El Tribunal de Cuentas investigará la compra del ático de Chamberí por el Gobierno de Ayuso

Mientras la Comunidad de Madrid sigue tratando de vender el ático de la calle General Martínez Campos que compró por 6,3 millones de euros la empresa pública Planifica Madrid, el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir una investigación sobre esta adquisición al apreciar indicios de un posible menoscabo de fondos públicos. «Los actores públicos y denunciantes han aportado elementos indiciarios suficientes para poder considerar que la adquisición del inmueble cuestionado en esta acción pública pudiera en su caso haber ocasionado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid », recoge el auto al que ha tenido acceso EP.La consejera de Cuentas considera que los hechos denunciados no permiten descartar la existencia de un posible alcance contable , por lo que rechaza el archivo de las actuaciones solicitado por la Comunidad de Madrid y la propia empresa pública Planifica.La Comunidad de Madrid defendió en las alegaciones presentadas a mediados de octubre que la compra de este piso de ha defendido que la actuación de compra de este piso de 485 metros cuadrados (199 de terraza) se ajustaba «plenamente a la legalidad, a los estatutos y competencias de la empresa pública» y no supone «un deterioro económico para la empresa». Además, explicaron que la compra, que se formalizó el 14 de abril, estaba «dentro del objeto social de Planifica Madrid», cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad y «ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional». Asimismo, apuntaron, se adquirió a un precio "que se correspondía con el valor de mercado" y atendía a las necesidades institucionales del Ejecutivo.Sin justificación previaEn cambio, las denuncias presentadas (hasta cinco, presentadas el 3 de agosto, el 1 de spetiembre y el 30 de septiembre) sostienen que la compra se habría realizado sin una justificación previa suficiente, sin que constase un expediente de necesidad anterior a la operación y sin acreditar adecuadamente su vinculación con los fines públicos de la sociedad. También cuestionan que el inmueble se adquiriese por un precio superior a su valor de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para el uso administrativo o institucional que posteriormente se alegó.El auto recoge que la operación se llevó a cabo sin que constase inicialmente un encargo formal de la Comunidad de Madrid ni una memoria justificativa previa que acreditase la necesidad de adquirirlo. La memoria que posteriormente alegó la Administración regional para justificar su destino institucional fue elaborada el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de formalizarse la compraventa.El inmueble iba a destinarse, según la justificación presentada posteriormente, a uso institucional, con espacios de trabajo, descanso y alojamiento ocasional para autoridades. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cuestiona que esa finalidad encaje con el objeto social de Planifica, cuyos estatutos vinculan la adquisición y gestión de inmuebles a la actividad administrativa de las consejerías y organismos públicos de la Comunidad de Madrid.Además, el auto destaca que el contrato de arrendamiento suscrito entre Planifica y la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2026 fue resuelto de mutuo acuerdo el 15 de septiembre, después de que la Administración comunicase que había desaparecido la necesidad que justificaba el alquiler. El inmueble no llegó a ser utilizado por la Comunidad y se acordó posteriormente su puesta a la venta.Posible sobreprecio y deficiencias urbanísticasOtro de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es el posible sobreprecio de la operación. La primera tasación encargada a Gesvalt, fechada el 13 de febrero de 2026, valoró el ático en 6.242.884,19 euros , frente a los 6,3 millones abonados por Planifica. Las denuncias apuntan también a otros posibles costes asociados a la operación y cifran el eventual perjuicio económico en al menos 437.058 euros.La Comunidad de Madrid y Planifica, por su parte, defendieron que no existió sobreprecio y aportaron una segunda tasación de Gesvalt, fechada el 15 de octubre, que elevó el valor del inmueble a 6.320.341,26 euros al incorporar al cálculo parte de la terraza cerrada. También alegaron que el precio de salida fijado para su venta, de 6.694.201 euros, permitiría recuperar la inversión de unático que aún no ha encontrado comprador.La resolución también recoge las denuncias sobre posibles irregularidades urbanísticas en el cerramiento de una parte de la terraza, realizado entre 2007 y 2010. Según un informe arquitectónico aportado a las actuaciones, estas obras podrían no contar con las autorizaciones necesarias y afectar a la superficie interior legalmente utilizable, al valor real del inmueble y a posibles futuros costes de restitución de la legalidad urbanística.La Fiscalía también pidió investigarEl Ministerio Fiscal también se pronunció a favor de continuar las actuaciones y solicitó en dos ocasiones el nombramiento de un delegado instructor, al considerar que las alegaciones y la documentación aportada por la Comunidad de Madrid y Planifica no desvirtuaban, por el momento, las irregularidades denunciadas. La resolución precisa que esta decisión «no prejuzga la existencia de irregularidades ni de responsabilidades contables», cuestiones que deberán determinarse durante la fase de investigación.La acción pública fue promovida por distintos denunciantes y cuenta con la personación del grupo parlamentario Más Madrid y de su portavoz en la Asamblea regional, así como de otros dos actores públicos, entre ellos el abogado Javier Flores.El letrado ha señalado a Europa Press que «la Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles». «Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no», ha subrayado.«Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada. Si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños. Llegaremos hasta el final», ha avisado.