Sánchez burla la voluntad del Pleno y saca adelante la prórroga de alquileres hasta 2028

Pedro Sánchez consuma su treta. La Diputación Permanente del Congreso, el órgano encargado de convalidar o derogar los reales decretos leyes cuando las Cortes están disueltas, ha dado luz verde a uno de los dos paquetes de medidas urgentes en materia de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el día después del anticipo electoral anunciado por el presidente del Gobierno. Cuatro jornadas antes, el Pleno de la Cámara Baja había tumbado las mismas normas que el Ejecutivo ha sometido a debate este jueves, entre la huelga general de este miércoles y la campaña que, oficialmente, empieza este viernes.Cualquiera lo diría, escuchadas las intervenciones de sus señorías y de los ministros reunidos en la sala Constitucional del Congreso, donde más que un debate parlamentario parecía celebrarse una concatenación de mítines. En cualquier caso, la jugada le ha salido bien al Gobierno. Tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que murió días después en el hospital, y la oleada de protestas sociales por los altos precios de la vivienda en España, el Ejecutivo aprobó dos reales decretos leyes intervencionistas que se toparon con la oposición mayoritaria de la Cámara Baja, con los votos de PP, Vox y Junts. Sin embargo, la disolución de las Cortes provoca que el órgano legítimo para convalidar o derogar estas normas, supuestamente urgentes, sea la Diputación Permanente.En ella solo hay 69 diputados, no 350, y la diferencia numérica distorsiona ligeramente las mayorías preexistentes en el Pleno. Si el PP, Vox y Junts tenían 177 de 350 escaños —más de la mitad—, en la Diputación Permanente se quedan en 34 de 69 asientos —justo por debajo—. Así que el Consejo de Ministros, con cambios cosméticos para esquivar el fraude de ley, resucitó las dos normas con el viento a favor. Como se esperaba, el Congreso, a la segunda, ha bendecido el primero de los decretos leyes de vivienda y ha tumbado el segundo por el rechazo, también, del PNV.Entre las medidas aprobadas figuran la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta el 2028, la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 2030, la limitación de compra de vivienda a los llamados fondos buitre y bonificaciones fiscales tanto a pequeños propietarios como a inquilinos. Decae definitivamente, a su vez, la prórroga automática de cinco años de los contratos que superen esa vigencia y las multas a los caseros que quieran romperlos; dos cuestiones que, pese a tratarse de normativa urgente, no habría entrado en vigor hasta el domingo.En una intervención muy aplaudida por su bancada, el diputado del PP Sergio Sayas ha calificado de «totalitarismo» valerse de la distinta mayoría de la Diputación Permanente para convalidar medidas que el Pleno del Congreso, máximo representante de la soberanía nacional, había rechazado 41 días antes. También Vox, la previa, había intentado detener el debate de estos dos decretos leyes al entender que el Gobierno ha cometido «un fraude constitucional» para que, al menos uno de ellos, permanezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Josep Maria Cruset se preguntaba por qué, si tan urgente e importante era, el Ejecutivo puso una cláusula en el segundo paquete dispositivo, el impulsado por Sumar, para que no entrase en vigor hasta el día 15.Quejas formales aparte, la sesión ha discurrido por derroteros mitineros con un matiz: los discursos de la izquierda, Gobierno incluido, parecían de otro tiempo, como de hace catorce años, cuando Mariano Rajoy encajó dos huelgas generales nada más llegar al poder; como si Sánchez no llevase más de ocho años en la Moncloa. «La gente en este país estás cansada, está cansada de trabajar de sol a sol para que su sueldo se lo quede otro, de un jefe que no le paga un euro más del salario mínimo, de una empresa que se reparte dividendos mientras no le sube el sueldo, de una inmobiliaria que tiene 25 pisos más en alquiler», ha clamado en su primera intervención el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, encargado de defender el decreto ley que se sabía muerto desde que nació.Nuestra redacción está trabajando para ampliar la información