El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre la vivienda. El Gobierno ha aprovechado el desahucio de Maricarmen para aprobar unas medidas en materia de vivienda, urgido por las protestas ciudadanas y de sus socios parlamentarios. El texto legislativo señala que la mujer de 87 años es « víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz».El Ejecutivo no ha escatimado en valoraciones en el preámbulo de la norma definiendo a esta ciudadana como víctima de una «legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura» y de la especulación más voraz». Según recoge el decreto en su exposición de motivos, estos factores le han impedido permanecer en su vivienda donde residió durante 70 años al carecer de una alternativa habitacional digna. Se abandona el tono estrictamente técnico e institucional habitual en este tipo de publicaciones para verter sus opiniones y afirmar que el caso de Maricarmen constituye el «elemento de inflexión» de la demanda social que exige regular el mercado inmobiliario.El Gobierno ha sostenido que la inquilina de la vivienda del número 46 en la calle del Alcalde Sainz de Baranda es el «símbolo de un derecho roto» y ha calificado su situación como un «fracaso social e institucional». A través de este drama personal, la norma gubernamental concluye que «este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias» en el sistema.El término del Gobierno de sobre la ley franquista «machista y retrógrada» hace referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964, que además le beneficiaba, ya que la ‘renta antigua’ de la que disfrutaba procedía de la dictadura. Maricarmen heredó de sus padres el contrato de alquiler , primero tras el fallecimiento de su padre, en 1956, y segundo por el deceso de su madre (2005). La mujer se venía beneficiando de este tipo de régimen, que hoy en día se conoce como ‘renta antigua’. Por tanto, se producen dos subrogaciones por la cual en la última de ellas la vía debería haber sido renegociar dos años después. Sin embargo, lo que se ha producido es una situación de «tácita reconducción que ha seguido vigente mes a mes» hasta el día de ayer.
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