No son Blackstone. Pese a que la ministra de Vivienda les haya bautizado como «pyme buitre muy carroñera» sólo son siete empleados, contando a los dos jefes. Ganaron 2.990 euros el año pasado. Y lo más surrealista de todo: sólo tienen un piso en propiedad.
Desde el 23 de septiembre, día del desahucio de Maricarmen Abascal, Urbagestión ha recibido numerosas amenazas y sus dueños han visto peligrar su integridad y la de sus familiares. Por ello, tras el acoso sin medida del Sindicato de Inquilinas, dos días después del lanzamiento fueron ellos mismos quienes llamaron al Ayuntamiento de Madrid para ofrecer que Maricarmen volviera.
El 28 de septiembre, tras casi cinco horas encerrados en la EMVS con su abogada y su familia, eligieron no discutir los 500 euros. El Gobierno lo llama Decreto Maricarmen. Para ellos fue poner punto y final a la persecución. Así lo han trasladado los empresarios de Urbagestión, Fernando Alonso y Ricardo Alonso en una entrevista con OKDIARIO.
PREGUNTA.- ¿Por qué ha vuelto Maricarmen a la vivienda por 500 euros al mes si la Justicia ya había dictado que no podía seguir allí?
RESPUESTA.- La Audiencia Provincial de Madrid nos da la razón y dice que ese contrato que tiene Maricarmen es un contrato que se había extinguido en el año 2007; desde hace casi 20 años no tiene contrato y está en precario dentro de la vivienda. El Tribunal Supremo ratifica la sentencia.
En 2023 se le dio un plazo de cinco o seis meses, hasta finales de mayo. Decidió que no se iba a ir. Mantenía la idea de que tenía una situación indefinida, que iba a seguir pagando la renta que estaba pagando y que no se iba a ir, apoyada por el Sindicato de Inquilinas.
Lo lógico es que el Juzgado de Primera Instancia lleve a cabo la ejecución de la sentencia. Si todas las sentencias se quedasen en papel mojado, la justicia caería. Desde principios de 2024, cuando vimos que era el sindicato quien tutelaba toda la situación de Maricarmen, vimos que iba a ser muy difícil alcanzar cualquier acuerdo.
P.- ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el papel del Sindicato de Inquilinas?
R.- Los primeros contactos ya nos generaron una total desconfianza y vimos actuaciones muy, muy poco ortodoxas. Nos preguntaron qué renta se podría abonar. Decimos como primer acercamiento una renta un 40% por debajo de mercado. Se lo toman al pie de la letra, buscaron el alquiler más alto del mercado y, sin considerar que la oferta sería un 40% menor, empezaron a difundirlo en redes sociales diciendo que era un comportamiento abusivo y que estábamos pidiendo una renta desproporcionada.
«Propusimos a Maricarmen en 2023 un alquiler un 40% por debajo de mercado»
A partir de ahí, con mucha prudencia, sin hacer ningún tipo de presión ni contacto con la señora Abascal, seguimos adelante. Hay hasta tres intentos de lanzamiento. No llega a acudir la Comisión Judicial y se suspenden días antes, hasta que llega este cuarto lanzamiento, que es el que se produce el miércoles pasado y que da lugar a todo el tsunami.
P.- Dos días después del desahucio, sois vosotros mismos los que llamáis al Ayuntamiento para ofrecer que Maricarmen vuelva. ¿Qué os hizo cambiar?
R.- Bueno, en la misma mañana del miércoles 23 de septiembre nos damos cuenta de que está pasando algo más que un desahucio normal de los que se producen a diario. Vemos expresiones muy considerables en redes y no sólo redes. Comienzan los problemas mucho más graves. Esa mañana empiezan a atacarnos los sistemas informáticos de la compañía y las comunicaciones. Nos empiezan a llegar amenazas de todo orden.
Tenemos muchas dificultades para comunicarnos, incluso con nuestra abogada. La información llega sesgada. Finalmente, no vemos que nadie nos diga que no se puede llevar a cabo ese lanzamiento y echarnos atrás en ese momento también sería una falta de respeto al mecanismo judicial, a una jueza valiente que ha estado trabajando casi tres años.
«El 23-S empiezan a atacarnos los sistemas informáticos de la compañía y tenemos dificultades para comunicarnos»
Ya al mediodía tenemos todo tumbado. Nos vemos obligados a cerrar nuestra actividad en las oficinas y mandar a todo el mundo a casa porque están recibiendo también amenazas directas los trabajadores. Iba todo muy rápido, muy desbordante, y ahora vemos claro que había una estructura preparada.
Tenían a una inquilina sindicada con un perfil de vulnerabilidad muy útil para acabar como ha terminado, con lo que estamos viendo en Sol. Nos han acusado de ser un fondo, pero somos dos abogados y la empresa tiene siete empleados.
P.- ¿Cómo vivisteis ese día? ¿Sentisteis en peligro vuestra seguridad e integridad y la de vuestras familias?
R.- Completamente. Desde el punto de vista de las presiones que estábamos recibiendo y que alcanzaban a las familias. A mí personalmente (Fernando) en redes del sindicato se habían mostrado fotos de mi mujer y de mis hijos con mi nombre y apellidos completos e indicando lo que se tenía que hacer. Esto fue lo que más me preocupó.
Temíamos por la integridad de nuestros trabajadores, que se estaban viendo amenazados y por la nuestra propia. Ahora nos hemos visto en una situación donde tenemos que preservar nuestra imagen porque desde el sindicato se ha alentado a una animadversión desmedida.
«Contar que sólo tenemos un piso les rompía la estrategia. Había que decir que teníamos muchos»
Se aprecia claramente una estrategia muy meditada. Primero se criminaliza a alguien para justificar que vas a ir a por él, a machacarlo civilmente, a atacar sus empresas, su actividad, su vida personal. Hay que inventar un bulo absolutamente exagerado y tener un coro de medios que lo puedan seguir.
Decir que eres una empresa, no, mejor un fondo y además, un fondo buitre. Contar que sólo tenemos un piso les rompía la estrategia. Hay que decir que tienes muchos. Te inventas unas calificaciones de nosotros y luego sigues adelante con ataques de todo tipo hasta generar una presión que resulte insostenible para que tenga que ceder. Y el fin social, ¿quién lo ha cubierto? Lo hemos cubierto nosotros.
P.- ¿Qué tipo de amenazas habéis recibido y hasta dónde ha llegado el acoso?
R.- En el tercer intento de lanzamiento ya habían elevado mucho el tono. Empiezan los señalamientos en redes, en medios afines por algunos tertulianos muy potentes, donde aparecen direcciones de forma intencionada, correos electrónicos, teléfonos. La Ley de protección de datos, volada por los aires. Te organizan escraches en la puerta. En Valladolid, al señalar la dirección, el propio viernes nos organizan un escrache en la puerta con unas 500 personas. Para ser un movimiento espontáneo, suena extraño.
«La ministra de Vivienda entró en el mismo juego de quienes nos mandaron cajas de cucarachas vivas a la oficina»
Buscan con quién interactuamos. Buscan sus webs, los clientes, para amedrentarlos y que generen rechazo. Hay clientes que se asustan y nos dicen que tienen que romper la relación comercial. Yo asesoro jurídicamente a algunas empresas como secretario. A todas ellas empiezan a llegarles llamadas sin sentido, correos insultando por la relación que tenían conmigo para que dejen de trabajar conmigo.
El caso más grave es el de una bodega en El Bierzo a la que masivamente le empiezan a causar un daño inaudito. Lo primero que hago es comunicar que tienen mi cese en esa sociedad como asesor. Esto lo repito en varias sociedades ya por carácter preventivo. Esa presión que sentimos el viernes nos llevó a reunirnos fuera de la oficina y buscar alguna solución a lo que creíamos que ya era nuestro fin de actividad.
P.- ¿Vais a denunciar al Sindicato de Inquilinas o a la ministra de Vivienda por las graves acusaciones?
R.- Interpusimos un acto de conciliación con el sindicato hace casi un año en el intento del segundo lanzamiento, cuando se empezó a actuar contra el honor de los administradores propagando imágenes, ataques directos, amenazas. No quisieron conciliar y ha terminado en la interposición de una querella que está viva en el Juzgado de lo Penal de Madrid. Si siguen alimentando esta situación, esa querella irá a más. Y sí, habrá que valorar otras acciones y tenemos que poner denuncias policiales por todas estas amenazas. Por nuestra seguridad.
P.- ¿Por qué pedís ayuda al Ayuntamiento de Madrid?
R.- Pensamos que tenía más herramientas. Vimos que la Empresa Municipal de la Vivienda se encarga muchas veces de canalizar soluciones a la vulnerabilidad. El viernes por la mañana a primera hora llamamos y por la tarde ya nos contestaron citándonos el lunes a las 16:00. Gracias a ellos, durante toda la tarde del lunes estuvimos trabajando para alcanzar un acuerdo con las abogadas y la representación de Maricarmen.
Ahora sí tiene un título válido. Volverá en mejores condiciones, con una renta prácticamente igual a la que tenía y con la mediación de la EMVS que garantiza el abono y cobro. Además seguirá recibiendo los servicios de Asuntos Sociales de la Junta de Distrito de Retiro.
P.- ¿Qué de cierto había en todas esas ofertas que decían estar haciendo diferentes personas y entidades para comprar la vivienda?
R.- Llegaron ofertas difusas, que si alguien quería pagar la renta, que si comprar, pero nadie pasó una propuesta sólida por escrito. Hubo un intento de mediación con CASA 47, pero estaban muy presionados por el Sindicato y no tenían herramientas.
P.- La Ministra de Vivienda dijo esa misma mañana que desde CASA 47 habían hecho una oferta, pero que vosotros os «cachondeabais» de la Administración.
R.- A principios de julio llaman a nuestra abogada en nombre de CASA 47 diciendo que podría haber posibilidad de comprar o alquilar. Al día siguiente vuelven a llamar diciendo que no pueden comprar. A finales de julio dicen que han pensado otra opción: un alquiler con tope de 900 euros, donde la señora paga la mitad y CASA 47 la otra mitad. Les pedimos una propuesta formal por escrito con las condiciones del contrato. Nada. No hay propuesta formal en ningún sitio porque no la hubo. No hay ni un WhatsApp.
Que la Ministra entienda que eso fue una negociación seria… Pues se equivoca. No queremos confrontación con ella, pero parece que ella sí la busca con nosotros. Quiere señalarnos como culpables y echar balones fuera. Se desentiende y le pasa la responsabilidad a los propietarios de la crisis de vivienda.
P.- Después de buscar una solución, Isabel Rodríguez os ha seguido llamando «pyme buitre carroñera» y ha sacado un decreto con el nombre de Maricarmen… ¿Os han utilizado como cabeza de turco?
R.- Estábamos claramente en el foco. Ayer mismo en televisión se hablaba de un lanzamiento importante y ahí no se mencionó a la empresa. En nuestro caso ha sido un foco directo con intención de generar descrédito, hasta el punto que en una rueda de prensa después de un Consejo de Ministros se nos indica que quizás no somos un fondo buitre, pero sí una pyme buitre y carroñera.
La descalificación no sé hasta qué punto puede llegar cuando solo tenemos una única vivienda, pues el término se tendría que extender a autónomo carroñero, propietario carroñero. Cuando una ministra decide que una pequeña empresa va a tener la culpa de este gran problema y entra en el mismo juego de quienes nos mandan cajas de cucarachas vivas a la oficina para amedrentar, pues…
Y sigue esa línea, diciendo que somos carroñeros aun sabiendo que hemos aportado una solución a una persona vulnerable mucho mejor que la que tenía. En el Ministerio de Vivienda también tendrán que pensar qué han hecho ellos por la señora Abascal.
P.- ¿Maricarmen tuvo que demostrar que no tenía fondos para comprar la vivienda y seguir okupándola?
R.- Maricarmen tenía un derecho de adquisición preferente y tuvo la oportunidad de comprar en el mismo precio que nosotros compramos más los impuestos. Ahí no recuerdo si ella manifestó que no quería o no contestó y dejó transcurrir los 30 días que tiene para ejercer su derecho. Pero no, no quiso comprar y era un descuento y una oportunidad de coger la vivienda en el mismo precio por el que ahora se nos acusa de comprar muy barato.
P.- La vivienda tiene hipoteca. Con 500 euros de alquiler… Estáis perdiendo dinero.
R.- Llevamos así prácticamente desde que la adquirimos. Se financió al 60%, el 40% fueron recursos propios y actualmente tenemos una cuota hipotecaria que supera el doble de lo que percibimos. Es antieconómico, porque con la renta que vamos a percibir de 500 euros, si descontamos comunidad e IBI no creo que recibamos más de 180 euros al mes.
P.- ¿No os planteáis venderla?
R.- No. No nos planteamos vender. Fue una oportunidad porque estábamos de asesores de la empresa que compró el edificio. La sociedad tiene como activos físicos este piso y un local en bruto de poco valor. Es que no somos inversores, nos dedicamos a prestación de servicios.
P.- Si pudieseis volver a 2018, ¿volveríais a comprar la vivienda?
R.- Personalmente yo no me arrepiento de haber comprado esa vivienda. Fue un momento puntual después de un asesoramiento que hicimos a la familia y a la empresa que compró el edificio y decidimos hacer esa inversión que ha sido la única. Vaya suerte hemos tenido que la única vivienda que compramos y nos pasa esto… Pero, era impensable que se pudiera dar una situación de este tipo.
Ha sido en el momento oportuno y con una serie de circunstancias muy elaboradas para que se produjese esto, nadie puede creer que sea un hecho espontáneo. Hay un trasfondo político que a nosotros se nos escapa. Solo quiero agradecer el papel de los medios de comunicación. Hay que poner en valor a todos esos periodistas que contribuyen a mantener la libertad, la información libre y veraz, ese elemento básico de nuestra democracia.
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