El Gobierno prevé asentar en Ceuta a más de 2.500 inmigrantes como mínimo seis meses

El « dispositivo temporal », según palabras de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, montado por el Gobierno para atender a los miles de inmigrantes que malvivían en la playa de El Trampolín en Ceuta , se prolongará un mínimo de seis meses más. De tal forma que, según fuentes gubernamentales consultadas por ABC, el Ejecutivo prevé que a finales de año como mínimo permanezcan en estos recursos excepcionales en Loma Margarita «alrededor de 2.500 personas» esperando una respuesta a su solicitud de asilo. Por ahora se han creado un total de 1.800 plazas extraordinarias en carpas instaladas por el Ministerio de Defensa, que deberán dar acogida a los que accedieron de forma masiva a finales del mes pasado y a los que vayan llegando a cuentagotas, algo que sigue ocurriendo a día de hoy. Según la información disponible «no hay fecha de desmontaje de los campamentos, constando como esta como sine die ». A esas plazas hay que sumarles las del CETI, que acoge a más de 800 y al más de un millar que hay en la calle.Según fuentes del departamento de Elma Saiz que han jugado un papel crucial en la construcción de estos campamentos humanitarios, «esto se podría haber hecho el día uno de la crisis, sin necesidad de esperar tres semanas de sufrimiento de los propios migrantes y de los ceutíes». Según este mismo funcionario «se decidió actuar así ya que desde el Ministerio del Interior se nos trasladó que retornarían prácticamente todos a Marruecos, que apenas quedarían unas decenas en Ceuta, lo cual era asumible con los recursos ordinarios que tiene la ciudad». La realidad, sin embargo, es muy distinta a la previsión del departamento de Marlaska, que ya falló en la prevención. En el Gobierno hablan de «improvisación» y de altos cargos «sobrepasado» con un fenómeno al que nunca se habían tenido que enfrentar. Todo este dispositivo, indican, «se está tramitando con mucha discreción» y «vigilancia» de los funcionarios para «que no haya filtraciones».Aunque de los miles de personas que el Ministerio de Migraciones está realojando desde este jueves por la mañana, cuando la Policía desalojó el campamento de la playa de El Trampolín, no todas van a tener reconocido el derecho a la protección internacional, el solo hecho de solicitarlos ya les otorga un estatus distinto al que tenían hasta ahora. De tal forma que, además de alargar la tramitación administrativa de los que sí tengan derecho a asilo, los que a sabiendas de que su caso no se recoge en lo que disponen las leyes podrán permanecer en estos recursos sufragados por el Estado, con cama, comida y atención sociosanitaria, durante los meses en los que se analiza su documentación.Mientras los ministerios implicados trabajan en la concesión o no de la protección internacional, el Gobierno tendrá que buscarles un recurso habitacional en la Península. Un proceso que, según fuentes del Ministerio de Migraciones, «no será rápido, ya que las plazas son muy limitadas». De tal forma que de los 1.800 que de momento han aceptado ser trasladados a estos campamentos, en el mejor de los casos, antes de diciembre, habrán salido alrededor de 300. Es la cifra más optimista, según estas fuentes, ya que antes de vaciar las carpas se debe vaciar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). A medida que salgan de esta instalación, los de las carpas irán siendo recolocados en este recurso habitual. Aquí es básica también la coordinación entre ministerios, ya que Migraciones desconoce cuando salen de la ciudad de origen, al tratarse de un trámite que debe realizar la Policía e Interior informar al resto de ministerios implicados.Migraciones calcula que del total de solicitudes de asilo se resolverán favorablamente alrededor de 75 por cientoCuando todo este proceso ya esté avanzado, a lo largo del primer trimestre del año que viene, se prevé que alrededor de un 75 por ciento de estos solicitantes de asilo, los que reciban un veredicto satisfactorio a su solicitud, viajen a alguna de las distintas comunidades autónomas. Al ser mayores, y tras una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de Migraciones a asumir el coste de su manutención, será el Estado el que tenga que hacerse cargo de su estancia. Lo más probable, indican las mismas fuentes oficiales, es que se les encuentre una plaza en alguna instalación o vivienda de las ONG que ya colaboran con el Ejecutivo. Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la situación, también se contempla la opción de realojarles en hoteles mediante contratos de emergencia con entidades sociales especializadas.El trabajo de la PolicíaQue la situación de estos inmigrantes que tengan derecho a asilo o ayuda humanitaria se prolongue en Ceuta, dependerá en gran parte del Ministerio del Interior y del trabajo de la Policía. Fuentes, del Ministerio de Migraciones, señalan que es «imprescindible» que Marlaska refuerce los efectivos de la Brigada de Extranjería dedicados exclusivamente a tramitar estos expedientes, cuyo trabajo es crucial para esta parte de la crisis migratoria.Reforzar la unidad de la Brigada de Extranjería que tramita la documentación de la protección internacional es clave para acelerar los procesosHabitualmente, estos trámites, en una situación normal, suelen durar de entre uno a tres meses, según esas mismas fuentes. Pero la avalancha del pasado 30 y 31 de julio, con miles de personas enfrentándose a un mismo proceso a la vez, hará que la gestión administrativa se postergue mucho más. Aunque la mayoría de las fuentes consultadas hablan de aproximadamente entre seis y diez meses para la resolución de los primeros expedientes, hay quien incluso lo alarga hasta un año.Eso no significa que los inmigrantes que duermen ya en las carpas tengan que permanecer todo ese tiempo en esas instalaciones provisionales. Algunos de ellos, los que tengan más suerte, podrán pasar al CETI a medida que otros compatriotas vayan siendo trasladados a recursos del Estado, que son los mínimos, o de ONG que colaboran con el Ministerio de Migraciones en la Península. Otros, podrían ser un punto polémico, teniendo en cuenta que Bruselas exigió a España que ninguno de esos ilegales que saltaron ilegalmente entrasen al espacio Schengen.