Mientras centra su discurso en colocarse como alternativa de Gobierno en el País Vasco y Navarra, EH Bildu reclama la excarcelación de los últimos 39 etarras que están bajo su ala y que todavía cumplen penas de prisión en régimen cerrado. No lo hace directamente, pues sus representantes trabajan en ampliar mayorías para desbancar al PNV en Vitoria y al Partido Socialista de Navarra (PSN) en Pamplona, pero sí a través de sus satélites. Concretamente Sare, el colectivo de apoyo a los presos de ETA en la órbita del partido de Arnaldo Otegi , que la semana pasada planteó esta exigencia al convocar para el 9 de enero su manifestación anual para liberar a los etarras encarcelados: «Todos los esfuerzos deben dirigirse a crear el escenario que haga posible que las movilizaciones permanentes que hemos venido realizando hasta ahora sean las últimas». La plazuela del teatro Arriaga junto a la ría es uno de los lugares de manifestación preferentes en Bilbao. Con sus mensajes y estética particular, durante el año pasan por aquí movimientos sindicales, estudiantiles, feministas y transfeministas, ecologistas, propalestinos, proinmigración en general… cuando no todos (o muchos) unidos bajo la marca de algún partido político. El martes de la semana pasada le tocaba el turno a Sare, la red de apoyo a los presos de ETA afines a EH Bildu, que a media mañana instaló frente al bello auditorio un hinchable como el que marca la llegada en una vuelta ciclista. «Hacia la meta. Todos a casa», podía leerse en euskera sobre una línea cronológica que se remontaba a 2015. Fue ese año, uno después del primer concurso de Bildu en unas elecciones, cuando nació esta organización, que desde entonces se moviliza de forma constante en el País Vasco , también en Navarra y algo menos en el sur de Francia, reclamando un trato favorable para los etarras encarcelados. En un primer momento este consistía en el acercamiento a las cárceles vascas. Una vez conseguido, después del fin de la política de dispersión culminado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en marzo de 2023, la exigencia mutó hacia la petición más o menos velada de las excarcelaciones. Unas que, vía tercer grado o aplicación del artículo 100.2, se han acelerado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez traspasó en 2021 las competencias en Administración penitenciaria al País Vasco. Desde entonces y hasta agosto de 2026, el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo cuenta 122 terceros grados (régimen abierto o de semilibertad) autorizados a etarras por el Gobierno vasco (anteriormente Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, había concedido tan solo 28). A estos habría que sumar el último mes los de Henri Parot e Idoia Mendizabal, a quien (como a otros 25 miembros de la banda terrorista) se había concedido previamente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una forma de «flexibilizar» las condenas a los presos que aún estando en segundo grado (régimen cerrado) pueden disfrutar de beneficios propios del tercero como salidas diarias de prisión para ir a trabajar o hacer voluntariados. Es el caso de Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’ que, como informó ABC, no acude a su puesto de trabajo en un herbolario incumpliendo la condición fundamental de la norma. «Se ha avanzado mucho, más aún desde la asunción de competencias», reconocía el martes Joseba Azkarraga, consejero del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe (2001-2005) y actual portavoz de Sare: «Pero este reconocimiento no nos impide ver todas las dificultades que aún tenemos por delante». Las «dificultades» son los 112 presos de ETA con condenas por cumplir y que forman parte del EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa): el colectivo que sigue la línea marcada por la «izquierda aberzale oficial» que representa Bildu y sus organizaciones satélite como Sare. Al margen de estos, queda un grupo de etarras «irredentos» encabezados por Francisco Javier García Gaztelu ‘Txapote’ (ronda la decena, según fuentes policiales) que no acata el sistema español ni el proceso de «institucionalización» que ha seguido el partido de Otegi, en buena medida, de la mano del PSOE de Sánchez. Entre los 112 del EPPK muchos salen a la calle. Concretamente, 73 están en tercer grado o bajo la aplicación del artículo 100.2. En ese sentido, da cuenta del ritmo que sigue la concesión de estos permisos que el día que Sare ofreció estos datos, el martes de la semana pasada en el acto frente al Arriaga, en su propaganda figuraban 72. «Son 73, no sé quien es, pero son 73», comentaba un responsable. Aún no les había dado tiempo a añadir en la cartelería el tercer grado autorizado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, a la etarra Idoia Mendizabal. Fue condenada a 377 años de cárcel en 2011 por el intento de asesinato de la concejal socialista de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezuelo. En 2012, durante otro juicio en la Audiencia Nacional declaró estar «muy orgullosa» de pertenecer a ETA. «Fundamentalmente, la situación de estas 39 personas es la que nos obliga a realizar un mayor esfuerzo» , dijo Azkarraga, al actualizar los datos del EPPK, sobre los etarras que siguen «sin pisar la calle». Es decir, aquellos que continúan en régimen cerrado (primero o segundo grado) sin la aplicación del artículo 100.2. Después de presentar de nuevo, literal y figuradamente, «la meta» de sacar a todos de la cárcel, el portavoz de Sare explicó que están en la «recta final». Después criticó a la Fiscalía y el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que vienen paralizando por «anticipadas» diversas excarcelaciones de etarras: la última a María Soledad Iparraguirre ‘Anboto’. «Queremos poner de manifiesto la necesidad de avanzar y poner fin a una situación que no puede perpetuarse si queremos hablar realmente de una sociedad en convivencia», añadió Azkarraga con cincuenta personas de Sare a sus espaldas y algunos curiosos deteniéndose para ver la representación.
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