El ático de Chamberí tenía como fin ser una «zona destinada a lugar de trabajo, área de descanso y alojamiento ocasional»

En el expediente de la adquisición del ático del Paseo del General Martínez Campos por parte de la empresa pública Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad, se detallan las razones, en sus 224 páginas, que llevaron primero a la compra del inmueble, luego a su alquiler por parte del Gobierno regional y por último a su venta, un proceso este último que sigue abierto tras quedar desierta la primera puja. Precisamente, el Consejo de Administración de Planifica Madrid se ha reunido este viernes y ha acordado mantener la venta del inmueble, por el mismo precio: 6.795.0000 euros. El procedimiento de venta estará abierto hasta que se reciba una oferta que cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos.Según el expediente relacionado con la operación del ático, la Comunidad buscaba un inmueble que tuviera una «zona destinada a lugar de trabajo, área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o a las propias autoridades de la Administración regional». También se especifica como finalidad del inmueble la búsqueda de «espacios accesorios o suplementarios en contextos de gestión de crisis que pueden prolongarse en el tiempo y requerir de espacios complementarios con posibilidad de uso residencial», algo que podría producirse, por ejemplo, en una situación de pandemia como la del Covid. La Comunidad de Madrid estimaba, en el informe que justifica el arrendamiento, fechado el 2 de julio, la necesidad de disponer de un inmueble con esas finalidades por «razones operativas, de seguridad y de representación institucional, entre otras». En la memoria de arrendamiento no se especifica la proporción de superficie a la que se destinarían los diferentes espacios. El edificio tiene fachada al Paseo del General Martínez Campos y a la calle Zurbano. «Presenta una configuración física propia propia de vivienda, integrada por salones, dormitorios, cuartos de baño, cocinas y demás dependencias características de este tipo de uso». Le corresponde el aparcamiento de dos vehículos en un garaje común, un trastero y una habitación para el personal de servicio en la planta baja. Según la información de Planifica, la vivienda dispone de una superficie de 500 metros cuadrados construidos, de los que aproximadamente 401 corresponde con la superficie cerrada de la vivienda y 99 con la superficie de terraza. Este último dato difiere de la superficie registral, tras unas obras que se realizaron con anterioridad. El estado de conservación de la vivienda en el momento de su adquisición es «adecuado», aunque se detecta en el falso techo del vestíbulo un resto de humedad. Se señala, además, que según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid tiene un uso «residencial». «Es uso residencial el que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas». No obstante, el consejero de Presidencia precisó durante su comparecencia en la Asamblea que ese uso residencial es compatible con la posibilidad de disponer de un lugar de trabajo institucional, con despacho incluido. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid define el uso residencial como aquel que sirve para proporcionar alojamiento permanente a las personas, «sin que exista una regulación específica para las residencias institucionales que comprendan espacios de zona de trabajo, descanso y alojamiento ocasional de autoridades», según la memoria de arrendamiento. En un informe de Planifica Madrid del 7 de julio, es decir, tres semanas antes de que estallara la polémica por la compra del ático, se señala que el uso del inmueble, con las finalidades señaladas por la Consejería, «es compatible con la normativa urbanística aplicable». Es decir, que podría ser un espacio institucional con lugares de trabajo y con la posibilidad de alojamiento «ocasional». «La Comunidad de Madrid tiene interés en hacer uso del mismo como inmueble institucional de carácter residencial o dependencias específicas para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales», explica la Consejería de Economía en un informe sobre la compraventa, en el que, como se ve, se analiza el uso «de manera permanente». El contrato de alquilerEl contrato de arrendamiento de la Comunidad de Madrid con Planifica Madrid iba a entrar en vigor el 1 de agosto de 2026, pero la presidenta regional había anunciado dos días antes su venta. Se fijaba una renta anual de 36.000 euros, es decir, 3.000 al mes. El plazo de contrato era de diez años, aunque la arrendataria podría desistir del arrendamiento en cualquier momento. Se fija un periodo de carencia de pago de la renta de 15 meses, por lo que la primera mensualidad correspondería al mes de noviembre de 2027. En el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid se afirma, de la misma manera, que el arrendamiento busca un «inmueble institucional de carácter residencial o dependencia específica para su uso de manera permanente u ocasional por distintas autoridades como apoyo a las sedes oficiales», si bien se especifica que el uso pretendido se detalla más en la memoria de la Consejería de Presidencia del 2 de julio, en la que se subraya que una de las finalidades es ser «alojamiento ocasional» para autoridades en visita oficial y para las locales. «Parece que el destino pretendido del inmueble encontraría un encaje más adecuado en la calificación de arrendamiento para uso distinto del de vivienda definido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)», sugiere la Abogacía. No obstante, «se informa favorablemente la propuesta» del contrato de arrendamiento. Reparos de la IntervenciónEl informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda es «favorable», aunque emite observaciones complementarias sobre el arrendamiento. Así, se apunta que no se ha aportado el informe de conformidad del uso con la normativa urbanística aplicable. También se subraya que debería haber un desarrollo mayor en los informes previos emitidos, como el de Patrimonio y Contratación, ya que no profundizan en el estudio de «necesidad, idoneidad, aspectos económicos tales como renta, gastos, comparativa de edificios similares, etc.». El informe de la Intervención se firmó el 27 de julio. El 30 de julio, con la polémica ya en los medios de comunicación por la compra del inmueble y con la Comunidad de Madrid sufriendo el peor incendio de su historia, en la Sierra Oeste, desde la Consejería de Economía se firma la orden para dejar sin efecto la autorización del contrato de arrendamiento con el gasto de 315.000 euros (el alquiler durante 10 años, con efecto desde noviembre de 2027). La orden se produce «habiendo manifestado la Consejería de Presidencia la desaparición de la necesidad que motivó la solicitud de arrendamiento formulada». «En ningún momento se produjo la toma de posesión ni el uso del inmueble, no generándose obligación económica alguna», Según explicó en ese momento la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se había decidido la venta inmediata del inmueble para destinar el importe, 6,8 millones de euros, a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios.