Hay una imagen que resume mejor que cualquier discurso lo que está ocurriendo en Ceuta: agentes de la Policía Nacional, los mismos a los que Fernando Grande-Marlaska deja sin vacaciones y sin permisos, recibiendo pedradas, patadas, arañazos y fracturas de dedos de los inmigrantes ilegales a los que se supone deben controlar. Eso es lo que está pasando cada día en las calles de la ciudad autónoma. Y eso es lo que el ministro del Interior llama normalidad.
Marlaska lleva días brillando por su ausencia en Ceuta. No ha explicado por qué hay entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales deambulando por sus calles cuando el Gobierno dice que son 2.000. No ha respondido por qué los policías nacionales desplegados en la mayor crisis migratoria de la historia de España no tienen traductores, no tienen refuerzos suficientes y encima no tienen vacaciones. Lo único que ha hecho es endosarle a la Guardia Civil el marrón de explicar la zodiac de Sánchez para ir a bucear.
Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha tenido que desplazarse hasta Ceuta para ver con sus propios ojos lo que el ministro no quiere ver desde Madrid. Lo que han encontrado es demoledor: agresiones constantes, heridos de diversa consideración y unas unidades enteras que denuncian que la situación es terrible y que los inmigrantes ilegales son cada vez más violentos. Antidisturbios de la UIP y agentes de la UPR atacados salvajemente mientras intentan mantener un orden que el Gobierno se niega a reconocer que se ha roto.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo lleva repitiendo desde el primer día: la situación es absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable. Pero Marlaska sigue sin escucharle. Sigue hablando de normalidad. Sigue sin dar explicaciones. Sigue sin aparecer. Y mientras tanto, sus policías sangran en las calles de Ceuta defendiendo una ciudad que su propio ministro ha abandonado a su suerte.
Los agentes que cada día se juegan la integridad física en Ceuta merecen, como mínimo, un ministro que dé la cara por ellos. Marlaska no lo está haciendo. Y eso, en un Estado de derecho, tiene un nombre: dejación de funciones.
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