La condonación de deuda pública pactada entre ERC y el Gobierno, que este remitió al Congreso a finales del año pasado para una votación que parece tener ganada después de que la cámara tumbara sendas enmiendas en contra de PP y Vox en julio, tiene un claro sesgo a favor de Cataluña. No solo porque es la segunda comunidad autónoma (después de Andalucía) que va a ver desaparecer un volumen mayor de pasivo (17.100 millones) pese a no estar entre las más infrafinanciadas, también por el efecto que esto tendrá en los intereses devengados por la deuda, pues la región gobernada por Salvador Illa es de lejos la que se expone a pagar una cantidad mayor por este concepto en los próximos años. Tanto es así que, si el legislativo no aprueba la quita, en 2029 la Generalitat tendrá que satisfacer 2.968 millones en intereses, el doble que Madrid (1.409 millones) y un 42% más que la Comunidad Valenciana, que es la segunda que más dinero tendrá que destinar a esta obligación de aquí a tres años. Así se desprende de un informe publicado hoy por Fedea (el ‘think-tank’ patrocinado por varias empresas del Ibex), uno que da argumentos a los que se oponen a una medida que se gestó allá por 2023 como una de las concesiones del PSOE a ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. En un principio el ‘perdón’ fiscal solo afectaba a Cataluña, pero en febrero del año pasado Hacienda la extrapoló al resto de las comunidades de régimen común en un contexto de oposición unánime por parte de los barones populares; con todo, el montante de la condonación que ha llegado a la Cámara Baja para su votación asciende a 83.000 millones de euros entre las quince CC.AA. Más allá del caso concreto de la quita ‘a la catalana’, el estudio de Fedea advierte de que la creciente deuda en manos de las regiones amenaza con causar un efecto ‘bola de nieve’ por la vía de los intereses que podría anular el efecto positivo de la reducción del déficit y el crecimiento económico previstos en los próximos años, así como obligar a los gobiernos regionales a hacer ajustes y «redirigir recursos desde otras políticas públicas», señalan los redactores del informe. Esto se justifica por el elevado volumen de pasivo existente, que sumaba 341.643 millones de euros en 2025 para las quince comunidades de régimen común tras aumentar en 24.000 millones en apenas tres años en un contexto de subida de tipos por la guerra de Ucrania y la pandemia de Covid-19; la única nota positiva es que la ratio sobre PIB se ha reducido en tres puntos desde 2022 (hasta el 20,2%) gracias al buen ritmo del PIB. Según la proyección de Fedea, en 2029 el dato bruto habrá escalado hasta los 347.012 millones, aunque la ratio seguirá reduciéndose hasta el 17,1%. Pero el crecimiento económico no hará desaparecer las obligaciones financieras de las CC.AA., menos aún en un contexto en el que los intereses apuntan a escalar hasta más allá del 3% de aquí a tres años (el triple que en 2022) por la guerra en Oriente Próximo, que ya obligó al Banco Central Europeo a aplicar una primera subida de tipos el pasado mes de julio. Desde Fedea advierten de que en el futuro cercano los tipos oficiales no volverán «ni mucho menos» a los valores cercanos al 0% en que estuvieron entre 2016 y 2022.Con estos datos en la mano, desde el ‘think tank’ estiman que el coste en intereses que tendrán que asumir los gobiernos regionales va a aumentar un 53% de aquí a 2029, hasta alcanzar los 11.528 millones de euros anuales (frente a los 7.487 millones dedicados a esta partida en 2025). Si se toma 2022 como año de referencia, a su vez, se obtiene que para 2029 el dispendio se habrá incrementado un sensacional 220%. Como ya se ha avanzado, Cataluña es la más afectada por este círculo vicioso, entre otras cosas porque a cierre de 2025 era la región con un mayor volumen de deuda, con un total de 90.082 millones que dentro de tres años se habrán incrementado hasta los 91.413 millones. Y añádase a esto el pago de los intereses por esa deuda. Desde Fedea estiman que en el período 2022-2029, el gasto anual en este concepto asumido por la Generalitat habrá aumentado en 1.939 millones, muy por encima de la Comunidad Valenciana, que es la segunda en el ránking, con 1.719 millones, o Madrid, que está en la cuarta posición con 648 millones. Cabe un matiz, y es que si el dato se toma en términos proporcionales a la riqueza de cada región, las que más habrán visto aumentar sus obligaciones en intereses al final del período 2022-2029 son La Rioja (+804%) y la Comunidad Valenciana (+476%), mientras que el avance en Cataluña queda en un 188%. Hay que tener en cuenta, además, que Fedea advierte de que estos cálculos son «optimistas», dado que asumen las previsiones de PIB del Gobierno o que las CC.AA. cerrarán sus cuentas con un déficit del 0,1% del PIB en 2026, saldo equilibrado en 2027 y superávit del 0,1% para los años 2028 y 2029, en línea con la última estimación de la AIReF. A su vez, el centro de estudios también descuenta que los gobiernos autonómicos utilizarán estas cantidades para la reducción de su pasivo en 3.968 millones y, no menos importante, que habrá una reforma del sistema de financiación autonómica, extremo que se promete difícil después de que durante la última ronda de negociaciones para tratar de llevar una propuesta de reforma al Congreso Hacienda se topara con el ‘no’ de todos los gobiernos autonómicos a excepción del catalán; de nuevo, porque la mayoría considera que la propuesta está hecha a medida de la Generalitat. Con todo, los expertos advierten a las CC.AA de que tendrán que reducir gastos y aumentar ingresos si no quieren verse obligadas a redirigir recursos desde otras políticas públicas hacia obligaciones financieras. Para completar la fotografía, hay que recordar que, además de los gastos derivados de la financiación del déficit, el informe también cuenta como pasivo el pago pendiente de los 3.774 millones en liquidaciones negativas aplazadas en 2009. Precisamente, hay que recordar que desde Fedea llevan tiempo advirtiendo de que la propia naturaleza del sistema de liquidación de los tributos estatales cedidos genera más irresponsabilidad fiscal por parte de los Gobiernos autonómicos, ya que el Estado adelanta las transferencias a las CC.AA. dos años antes de calcular exactamente si la diferencia entre lo recaudado y lo cobrado se ajusta a la realidad, de modo que las regiones elaboran sus presupuestos sin saber si se les van a reclamar deudas.
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