exponen los populares. «Unas cifras que están fuera de la realidad si se atiende a que el Gobierno ya hizo una previsión de que cada euro de los Next Generation movilizarían cuatro euros de inversión privada, y ni siquiera eso se ha cumplido», remachan.La indignación de los populares con el asunto aumenta por el hecho de que el Gobierno esté vendiendo como un cumplimiento, lo que interpretan como un ardid para salvar el cierre contable al que estaban obligadas las autoridades europeas sin garantizar la llegada efectiva de esos recursos a familias y empresas, al menos en el corto plazo. «Puede tardar varios años», advierten.Una vez fue consciente de las dificultades de todo tipo, administrativas, de capacidad de gestión e incluso de falta de demanda, que iban a hacer muy complicado ejecutar en tiempo y forma la totalidad de los fondos europeos asignados a España, 80.000 millones en transferencias a fondo perdido y otros 80.000 millones en financiación barata, el Gobierno decidió poner toda la carne en el asador para arbitrar fórmulas financieras que le permitieran alargar la vida útil de los fondos europeos más allá de la fecha final fijada por Bruselas para asignar los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el pasado 31 de agosto.Este miércoles, 30 de septiembre, finaliza el plazo para que los estados soliciten el último desembolso de los fondos del Mecanismo de RecuperaciónPor el camino, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se vio obligado a renunciar a más de 60.000 millones de euros de préstamos baratos de la Unión Europea y, como se ha visto tras esta última adenda, también a embalsar otros 15.000 millones de euros en diferentes organismos públicos, lo que le ha permitido, con la complicidad de Bruselas, no solo acreditar la asignación de recursos a los hitos y objetivos acordados en su día -aunque no se hayan gastado- sino también dar vida más allá de 2026 a un buen puñado de millones de euros que seguirán permeando en la economía real. Ya se verá si en todo o en parte.Aunque todo parece encarrilado tras haber modificado en nueve ocasiones el Plan de Recuperación, el Gobierno de España aún está pendiente de la recepción definitiva del séptimo desembolso de los fondos europeos, por el que confía en recibir 21.462 millones en transferencias a fondo perdido y los 4.400 millones en préstamos baratos, y cuya solicitud tendrá que formalizar antes del próximo miércoles. Los funcionarios de Bruselas deberán evaluar el cumplimiento de los 148 hitos y objetivos cuyo examen estaba aún pendiente. Como ya ha sucedido en el pasado, cualquier incumplimiento total o parcial de los objetivos pendientes se traduciría en un recorte de los fondos que España tiene derecho a recibir de la Unión Europea.