Alertan al Supremo del «daño irreversible» que supondrá no detener el censo de la ‘ley de nietos’

La inminente celebración de elecciones autonómicas podría quedar viciada de forma «irreversible» si no se paralizan de inmediato las altas automáticas en el Censo Eectoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la 'ley de nietos' .Así lo han expuesto los representantes de Iustitia Europa y Vox en la vista pública celebrada este lunes en el Tribunal Supremo, donde las dos formaciones se han ratificado en la necesidad de que se estimen sus medidas cautelares y se detenga provisionalmente el censo exterior. Coinciden en el diagnóstico de un sistema «desbordado y sin control» hasta el punto de que en sólo dos meses se han dado de alta en el censo otros 29.000 nuevos electores (403.466 desde 2023). El letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha defendido ante la Sala Tercera del Alto Tribunal que el censo CERA se está inflando «de manera artificial» con inscripciones de validez jurídica dudosa. Para esta organización, el principal problema es la instrucción que amplió los supuestos de concesión de nacionalidad previstos en la ley de Memoria Democrática creando una «presunción de exilio generalizada». Las consecuencias de esta laxitud interpretativa son palmarias, ha dicho, y ha generado anomalías como el hecho de el municipio granadino de Murtas, una localidad de apenas 330 residentes reales cuenta hoy incomprensiblemente con 1.038 votantes registrados en el CERA.Iustitia Europa ha denunciado así el agujero operativo en la Oficina del Censo Electoral (OCE), que ha sido incapaz, ha dicho, de responder a cuestiones tan elementales como cuántas de las nuevas altas responden directamente a la polémica instrucción y cuántas son inscripciones ordinarias. «La JEC ha optado por abdicar de su función supervisora, escudándose en una supuesta falta de competencias más allá de los efectos estrictamente electorales», ha señalado Pardo.Actualización ininterrumpidaEl letrado ha dejado claro ante el tribunal que su pretensión no es revocar el estado civil ni arrebatar la nacionalidad a los nuevos inscritos, sino suspender cautelarmente los efectos electorales de estas altas porque el censo sigue actualizándose ininterrumpidamente y en apenas 116 días se cerrará de cara a las próximas elecciones autonómicas. Si se llega a esa cita electoral con un censo viciado, «el perjuicio será irreparable». Y ello porque, según mantiene Pardo, el secreto del sufragio impedirá identificar y anular a posteriori los votos emitidos bajo inscripciones irregulares, lo que imposibilita cualquier reconstrucción de los resultados o recálculo en el reparto de escaños. La ponderación de intereses, ha concluido, es clara: debe primar la preservación de la confianza ciudadana y la certeza del proceso democrático sobre la inscripción censal automática.Por su parte, el letrado de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha acusado a la Junta Electoral Central de abdicar de una competencia que resulta constitucionalmente irrenunciable: la garantía de la objetividad y transparencia del proceso electoral. A su juicio, las instrucciones emitidas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en octubre de 2022 y noviembre de 2024 han operado como normas de facto, alterando por la puerta de atrás los criterios de concesión de nacionalidad previstos en la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática (la ley de nietos). Vox ha hablado de una «flagrante» vulneración del principio de jerarquía normativa porque la instrucción ha modificado el ámbito de una ley, saltándose incluso enmiendas parlamentarias que habían sido expresamente rechazadas en el Congreso. En segundo lugar, ha criticado que se haya invertido la carga probatoria al otorgar la condición de exiliado sin exigir prueba individualizada alguna y aplicar el criterio de «mayor arraigo» a cientos de miles de personas sin un examen caso por caso. Finalmente, señalan la ilegal extensión de los plazos legales de solicitud mediante una simple instrucción administrativa.Para Buxadé el peligro de que la situación no se pueda revertir «no es una hipótesis de laboratorio», sino un hecho «tangible y aritmético». Las proyecciones iniciales que calculaban entre 10.000 y 16.000 altas mensuales se han visto arrolladas por la realidad: 29.000 nuevas inscripciones en solo sesenta días. La formación advierte al Supremo que permitir la celebración de comicios bajo estas circunstancias hará que cualquier futura sentencia estimatoria nazca muerta, pues será fáctica y jurídicamente imposible deshacer el valor de los votos ya emitidos.Vox ha negado que, como sostiene la Junta Electoral y Presidencia, sus peticiones resulten prematuras ni anticipen el fondo del asunto. «No pedimos que se paralicen los expedientes de nacionalidad, sino que se suspenda provisionalmente la fase de comunicación automática al censo». Subsidiariamente, solicitan que limiten la suspensión exclusivamente a aquellos expedientes que carezcan de prueba individualizada de la causa de exilio, blindando así el proceso electoral.Una actuación «intachable»Por su parte, la defensa de la Junta Electoral Central (JEC) ha negado que haya «abdicado de sus funciones». A su juicio, el recurso de las formaciones es prematuro e intenta utilizar la jurisdicción electoral como una vía indirecta para dinamitar las concesiones de nacionalidad del Ministerio de Justicia.La JEC defiende que su actuación procesal es «intachable» y que el órgano aún no ha concluido su trabajo. Entre otras cuestiones ha exigido a la Oficina del Censo Electoral (OCE) los datos técnicos precisos para fiscalizar la elaboración del censo y auditar los criterios de adscripción municipal y ha propuesto elaborar una instrucción específica dirigida a las oficinas consulares para estandarizar y clarificar aquellos procedimientos que resultan ambiguos.La JEC califica la petición de suspender las altas en el censo CERA como una medida «desproporcionada» y basada solo en meras «sospechas» de fraude. En este sentido ha señalado que el acuerdo impugnado es un mero acto de trámite que «ni inscribe ni elimina electores». Además, suspender las altas privaría de un derecho fundamental a ciudadanos que ya son españoles a todos los efectos legales, ha dicho el letrado. La Junta, ha advertido, carece de potestad jurisdiccional para enjuiciar la constitucionalidad de la ley de Memoria Democrática, ni puede auditar la legalidad material de los procedimientos de adquisición de nacionalidad ya ratificados por el Estado. La pelota está ahora en manos de los magistrados del Supremo, que deberán pronunciarse sobre las cautelares en unos días. Sobre el fondo del asunto lo harán ya más adelante.