El consejero de Ayuso responsable de la compra del ático pide comparecer en la Asamblea

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha dado un paso al frente en pleno vendaval político. El Ejecutivo autonómico ha presentado este martes en la Asamblea de Madrid una solicitud para que el consejero comparezca a petición propia en el Pleno. El objetivo de la intervención será informar sobre la gestión patrimonial llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid y, en particular, sobre la polémica adquisición por 6,3 millones de euros del conocido ático en el distrito de Chamberí.Fuentes del Gobierno regional han confirmado a Ep la solicitud formalizada «a petición propia» y han recalcado que el consejero, que ya ha dado reiteradas explicaciones públicas al respecto, acudirá a la Cámara de Vallecas cuando la Mesa active formalmente el trámite. Las mismas fuentes han aprovechado para subrayar que el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso es el que «más veces se somete a control parlamentario y rinde cuentas», respondiendo de manera continuada a los distintos grupos de la oposición tanto de forma oral en los plenos como mediante preguntas escritas.Esta petición de comparecencia se produce tras varias semanas de intensa controversia política a cuenta de la compra del piso por 6,3 millones de euros a través de Planifica Madrid. La justificación original del gobierno de Ayuso sostenía que el inmueble respondería al apoyo de las sedes institucionales y, a su vez, permitiría contar con un despacho «temporal» operativo para la presidenta autonómica mientras se acometen las obras de remodelación en la sede principal de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.Apenas unos días después de trascender la adquisición, la Comunidad de Madrid anunció la salida al mercado del piso por 6,7 millones de euros. El paquete de enajenación incluye además otros cuatro inmuebles situados en la Gran Vía, valorados en 11,8 millones de euros. Según defiende la administración regional, los ingresos obtenidos con la venta de este patrimonio público se destinarán íntegramente a recaudar fondos para paliar los devastadores incendios forestales sufridos en la Sierra Oeste a lo largo del verano.A partir de este punto, el caso ha derivado en una encendida confrontación partidista. La oposición de izquierdas ha criticado duramente la operación, elevándola a los tribunales y exigiendo la dimisión de la presidenta tras acusarla de pretender habilitar una «vivienda oficial». Ayuso ha negado este extremo, tachan do de «poco inteligente» buscar una residencia que no se pudiera esconder. Asimismo, la jefa del Ejecutivo regional dio por zanjado el debate político el pasado lunes al recordar que el piso está a la venta: «Chao, pescao», resumió.Pugna judicial por el expedienteEn el plano judicial, el juzgado de Instrucción número 8 de Madrid investiga cinco denuncias interpuestas contra la compra: una de la plataforma anticorrupción Iustitia Europea, otra del PSOE-M y tres de particulares. En el ámbito nacional, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, señaló recientemente que el área de Patrimonio de la Comunidad de Madrid deberá explicar «por qué compró un local que no se puede destinar a oficina», introduciendo un matiz técnico en la argumentación del partido. Por su parte, García Martín ha defendido que se han ofrecido todas las explicaciones oportunas. En declaraciones realizadas este mismo martes desde patones, el portavoz autonómico acusó a la oposición de utilizar el asunto del ático como una cortina de humo para «tratar de tapar» la situación de «caos y corrupción» que, a su juicio, salpica al Gobierno central de Pedro Sánchez, desviando la atención mediática de los problemas nacionales.Este escenario coincide además con el choque por el acceso a la documentación oficial. El PSOE-M ha denunciado que Planifica Madrid les ha negado el envío directo del expediente completo del ático de Chamberí. En respuesta a un burofax enviado por los socialistas, la empresa pública comunicó que cualquier consulta debe realizarse obligatoriamente a través de los trámites reglamentarios de la Asamblea de Madrid. El grupo dirigido por Óscar López ha tachado esta postura de «opacidad», al someter la revisión al filtro de la Mesa, donde el PP ostenta la mayoría absoluta.