El Congreso de los Diputados, que preside la socialista Francina Armengol, ha destinado 115.000 euros a renovar el portal online de la Cámara Baja dedicado a la Constitución, la norma suprema que ella misma incumple al bloquear la tramitación de hasta 44 leyes del PP procedentes del Senado.
Esta asignación aparece recogida en el proyecto de los Presupuestos del Congreso para el ejercicio de 2027 —al que ha tenido acceso OKDIARIO— que fue aprobado el pasado martes por la Mesa de la Cámara Baja controlada por PSOE y Sumar.
En concreto, el documento incluye esta partida en la Dirección de Estadios, Análisis y Publicaciones bajo el concepto «Actualización del Portal de la Constitución». Aquí se describe que el objetivo de esta actuación consiste en la «actualización del Portal de la Constitución mediante estudios y colaboraciones que recogen nuevas normas constitucionales o del resto del ordenamiento y gastos informáticos relacionados con el portal de la CE».
Si bien el presupuesto de 2026 contempló un desembolso de 12.500 euros en este concepto, las cuentas de la Cámara Baja para 2027 elevan la cifra a 115.000 euros, lo que supone un incremento del 820%, como indica el propio documento en poder de este periódico.
El texto señala que «las principales variaciones del presupuesto con respecto al del último ejercicio son, en la parte de aumento de gasto, los derivados de la inclusión de la aportación anual del Congreso a la Oficina C (de Ciencia y Tecnología) y los gastos informáticos relacionados con la revisión del Portal de la Constitución». En su caso, el apartado de «Premios de tesis doctorales, becas y Oficina de Ciencia y Tecnología» pasa de disponer de 44.300 euros en 2026 a un total de 402.300 euros, en un incremento de más de un 808%.
El hecho de que Armengol promueva así la revisión completa del Portal de la Constitución, con su incorporación a la página web del Congreso, teniendo en cuenta los gastos informáticos precisos para ello, contrasta con el incumplimiento de la Carta Magna que viene protagonizando la presidenta socialista al permitir el bloqueo de un total de 44 leyes procedentes del Senado mediante la pirueta de ampliación del plazo de enmiendas (más de 1.600 ampliaciones, denuncian desde el PP).
El pasado abril salió aprobada una moción del Grupo Popular liderado por Alicia García para reprobar que Pedro Sánchez «actúa contra la Constitución, contra la democracia, contra la libertad y ningunea al Senado», a través de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que bloquea sistemáticamente las leyes que proceden de la Cámara Alta. Entre ellas, se encuentra la que promueve desalojar a los okupas en 24 horas, la de bonificar las cuotas de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, o la de obligar al Gobierno a que toda ayuda militar al extranjero sea aprobada por las Cortes Generales.
Amparo del Constitucional
En dicha moción, los populares recordaron que el Pleno del Tribunal Constitucional estimó por unanimidad el pasado 14 de abril un recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la decisión de la Mesa de esa Cámara Baja de prorrogar hasta 71 veces el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley dimanante del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esa sentencia dictada por el Constitucional, según añadió el partido de Alberto Núñez Feijóo, aprecia que la Mesa del Congreso de los Diputados «obstruyó la tramitación del procedimiento legislativo (de urgencia), al hacer un uso indebido de su facultad de acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas, hasta el punto de imposibilitar la presentación de estas, con la consiguiente vulneración del derecho de participación política de los recurrentes», enfatizaron los populares.
Además, el Constitucional concluyó que la Mesa de la Cámara Baja «subvirtió la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas, que no es otra que favorecer el correcto ejercicio del cargo por parte de los parlamentarios en el procedimiento legislativo (…), lo que a su vez excluye que esa facultad pueda erigirse en pretexto para una actuación de la Mesa que conduzca a la inefectividad del derecho de los diputados a pronunciarse sobre un proyecto legislativo que el Pleno decidió tramitar, con la consiguiente vulneración de su derecho fundamental de participación política», apuntó el Partido Popular.
Powered by WPeMatico
Acerca del autor
