Una vivienda de unos 100 metros cuadrados, una piscina y un almacén de unos 40 metros cuadrados que fueron levantados sin licencia en una finca de Mallorca han sido derribados y la propiedad sancionada.
Según la información de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca difundida en redes sociales, se trata de una finca rústica de menos de 2.000 metros cuadrados (se requieren como mínimo 14.000 en Mallorca) en las que se habían levantado estas construcciones sin licencia.
Se trata, según han indicado, de actuaciones ilegalizables porque no cumplían la normativa urbanística, por lo que tenían que ser demolidas en aplicación de la ley. Estas obras son ilegalizables, porque no cumplen la normativa urbanística, por lo que debían ser necesariamente demolidas en aplicación de la ley.
La propiedad ha tenido que asumir todos los costes de la demolición. La Agencia también ha impuesto la sanción correspondiente a las personas responsables de esa ilegalidad urbanística.
En general, los propietarios afectados se acogen a la reducción de las sanciones establecidas por ley y abonan la ejecución y coste de las obras dentro del plazo voluntario establecido para ello.
Las multas de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT) por construir de forma ilegal en suelo rústico pueden alcanzar del 50% al 100% (o más) del valor de la obra ejecutada, y en la última década, ha recaudado en torno a 50 millones por esta cuestión o por no demoler las obras ilegales con en torno a 1.600 sanciones tramitadas por construir sin licencia.
No obstante, hay que precisar que la ADT tiene la finalidad de ejercer las competencias insulares en materia de protección de la legalidad urbanística y las municipales sobre ese particular, siempre que les sean cedidas por los ayuntamientos mediante los correspondientes convenios de delegación.
Es desde enero de 2018 cuando la ADT tiene competencias directas en suelo rústico protegido, por lo que su labor de inspección y la vigilancia urbanística contribuye a la protección del territorio y el paisaje, haciendo cumplir las normas urbanísticas y territoriales vigentes en cada momento, a la vez que genera un valor añadido al sector de la construcción y nuevos ingresos para los ayuntamientos de Mallorca.
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