El cónsul en Uruguay, tras las cautelares del TS por la ‘ley de nietos’: «Vamos a seguir con las tramitaciones»

«Así que, por ahora, no hay alarma. Los españoles son españoles». Con esta declaración, el cónsul general de España en Montevideo, Juan Carlos Gafo, se dirigió el 17 de septiembre —una semana después de las medidas cautelares del Tribunal Supremo (TS) que vetaba el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' — a los residentes en Uruguay preocupados por el proceso de nacionalización durante una charla informativa organizada por el consulado. «Vamos a seguir con las tramitaciones», confiesa.En un acto realizado en el Centro Cultural de España en Montevideo, con la presencia de la secretaria gestora de la filial del PSOE en el país, Shirley Estévez, el diplomático trasladó a los asistentes una interpretación errónea de la sentencia del Alto Tribunal en la que aseguraba que la suspensión solo afectaba a una minoría nacionalizada bajo los requisitos originales de la 'ley de nietos', y no a quienes consiguieron el pasaporte con la posterior instrucción del Ministerio de Justicia elaborada por Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.El cónsul sostuvo que los jueces bloquearon exclusivamente a quienes «se ajustan al criterio más estricto contenido inicialmente en esa disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática». Es decir, a «las personas que realmente descienden de exiliados por motivos políticos, de orientación sexual, de religión o persecución». Gafo restó importancia a este grupo afirmando que «hay muy pocas de esas personas, por razones obvias».A continuación, contrapuso a esa minoría con el grueso de los expedientes tramitados. «Cinco días después de esa ley, recibimos una instrucción del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Exteriores que ampliaba considerablemente los supuestos», argumentó. El mensaje del cónsul establecía que quienes utilizaron esta vía administrativa no tenían motivos para preocuparse por el veto electoral: «Así que, por ahora, no hay alarma. Los españoles son españoles. Vamos a seguir haciendo la gestión de las solicitudes que hemos recibido en el consulado».La parte dispositiva del auto del Tribunal Supremo establecía un marco inverso al descrito por el diplomático. La Justicia blindó el derecho al voto de la minoría de verdaderos exiliados demostrables (el grupo que Gafo dio por suspendido) y bloqueó cautelarmente el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para la mayoría que obtuvo el pasaporte amparándose en la flexibilización de la norma. Los votantes apartados de las urnas eran precisamente a quienes el cónsul garantizó que no había alarma.El consulado aceleró los trámites: «Ahora soy más optimista y creo que con el equipo del consulado a pleno rendimiento, posiblemente estemos en tres años»La instrucción a la que aludía Gafo fue dictada en octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, tan solo unos días después de la publicación de la original. Esta directriz presuponía la condición de exiliado a cualquier emigrante que abandonara España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Un criterio que permitió a miles de ciudadanos conseguir el pasaporte español y, por consiguiente, el derecho a voto.Trámites «a pleno rendimiento»Lejos de anunciar una ralentización de los trámites ante las cautelares, Gafo defendió el ritmo de trabajo que estaban realizando: «Yo siempre he dicho que este proceso en condiciones normales iba a durar cinco años. Ahora soy más optimista y creo que con el equipo del consulado a pleno rendimiento, posiblemente estemos en tres años».Además, el cónsul desglosó las cifras de su departamento. Confirmó la recepción de 50.000 solicitudes, de las cuales 16.000 (un 32%) ya están gestionadas y con la nacionalidad otorgada. Otras 18.000 (el 39%) son solicitudes con cita aún no resueltas, 5.000 credenciales están otorgadas a la espera de cita, y restan entre 3.000 y 4.000 solicitudes pendientes de recibir credencial.Según explicó, Uruguay alberga actualmente un padrón de 83.300 españoles, frente a los 60.000 de hace pocos años, y avanza hacia los 120.000 impulsado por el «arrastre familiar». El país, siguió, «podría convertirse en el territorio con mayor porcentaje de españoles respecto a la población local».«Estricta observancia a las decisiones judiciales»ABC se ha puesto en contacto con Juan Carlos Gafo para preguntar acerca de aquella errónea interpretación que garantizó inmunidad a los nacionalizados por la vía de la instrucción. El cónsul ha evitado pronunciarse sobre sus propias afirmaciones y ha señalado que la posición de la legación es la de una «estricta observancia de las decisiones judiciales», en referencia al reciente auto del Alto Tribunal que ratifica las medidas cautelares. «Este consulado general se ha limitado y circunscrito a cumplir las instrucciones recibidas en todo momento (al menos, en lo que respecta a mi gestión), sin entrar a valorar cuestiones políticas o jurídicas que no nos competen», ha afirmado.Cumpliendo con los plazos estipulados por la Oficina Electoral, el cónsul detalló que el lunes 19 de octubre remitió al Ministerio de Asuntos Exteriores toda la información relativa a los electores afectados con el desglose exacto exigido desde Madrid.