Cuerpo maniobra in extremis para que los fondos europeos no le abran un agujero al Estado

Cuando aún faltaban dos meses para que llegara el 31 de agosto, la fecha marcada en rojo por la Comisión Europea a los países para que asignen las últimas subvenciones con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación y acrediten el cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos en su día, a España aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Según la información oficial, aún tenía 148 hitos y objetivos pendientes de evaluar , críticos para desbloquear el ingreso de los 21.462 millones en transferencias a fondo perdido y de los 4.400 millones en préstamos baratos que aún tiene pendientes de recibir, y con los que se cuenta para financiar programas y ayudas que en muchos casos ya ha comprometido o asignado con cargo a endeudamiento público; y una quinta parte de las transferencias a su disposición pendientes de asignar, según cálculos de BBVA Research.El escenario es inquietante para las arcas públicas . El informe del prestigioso servicio de estudios de la entidad financiera bilbaína sostenía que de mantenerse en julio y agosto el mismo ritmo de ejecución de la primera mitad del año España solo podría ejecutar antes del 31 de agosto el 87% de las transferencias reconocidas por Bruselas y, por tanto, podría perder en torno a 10.000 millones de euros de esos recursos por no ejecutarlos en tiempo y forma.Hasta la fecha no hay datos oficiales de cómo ha ido la cosa en este periodo y la única referencia es la confianza que ha mostrado el Ministerio de Economía en que se ejecuten hasta el último euro todos los recursos que finalmente se han pedido desde España. Hablamos de 101.318 millones de euros entre transferencias a fondo perdido y préstamos blandos. La cifra es muy inferior a la que el Gobierno aspiraba a ejecutar hace apenas un año, cuando estaba convencido de poder utilizar los más de 163.000 millones que le había asignado la Comisión Europa, e incluso inferior a la que se esperaba ejecutar a principios de julio, cuando el último parcheo introducido in extremis en ll Plan de Recuperación restó otros 1.260 millones de euros al que desde el Gobierno se sigue presentando como el mayor plan de transformación económica que se ha desarrollado en España.Un plan plagado de parchesPese a las dudas que surgen a partir del seguimiento de la información disponible, que según coinciden un puñado de analistas exigiría en estos dos meses un nivel de ejecución no visto en estos cinco años para aplicar el 100%, el Ministerio de Economía continúa trasladando el mensaje de que se asignarán todos los recursos previstos y que se cumplirán los cerca de 150 hitos y objetivos que están pendientes de evaluación.Ha hecho todo lo posible para que sea así. En el plazo de menos de un año el equipo de Cuerpo ha conseguido arrancar de las autoridades de Bruselas nada menos que cuatro modificaciones parciales del plan español de recuperación -la última acordada entre finales de julio y principios de agosto- para acomodar los compromisos estipulados en el plan a una realidad que hacía más que probable que muchos de ellos no se cumplieran. Objetivos concretos de desguace de vehículos, construcción de viviendas eficientes energéticamente o trabajadores en cursos de formación han sido sustituidos por otros más generales y factibles, con la complicidad de las autoridades europeas, para evitar tener que propinar un tijeretazo millonario al plan español.El nombre que el Gobierno ha decidido dar a estos arreglos es el de adendas de simplificación. La más célebre es la que se negoció en la recta final del año 2025 y se formalizó en enero de 2026, por la que el Gobierno de España renunció a 60.000 millones de euros de préstamos baratos de la Unión Europea con los que en principio estaba previsto dotar cuatro macrofondos, para cuestiones de transición energética, apoyo a la modernización del tejido empresarial o mejora de acceso a la vivienda que iba a gestionar el ICO, pero que la realidad se encargó de demostrar que ira imposible asignar antes del 31 de agosto. El Gobierno enmascaró ese fenomenal paso atrás con la cortina de humo del lanzamiento del supuesto fondo soberano 'España Crece', que no es más que una versión minimizada de los cuatro fondos que iba a gestionar el ICO.El Gobierno ha retocado, con la complicidad de Bruselas, cientos de hitos y objetivos imposibles de cumplir y que podrían haber obligado a las autoridades europeas a quitar a España recursos millonariosPor el camino el Gobierno recortó de forma sustancial la ambición de alguno de sus planes más emblemáticos, como los de construcción de viviendas energéticamente sostenibles destinadas al alquiler asequible, e incluso renunció directamente a otros proyectos. El resumen es que desde el pasado mes de enero el Gobierno ha revisado -la mayoría de las veces para rebajarlos- más de 300 medidas de las 511 que preveía el Plan de Recuperación para evitar incumplir los compromisos adquiridos y que Bruselas le obligara a reintegrar los fondos asignados dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.La regulación de este mecanismo obliga a los países a devolver en todo o en parte los recursos que se le asignaron cuando los compromisos adquiridos, y formalizados de forma muy detallada en las disposiciones operativas firmadas con los servicios de la Comisión Europea, no se cumplieran o se cumplieran solo de forma parcial. Pese a los ímprobos esfuerzos negociadores realizados por España casi desde la puesta en marcha de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, una vez el Gobierno se dio cuenta de que los muy ambiciosos objetivos planteados iban a ser imposibles de cumplir, bien por las dificultades que planteaba el propio procedimiento de la administración española bien por el cambio de las condiciones de mercado derivado del ataque ruso a Ucrania -que disparó la factura de buena parte de los proyectos planteados-, Bruselas le ha acabado reteniendo temporalmente cerca de 1.500 millones de euros en los tres últimos pagos de fondos europeos, de los que solo ha podido recuperar menos de 500.Un legado en cuestiónEse poder de transformación sobre la economía española que el Gobierno ha atribuido desde el principio al Plan de Recuperación es visto con reservas por buena parte de los actores económicos . Desde CEOE se subraya la incapacidad de ejercer el efecto tractor que se preveía sobre la inversión privada, se lamenta que buena parte de los fondos hayan acabado en el sector público y se critica el escaso despliegue que han tenido los proyectos estratégicos de modernización económica, los llamados Perte.Estas lagunas han condicionado su impacto económico. Aunque hay discrepancias en torno al mismo, y mientras el Banco de España estima que habría aportado dos puntos al PIB desde Funcas se rebaja su impacto al entorno de un 15% del crecimiento de los últimos años, parece haber un consenso general entre los expertos sobre la escasa capacidad que ha tenido para impulsar la inversión empresarial y para mejorar la productividad, aún cuando se disponía de un bazuka de 160.000 millones de euros.El Partido Popular lo tiene claro: se trata de una oportunidad histórica perdida por una mala gestión.