Un nuevo paquete de medidas que se resumen en una: respeto. Galicia es, desde la pasada semana, pionera a nivel nacional en la regulación que a partir de ahora regirá en sus aulas, y que coloca la convivencia en un lugar prioritario. Tanto, que blinda con sanciones de distintos grados – e incluso cuantiosas multas económicas – los supuestos en los que algún miembro de la comunidad educativa rompan estas reglas. Al frente de este giro en el guion para devolver a los centros educativos una mayor autoridad se sitúa el conselleiro del ramo en la Comunidad, Román Rodríguez, encargado de ir desgranando en los últimos días las nuevas medidas. «Fomentar el respeto y reforzar la autoridad docente » resumió el responsable, son las claves para proteger «el respeto entre las personas» en un contexto en el que el acoso escolar lleva años escalando, y al que Galicia le planta cara ya.Este plan de «coeducación» interpela a todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos los progenitores, pero también hace responsables a los alumnos de sus acciones, y de las consecuencias que se derivarán de ellas. «Está -asumió Rodríguez- orientado a que todos los alumnos convivan en libertad con sus características en los centros educativos, y no sean denostados». De ahí que, junto a la prevención, haya medidas orientadas a señalar y actuar. En casos de acoso y ciberacoso, por ejemplo, se buscará la responsabilidad del acosador, que será penalizado. Lo mismo cuando se ataque física o verbalmente al profesorado, una circunstancia cada vez más usual para la que Galicia cuenta ya con un régimen de sanciones que irá de los 300 euros en los casos más leves, hasta los 15.000 euros en los de mayor gravedad. «Es la primera vez en España que se plantea un régimen así, en este caso enfocado a las personas que agreden a los docentes, reforzando la autoridad del docente. Incluye insultos, o acoso en redes sociales, y no va a salir gratis» recalcan desde la Xunta en un intento por devolver al profesorado una posición de respeto. Estas sanciones, explican a ABC desde Educación, se enmarcan en el plano administrativo, más allá de los procesos judiciales que se podrán abrir, manteniendo la vía judicial. Debatido con un grupo de profesionales de reconocido prestigio en el sector, el paquete de medidas y modificaciones, que se materializan a través de la Lei de acompañamento de los Presupuestos 2027, incorpora otros capítulos llamativos que afectan directamente al día a día en las aulas y a la relación alumno-profesor. Uno de ellos es que, dentro de esta nueva escala sancionadora, será falta leve no llevar los deberes o los trabajos de clase hechos . «Es necesario diseñar una serie de medidas que favorezcan que aquellas personas que infringen las normas de convivencia tengan algún tipo de sanción, porque si no entraríamos en un buenismo que realmente tiene poca eficacia», defendió el máximo responsable de la educación en esta comunidad. En sintonía con esta idea, y también como parte de esta nueva hoja de ruta más punitiva, asistir al aula de forma reiterada e injustificada sin los materiales o recursos necesarios podrá conllevar la imposición de tareas educativas o actividades académicas dentro o fuera de la clase, o, en los casos más graves, la expulsión del centro durante cinco días . No se trata de que un alumno, si un día no trae una libreta, vaya a tener automáticamente una expulsión de unos días, sino que se trata de casos reincidentes, y cada centro gradúa perfectamente a aplicación de estas medidas«, explicó la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, en un intento por ordenar las nuevas reglas dentro de un contexto realista.Con lo que no habrá medias tintas seguro, avanzan ya desde la consellería, es con el uso de los teléfonos móviles, prohibidos desde hace tiempo en los centros educativos gallegos. Unos polémicos dispositivos sobre los que todos los focos están puestos y que la normativa ata en corto. Para plantar cara al acoso y al ciberacoso, las sanciones por utilizar teléfono móvil dentro de las instalaciones podrán conllevar desde tareas educativas a una expulsión de las aulas de seis a 20 días lectivos. Así, se considerará una conducta grave contraria a la convivencia la utilización del teléfono u otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, incluida la entrada y salida del centro, los tiempos de recreo y comedor o las actividades extraescolares. En el caso de cometer esta falta, insisten desde la consellería tras recabar la visión de numerosos profesionales del ramo, el alumno podrá ser sancionado con la realización de tareas educativas, dentro o fuera del horario lectivo, o la expulsión del centro, jornadas en las que realizará las actividades correspondientes desde casa para garantizar la continuidad de su proceso de aprendizaje. En cuanto al uso académico de estos dispositivos, la Xunta lo restringe, limitándolo a partir de 3º ESO. Sobre esta decisión, los expertos coinciden en que favorece la socialización del alumnado, reduce la desconcentración, y también el riesgo de ciberacoso. Riesgos reales que llevan años afectando de lleno al día a día de los alumnos y ante los que ya Galicia ha tomado posición.
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