No han pasado ni siquiera 24 horas desde que el Consejo de Ministros aprobara los polémicos reales decretos sobre vivienda que le permitirán intervenir el mercado y a pesar de ello la parte de Sumar del Gobierno ya ha movido ficha para tratar de capitalizar el efecto de esa decisión en términos electorales.
En un comunicado emitido este martes, el Ministerio de Consumo liderado por Pablo Bustinduy -del partido de Yolanda Díaz- ha anunciado la apertura de un expediente contra una gran plataforma inmobiliaria -sin desvelar cuál- por «prácticas comerciales desleales», a la vez que informaba de la remisión de una misiva a las principales empresas del sector para informarles de las nuevas obligaciones en materia de publicidad de pisos en alquiler que incorpora el real decreto ley aprobado ayer.
Consumo ha asegurado que se mantendrá «vigilante» para que las plataformas digitales incorporen la nueva normativa que permite a los inquilinos disponer de una mayor información al interesarse por una vivienda con la mayor rapidez posible.
En concreto, el artículo 20 de este real decreto-ley regula la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de vivienda. Según este articulo, toda esa oferta o publicidad deberá incluir, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda y, en su caso, la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores.
Esto será obligatorio para los anuncios de vivienda en cualquier ciudad del país, independientemente de que el inmueble se ubique en zona declarada como tensionada. Así, los potenciales inquilinos podrán conocer cuál es el precio de referencia para las administraciones de la vivienda que quieren alquilar, o la renta del último contrato.
Con esta información se podrá comparar el precio ofertado por el casero con el precio que se considera adecuado, y si se están realizando subidas respecto a los últimos inquilinos. También deberá publicarse el límite de renta aplicable en los ámbitos sujetos a limitación legal, como las zonas tensionadas, así como la condición de gran tenedor del arrendador.
Asi lo ha explicado el Ministerio en el mismo día en el que anunciara que ha abierto un expediente sancionador a un portal inmobiliario que opera en todo el país por posibles prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios, según ha indicado en un comunicado este miércoles.
La Dirección General de Consumo inició esta investigación tras recibir una denuncia de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
En este sentido, el departamento de Consumo ha recordado que las practicas comerciales desleales con los consumidores constituyen una «infracción administrativa», pudiendo ser sancionado como infracción grave, con multas de hasta 100.000 euros o entre cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido.
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