Cursilería ultraprocesada

La definición de lo cursi como lo inauténtico es insuperable. Es la afectación que sustituye a la verdad; la cursilería moral no busca el bien, sino la pose del bien. Lo cursi nunca ha sido una cuestión de encajes rosas ni de poética ramplona; lo cursi es, en su esencia más pura, lo falso, la afectación de quien necesita sobreactuar una emoción porque no la siente.

Por eso (Ana Belén recitando a la viejecita), la cursilería moral resulta tan asquerosamente empalagosa como hincarle el diente al relleno sintético de una Oreo de marca blanca; empalaga al primer bocado y deja un regusto industrial a mentira.

Como ver a la corte celestial del progresismo posar junto al drama humano como quien se hace un selfi en una alfombra roja. Irene Montero no trataba de solucionar la vida a nadie (eso requeriría analizar costes o entender la propiedad privada), sino de escenificar la santidad propia ante (sus escasos y crédulos seguidores) las cámaras.

Luego un policía le pidió calma y ella contestó con la frase que resume toda una ideología: Perdone, soy eurodiputada. El agente le recordó que era una ciudadana como el resto. Fue el momento más igualitario de la mañana. El asunto de Maricarmen ha dejado al descubierto el engranaje de los buenos obreros de la industria de la bondad.

El drama es sencillo: una señora disfruta de un piso señorial pagando una renta testimonial de 500 euros mientras ingresa una pensión aceptable. Los propietarios (esos malvados seres humanos que cometen el delito de querer disponer de su patrimonio o no arruinarse pagando IBI y derramas para subvencionarle el arriendo a un tercero) deciden que hasta aquí hemos llegado.

Cuentan las escrituras de la izquierda moral que existe un mandato divino no escrito: si usted tiene más de ochenta años y vive en el barrio de Retiro, la Ley de la Gravitación Universal y la del Código Civil quedan suspendidas. Irrumpe entonces el coro de la superioridad moral.

Se despliegan pancartas, acuden las cámaras y se activa la procesión del Sagrario del Alquiler. Poco importa que los Servicios Sociales le hayan ofrecido una plaza en una residencia o una alternativa habitacional en Alcalá de Henares. ¿Alcalá? Por favor.

Aceptar una solución pública fuera del perímetro de la M-30 sería una claudicación ante el capitalismo heteropatriarcal. Pedro Sánchez, tras años de inoperancia patente en materia de vivienda, contempla el espectáculo con satisfacción.

Han logrado el prodigio de intervenir tanto el mercado que ya no hay pisos en alquiler, los precios están en la estratosfera y el pequeño propietario prefiere tapiar la puerta antes que alquilar a nadie que no presente un aval emitido por la NASA.

Mientras… en el plató de la compasión, los oficiantes del programa solidario se indignan en prime time. Ana Belén e Irene Montero se graban farmeando aura junto a la ancianita. Asistimos en directo a la gran maratón del aplauso: señoras de la cultura oficial y políticas acudieron al portal no a pagar una fianza, sino a ponerse con la cámara encendida para rascar unos puntos de superioridad a precio de saldo.

Es la épica de TikTok: el Estado falla en construir vivienda pública, le endosa la beneficencia a un particular y, cuando el particular pide auxilio, le manda a una turba a llamarle fondo buitre. Para la izquierda caviar, la caridad es de obligado cumplimiento… mientras la pague el vecino.

Mari Carmen me da una pena enorme. Perder a esa edad las habitaciones donde transcurrió tu vida es una desgracia. Pero el Gobierno que se presenta como el más progresista de la historia debe explicar por qué ha hecho 31 anuncios importantes de vivienda y solo ha sacado adelante uno: El Gobierno también protesta. ¿Ante quién, exactamente?

Por cierto, el fondo buitre resultó tener siete empleados. Son dos hermanos abogados que se dedican sobre todo a comprar y vender farmacias. Hay bares en Lavapiés con más plantilla. Luego está el culpable que nadie mencionó en la acampada: la ley. A Maricarmen no la echaron por no pagar.

La echaron porque la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, firmada con Felipe González en la Moncloa, dice que la segunda subrogación de una renta antigua dura dos años, salvo que el inquilino tenga una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene un 50%.

Quince puntos la separaban de morir en su casa. La burocracia española mide la compasión por puntos, como el carné de conducir, y a ella le faltaron quince, que es más o menos lo que te quitan por conducir pedo. Maricarmen merecía más que las dos cosas que le ofrecieron, una canción de un lado y una orden judicial del otro.

Merecía que alguien reformara hace veinte años una ley absurda. Merecía que el Estado pagara su propia política social en vez de cobrársela a un casero. Y merecía que quienes la convirtieron en símbolo se preguntaran qué harán con ella cuando las cámaras se vayan a otro portal.