El curso judicial arranca con la imputación del PSOE en el horizonte y Begoña Gómez a un paso del banquillo

El curso judicial se retoma este septiembre con una intensa actividad en los tribunales. Tras el breve parón de agosto, protagonizado por la crisis sin precedentes de Ceuta, tanto en la Audiencia Nacional como en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid vuelven las citas que, lejos de sacar del foco al entorno de Pedro Sánchez, agravan la crisis de su Gobierno.Se retoman las declaraciones del caso Zapatero; la gerente del Partido Socialista declara como investigada por el caso Leire Díez y Begoña Gómez tendrá que presentar su escrito de defensa en la causa por la que está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de malversación y tráfico de influencias. Todo, mientras la juez que ha abierto las primeras diligencias sobre lo ocurrido en Ceuta, María Tardón, espera los informes de la Policía para decidir si la Audiencia Nacional es competente para continuar con la investigación. Ese será el caldo de cultivo días antes de que el Rey presida, el próximo 10 de septiembre, la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, en la que intervendrán, como es tradicional, la presidenta del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general, Teresa Peramato. El expresidente y la balanza indiciariaEl juez José Luis Calama retoma el caso Plus Ultra tomando declaración a los máximos responsables de la aerolínea de capital venezolano, desde la que el magistrado ve indicios que se pagó una comisión ilegal al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para que presionara al Gobierno en favor del rescate de 53 millones de euros concedido a la compañía en marzo de 2021. Zapatero ya declaró como investigado y negó la mayor, pero la balanza indiciaria se inclina en contra de su versión cuando Julio Martínez, asesor de la aerolínea y amigo suyo, que habría funcionado como su testaferro, según los indicios recabados, declaró que sí acordó con él y con la cúpula de Plus Ultra una comisión. Además, el presidente y el consejero delegado de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presentaron sendos escritos en la Audiencia Nacional en el mismo sentido que Martínez y la compañía se abrió a colaborar con la investigación en la que se imputan al expresidente los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando de joyas. Si Sola y Roselli se ratifican, serán tres testimonios contra el de Zapatero, que asegura que no medió ni presionó para influir en el rescate de Plus UltraLos próximos 7 y 8 de septiembre, lunes y martes, el magistrado tomará declaración a Sola y Roselli. Serán días claves para Zapatero, porque si se ratifican en los escritos presentados ante el juez, se trata ya de tres testimonios que contradicen lo que él mantiene, que nunca medió ni presionó para influir en el rescate Plus Ultra ni Julio Martínez le pagó —a él o a sus hijas— desde su compañía Análisis Relevante para que mediase para conseguir la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de las declaraciones de los dos directivos se espera que el instructor ponga fecha a las comparecencias de Laura y Alba Rodríguez Espinosa y de Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, igualmente como investigadas. Mientras tanto, y meses después, el exlíder de los socialistas sigue sin dar una explicación sobre las joyas halladas en su despacho profesional, valoradas ya en 1,3 millones de euros por la Audiencia Nacional. La mujer del presidente se defiendeTambién el día 7 de septiembre finaliza el plazo para que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, presente su escrito de defensa antes de que el juez Juan Carlos Peinado abra juicio contra ella por malversación y tráfico de influencias, según ratificó la Audiencia de Madrid.Será su nuevo abogado, el penalista mallorquín Jaime Campaner, quien firme dicho escrito. Días después, el titular Juan Carlos Peinado convocará a las partes —también a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que irá a juicio por malversación— a una audiencia preliminar. Posteriormente dictará el auto de apertura de juicio oral (no recurrible) y remitirá las actuaciones a la Audiencia Provincial. Se espera que todo sea antes del 27 de septiembre, cuando el instructor debería jubilarse al llegar la edad máxima para hacerlo, los 72 años. Díez y el beneficio para el PSOEDos días después, el 9 de septiembre, llega el turno de uno de los testimonios más esperados en la Audiencia Nacional, el de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, en el caso Leire Díez que instruye el juez Santiago Pedraz. El magistrado ha asumido toda la investigación —hasta ahora una parte se investigaba en los Juzgados de la Plaza de Castilla— sobre los movimientos de la exmilitante y conocida como fontanera del PSOE supuestamente para desmontar las causas judiciales que afectan al entorno más próximo de Pedro Sánchez. Díez llegó a mantener una reunión con Diego Villafañe, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con Álvaro García al frente de ésta. Ana Fuentes tendrá que contestar por los pagos del PSOE a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael OliverTrabajadoras del PSOE declararon ante el juez que Díez entraba y salía de Ferraz sin dejar rastro, que aparcaba en el aparcamiento de la sede central del partido del Gobierno y que Santos Cerdán autorizó que se le pagaran viajes. La gerente del PSOE tendrá que contestar tanto sobre esos extremos como por los pagos que el partido habría hecho a los abogados Jacobo Teijelo —defensor de Cerdán y que participó con Díez en distintas reuniones que ahora se investigan— e Ismael Oliver —primer defensor de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos— que también está citado a declarar el día 9. Precisamente el juez investiga a Fuentes por «haber emitido como gerente del partido sendas notas de encargo dirigidas a justificar el pago de las cantidades satisfechas por el PSOE a Oliver y Teijelo en fechas en las que no consta que estos letrados estuvieran prestando asesoramiento jurídico al partido y existiendo indicios relevantes de que con esos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez». El testimonio de Fuentes es clave, porque si se demuestra que el partido se benefició de actividades ilegales de la denominada fontanera podría acabar investigado como persona jurídica. Mientras tienen lugar estas declaraciones, el juez Ismael Moreno sigue instruyendo, también en la Audiencia Nacional y bajo secreto reforzado, la investigación sobre los pagos en efectivo del PSOE que surgió a raíz del caso de las mascarillas por el que Ábalos y Koldo García fueron condenados a 24 y 19 años de prisión y en la que se investiga si ambos blanquearon dinero de comisiones ilegales utilizando el sistema de pagos por adelantado de Ferraz.Fuera de las causas de corrupción, el Tribunal Supremo celebrará, el 7 de septiembre, la vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox contra las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la 'ley de nietos', gracias a la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados.Ya a finales de mes, el 22 de septiembre, el Pleno del Tribunal Constitucional empezará a estudiar los recursos de amparo de los dirigentes del 'procés' porque el Supremo no les aplique la ley de amnistía tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Los magistrados comenzarán con el recurso del secretario general de Junts, Jordi Turull, y seguirán con los del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont, Raül Romeva y Dolors Bassa.