La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha iniciado los trámites para incapacitar a su predecesora en la presidencia, actual consejera permanente y titular de la sección séptima del órgano consultivo, según avanzan en exclusiva diversas fuentes del organismo al diario ABC. La responsable de los asuntos de Educación, Formación Profesional, Deportes y Cultura lleva más de un año de baja médica y los motivos de salud que le aquejan no tienen visos de mejorar, motivo por el cual se ha iniciado un proceso para inhabilitarle. Es la primera vez en los 500 años de historia del Consejo de Estado que esto ocurre, ya que los cargos de los consejeros permanentes son vitalicios. Las fuentes internas consultadas desvelan que Calvo anunció el inicio del procedimiento en el último encuentro semanal de la comisión permanente el pasado jueves 17 de septiembre. Según fuentes conocedoras de la reunión, la decisión «se aprobó por unanimidad» y la presidencia encargó una ponencia a dos consejeros permanentes: Enrique Alonso, el presidente de la sección octava, y María Luisa Carcedo, de la sección novena. También nombró a un letrado adscrito a la ponencia, que tendrá que elaborar un dictamen para elevarlo al pleno del Consejo de Estado, formado por los miembros natos y los electivos. La comunicación a la comisión permanente del órgano se realizó después de que Calvo comunicara previamente sus planes al ministro de presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con quien se reunió en el Palacio de La Moncloa hace diez días, el pasado 11 de septiembre. Fuentes cercanas a ambos evitar dar detalles sobre su despacho, y si el proceso de incapacitación iniciado fue uno de los objetos del encuentro. Sin embargo, las fuentes internas consultadas desvelan que el motivo de la visita fue comunicar a Bolaños que «Calvo había tomado la determinación de incapacitar a De la Vega», dado que sería el Gobierno quien tendría que ratificar la decisión por el Consejo de Ministros.Aunque se trata de un trámite inédito hasta la fecha, el procedimiento por cese por incapacidad de un consejero de Estado está regulado por el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 3/1980, que establece una estricta secuencia de pasos a seguir que jamás se ha ejecutado, por tratarse de cargos inamovibles. Calvo explicó que el primero de ellos sería darle audiencia a la afectada para que haga sus alegaciones. Sin embargo, las fuentes consultadas consideran improbable que María Teresa Fernández de la Vega se presente a esa audiencia. En ese caso, el procedimiento seguiría su curso. Una vez concluidos los trabajos de la ponencia, su dictamen se elevaría al pleno del órgano consultivo. La primera reunión del pleno, con todos los integrantes del mismo, está fijada para el próximo 1 de octubre. En el orden del día enviado este lunes solo figura el anteproyecto de Ley sobre el régimen sancionador de los productos paneuropeos de pensiones individuales. El tercer y último de los trámites establecidos por la Ley sería la ratificación por parte del Consejo de Ministros y su publicación mediante real decreto en el Boletín Oficial del Estado. Las fuentes consultadas creen que el proceso se hará con relativa celeridad, en un intento de que sea el entorno de la exvicepresidenta del Gobierno la que renuncie voluntariamente para evitar su incapacitación, en el mismo año en que se celebra el V centenario del aparato supervisor del Estado, fundado en julio de 1526 por el rey Carlos I en Granada. «Lo lógico y lo habitual es que alguien le convenza de que renuncie en lugar de iniciar el procedimiento», explican desde el Consejo de Estado.La posible maniobra de CalvoEl movimiento de Calvo ha disparado la rumorología en el seno del órgano consultivo por lo que consideran «una maniobra de la presidenta para hacerse con una silla permanente» en el Consejo de Estado. Aunque la presidenta no ha desvelado su intención de hacerse con un puesto de consejera permanente, las sospechas de algunos miembros de la comisión permanente es que «Carmen Calvo está buscando cobijo» ante la posibilidad de un adelanto electoral, ya que su permanencia está vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez , y hacerse así con un puesto vitalicio. Según estas fuentes, Calvo seguirá el «precedente de Magdalena Valerio», quien consiguió hacerse con un puesto permanente, después de que el Tribunal Supremo anulara su nombramiento como presidenta del Consejo de Estado por no cumplir uno de los dos requisitos exigidos, el de «jurista de reconocido prestigio». El Alto Tribunal declaró la «no idoneidad» de la exministra de Trabajo de Sánchez en noviembre de 2023, puesto que asumió en octubre de 2022, gracias a la renuncia -precisamente-, de María Teresa Fernández De la Vega. La diferencia entre ambos casos es que De la Vega ya era miembro de la comisión permanente del Consejo de Estado antes de su nombramiento como presidenta, motivo por el que continuó en el organismo. En el caso de Magdalena Valerio, tuvo que abandonar la institución. El Gobierno se resistió inicialmente a ejecutar la sentencia del Supremo y presentó un incidente de nulidad a través de la Abogacía del Estado contra la decisión, que fue rechazado por el alto tribunal por considerar que no se violó ninguno de sus derechos fundamentales durante el procedimiento. Tres meses después de su primer pronunciamiento, en febrero de 2024, Valerio dimitió de la presidencia del órgano consultivo. Un año después de su salida, en marzo de 2025, el Ejecutivo se vio forzado a «hacerle hueco» a Valerio, solicitando su renuncia a su predecesor, Miguel Rodríguez-Piñero, ex magistrado del Tribunal Constitucional y presidente de la sección segunda del Consejo de Estado durante casi 30 años. El 5 de marzo de 2025, el BOE publicó el nombramiento de Valerio como consejera permanente y presidenta de la sección segunda, responsable de despachar los asuntos relacionados con los departamentos de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Trabajo y Economía Social, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Powered by WPeMatico