Hay líneas que una sociedad no puede cruzar sin poner en peligro sus propios cimientos. Y una de ellas es llegar al extremo de que determinadas personas se crean con el derecho de enfrentarse violentamente a quienes tienen encomendada la protección de todos, agredirlos, arrebatarles sus armas reglamentarias e incluso dispararles.
Lo sucedido el sábado 14 de noviembre en Palma es de una gravedad extraordinaria y debería hacernos reflexionar profundamente.
Un policía local ha resultado herido por arma de fuego mientras participaba, en el ejercicio de sus funciones, en un operativo para practicar una detención. En ese contexto, varias personas comenzaron a enfrentarse a los agentes lanzándoles botellas, piedras y todo tipo de objetos. En medio de esa situación, la persona que estaba siendo detenida aprovechó un descuido para arrebatar el arma reglamentaria a uno de los policías y efectuar dos disparos.
Detengámonos un momento a pensar en lo que significa esto:
No estamos hablando de una discusión, de una falta de respeto, de una protesta ni siquiera de una resistencia puntual a la actuación policial. Estamos hablando de personas capaces de convertir una intervención policial en un escenario de violencia extrema, donde la vida de un agente puede depender de una fracción de segundo. Estamos hablando de una pérdida de los límites más elementales de convivencia.
Pero hay algo más que no podemos pasar por alto; llevamos meses asistiendo a una situación en la que determinados sectores de nuestra sociedad han situado el foco de manera casi permanente sobre la autoridad policial, poniendo en cuestión su legitimidad, generalizando discursos sobre una supuesta violencia policial injustificada y alimentando un clima de desconfianza y hostilidad hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.
Por supuesto que cualquier actuación policial debe estar sometida al control de la legalidad. Por supuesto que los abusos, cuando se producen, deben investigarse y depurarse responsabilidades. Nadie está por encima de la ley, tampoco la Policía.
Pero una cosa es exigir responsabilidad y transparencia a las instituciones policiales y otra muy distinta es contribuir a un discurso de deslegitimación generalizada de la autoridad, que puede terminar alimentando actitudes de desprecio, enfrentamiento y desafío a las normas básicas de convivencia.
La crítica legítima no puede convertirse en una coartada para la violencia. La reivindicación de derechos no puede utilizarse para justificar el lanzamiento de piedras, botellas o cualquier otro objeto contra los agentes. Y la denuncia de posibles actuaciones irregulares nunca puede servir de excusa para considerar que enfrentarse violentamente a la Policía es una conducta aceptable.
Y a todo esto hay que añadir otro problema especialmente preocupante: la falta de consecuencias suficientemente contundentes ante las agresiones a los agentes de la autoridad.
Existe una percepción cada vez más extendida entre los profesionales policiales de que agredir a un policía, enfrentarse violentamente a una intervención o poner en grave peligro su integridad física puede acabar teniendo unas consecuencias penales que no guardan proporción con la gravedad de lo sucedido.
No se trata de reclamar privilegios, ni de pedir que la Policía esté por encima de la justicia. Se trata de exigir que las agresiones contra quienes representan la autoridad legítima del Estado tengan una respuesta judicial proporcionada a su gravedad y a las consecuencias que pueden ocasionar.
Porque resulta difícil explicar a un agente que tiene que afrontar situaciones de enorme riesgo, que debe intervenir cuando los demás retroceden y que debe poner en peligro su propia integridad para proteger a terceros, que después de recibir una agresión puede encontrarse con una respuesta institucional, social o judicial que no parece estar a la altura de lo sucedido.
Y aquí la crítica debe ser clara y contundente.
Hay ocasiones en las que falta apoyo institucional, cuando las administraciones no respaldan suficientemente a sus profesionales, cuando miran hacia otro lado o cuando el agente termina sintiéndose solo después de haber intervenido en una situación de riesgo.
Hay ocasiones en las que falta apoyo social, cuando determinados comportamientos violentos se justifican, cuando se cuestiona sistemáticamente al policía sin conocer los hechos o cuando la agresión al agente parece despertar más comprensión que rechazo.
Y también hay ocasiones en las que la respuesta judicial genera una profunda sensación de desprotección entre los profesionales, especialmente cuando las consecuencias de determinadas agresiones parecen quedar muy lejos del daño físico, psicológico y profesional ocasionado.
Un policía no puede convertirse en el profesional al que todo el mundo exige responsabilidades, pero al que muy pocos están dispuestos a respaldar cuando es él quien resulta agredido.
La autoridad no puede sostenerse únicamente sobre el uniforme y la obligación legal de intervenir. Necesita respaldo institucional, reconocimiento social y una respuesta judicial que transmita un mensaje inequívoco: la violencia contra quienes protegen a la ciudadanía tiene consecuencias.
Cuando la agresión sale prácticamente gratis a ojos de quien la comete, el mensaje que se transmite es devastador. Se alimenta la sensación de impunidad, se debilita la autoridad y se incrementa el riesgo de que estas conductas se repitan.
Cuando se transmite constantemente la idea de que la autoridad es el enemigo, cuando se cuestiona sistemáticamente la legitimidad de quienes deben hacer cumplir las normas y cuando determinados comportamientos violentos encuentran comprensión, justificación o respaldo, estamos alimentando un escenario extraordinariamente peligroso.
Y lo verdaderamente preocupante es que no podemos normalizarlo.
Una sociedad que tolera que sus agentes sean apedreados, golpeados, desarmados o tiroteados está entrando en un terreno extraordinariamente peligroso. Porque cuando el enfrentamiento con la autoridad deja de generar rechazo social y comienza a justificarse, aplaudirse o incluso a convertirse en una conducta imitada, estamos dando pasos hacia algo mucho más grave: la quiebra de las normas básicas de convivencia y el debilitamiento del propio Estado de derecho.
Eso tiene un nombre: el principio del desorden.
Y el desorden llevado al extremo abre la puerta a la anarquía, entendida no como una reflexión filosófica o una posición ideológica, sino como la ausencia efectiva de normas respetadas, límites compartidos y autoridad legítima.
No se puede construir una sociedad libre si cada individuo decide qué normas cumple, qué autoridad reconoce y hasta dónde está dispuesto a llegar para imponer su voluntad por la fuerza.
La libertad no consiste en poder hacer cualquier cosa sin asumir consecuencias. La libertad necesita reglas, necesita derechos, pero también obligaciones. Necesita instituciones y necesita profesionales que puedan ejercer sus funciones sin tener que jugarse la vida cada vez que intervienen para hacer cumplir la ley.
Y aquí conviene decirlo alto y claro: defender a la Policía no significa defender cualquier actuación policial, ni situar a sus miembros por encima de la ley. Significa defender el principio de autoridad legítima, el Estado de derecho y el derecho de todos los ciudadanos a vivir en una sociedad donde las normas se respeten y quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir puedan trabajar sin ser víctimas de la violencia.
Porque hoy ha sido un policía local en Palma. Mañana podría ser cualquier otro agente. Y pasado mañana, cualquier ciudadano que se encuentre en medio de una situación en la que la violencia haya sustituido por completo a las reglas de convivencia.
No podemos permitir que estas conductas se multipliquen. No podemos mirar hacia otro lado ni buscar justificaciones donde lo único que cabe es una condena rotunda. Tampoco podemos aceptar que agredir a un policía se convierta en una especie de demostración de valentía, rebeldía o impunidad.
Quien ataca a un agente mientras cumple con su obligación no está ejerciendo una libertad: está poniendo en peligro la seguridad de todos. Y ahora más que nunca, apoyo incondicional a la Policía.
Quiero trasladar todo mi apoyo, solidaridad y reconocimiento al policía local herido en Palma, a sus compañeros y a su familia. Mi deseo de una pronta recuperación y mi respeto absoluto a todos los profesionales que, cada día, salen a la calle sin saber qué situaciones tendrán que afrontar ni si regresarán a casa en las mismas condiciones en las que salieron.
Y quiero hacer extensivo ese apoyo a todos los policías de España, sin distinción de cuerpos, uniformes, administraciones ni territorios.
Porque la palabra Policía no necesita apellidos para definir su función.
Los apellidos son Local, Nacional, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra , Foral o Guardia Civil. Pero detrás de todos esos nombres hay profesionales que comparten una misma responsabilidad: proteger a la ciudadanía, garantizar los derechos y libertades y velar por el cumplimiento de la ley.
La palabra Policía es seguridad. La palabra Policía es protección. La palabra Policía es también libertad.
No podemos permitir que las diferencias competenciales, territoriales o administrativas nos hagan olvidar que todos forman parte de un mismo compromiso con la sociedad.
Más que nunca, apoyo incondicional a todas las policías de España. Especialmente en un futuro que se presenta complicado y en el que los desafíos a la seguridad, la convivencia y la autoridad legítima pueden exigir cada vez más de quienes están en primera línea.
Es hora de recuperar el respeto institucional y social que merecen nuestros cuerpos policiales. No un respeto basado en el miedo, sino en el reconocimiento de su función, en la confianza en las instituciones y en la defensa de unas reglas de convivencia que nos protegen a todos.
Porque una democracia necesita una Policía respetada, respaldada y protegida, exactamente igual que necesita una Policía responsable, profesional y sometida a la ley.
O recuperamos el respeto que merecen nuestras policías o corremos el riesgo de que el caos y la violencia acaben adueñándose de nuestras calles.
Y que nadie se equivoque: cuando la autoridad legítima retrocede ante la violencia, no gana la libertad. Gana quien está dispuesto a imponer su voluntad por la fuerza.
Donde no hay orden, no hay libertad. donde no se respeta la ley, impera la fuerza. y donde no hay policía, el caos encuentra su espacio.
Lo ocurrido en Palma no debería ser solamente noticia de un día. Debería ser una llamada de atención a toda la sociedad.
Porque una sociedad que deja de proteger a quienes la protegen termina poniendo en peligro su propia libertad
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