El magistrado gallego Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite la querella de dos antiguas trabajadoras domésticas contra Julio Iglesias. Pero en el auto, fechado este miércoles, ha censurado que la querella ofrezca un relato «mutilado». También ha subrayado el tono afectuoso de los mensajes que una de las denunciantes intercambió durante más de dos años con el entorno del cantante, en los que preguntaba reiteradamente por él.
La resolución abre la investigación por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Estos dos últimos quedan limitados a hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, «salvo que formen parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito».
El juez ha rechazado, en cambio, investigar al artista por trata de seres humanos y por delitos contra los derechos de los trabajadores. Las querellantes han sido citadas a declarar presencialmente el 3 de febrero de 2027 para ratificar su querella.
El núcleo de los dardos del instructor se dirige contra la construcción de la querella. Según el auto, esta narra la intervención de dos house managers de las residencias de Bahamas y República Dominicana, las señoras Zapata y Motta, pero sólo se dirige contra Iglesias.
El magistrado aprecia omisiones que «difícilmente pueden considerarse casuales y que parecen responder al propósito deliberado de favorecer la atribución de competencia a los tribunales españoles». La razón está en la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite juzgar en España delitos cometidos fuera por ciudadanos españoles, pero no alcanza a las dos mujeres, de nacionalidad extranjera.
Para el juez, la querella «fracciona los hechos e imputaciones de quienes identifica como responsables de las agresiones sexuales y maltratos físicos para lograr que el conocimiento de la querella se residencie ante los tribunales españoles».
Esa decisión, advierte, ha afectado al derecho de defensa. Las dos gestoras de las casas tendrían que declarar como testigos, con obligación de decir verdad. Su testimonio sería clave por ser, según el auto, «los únicos testigos directos de los hechos, ya que los demás que se aportan lo son referenciales».
El instructor ha matizado, no obstante, que dirigir la acción solo contra el cantante no supone un engaño al tribunal: «No se puede considerar que esta limitación del ámbito subjetivo constituya por si sola un fraude procesal».
Mensajes de WhatsApp
La segunda parte del reproche se apoya en los mensajes aportados por las propias denunciantes. Según la querella, la querellante 1 abandonó el trabajo el 30 de octubre de 2021. Una semana después, el 6 de noviembre, escribía a la señora Motta: «Como esta el sr?» y «Los extraño mucho!».
El auto recoge felicitaciones de Año Nuevo y saludos durante 2022 y 2023. El 2 de enero de 2023, la denunciante escribió: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mi». El último mensaje citado, de abril de 2024, vuelve a interesarse por él: «El señor está bien?».
«Esta relación se perpetua en el tiempo más de tres años, sin que en todo ese tiempo se haya producido reproche alguno por lo acontecido», ha señalado el juez.
Sin embargo, el propio auto ha introducido una cautela relevante. En esos fragmentos no hay reproches expresos, «sin que ello permita afirmar que no existieron en otras comunicaciones». Los mensajes presentan una «aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse».
El magistrado ha precisado que la admisión se produce «sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad». Considera el testimonio de la querellante un principio de prueba. También valora una fotografía con una equimosis en el brazo «compatible con la posibilidad de ser asida con fuerza» y dos marcas en un muslo que podrían corresponder a una mordedura.
Respecto a la trata, el auto sostiene que la contratación se hizo mediante una oferta pública en una red social y que «En su contratación no medio engaño ni artificio alguno». Añade que «No se le retiró el pasaporte ni se le restringieron las comunicaciones».
Los delitos contra los derechos de los trabajadores han quedado fuera porque ni Bahamas ni República Dominicana tipifican esas conductas como delito. Este es un requisito de doble incriminación que la ley exige para perseguir en España hechos cometidos en el extranjero.
No serán testigos protegidos
El juez también ha denegado la condición de testigos protegidos a las querellantes y a tres testigos. Considera que la querella «no aporta elemento en concreto que ponga de manifiesto la especial situación de peligro exigida por la ley». Sí ha acordado que en sus declaraciones solo se grabe el sonido, sin imagen. Además, su identidad no se comunicará al querellado hasta que la resolución sea firme.
Tampoco ha concedido la orden de alejamiento. Ha recordado a las denunciantes que los mensajes evidencian «la preocupación constante por saludar al querellado».
El caso tiene su origen en hechos que, según la querella, ocurrieron en 2021 en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas. Las querellantes acudieron primero a la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra las tres. Aquellas diligencias acabaron archivadas, aunque el juez ha recordado que «El archivo fiscal no equivale a un sobreseimiento judicial ni produce por sí mismo cosa juzgada».
La querella llegó al juzgado el 3 de septiembre de 2026, y las diligencias se incoaron cinco días después. Tras el informe del Ministerio Fiscal del 9 de octubre, el juez pidió el 27 de octubre a las querellantes que acreditaran la doble incriminación, algo que hicieron el 2 de noviembre.
El magistrado ha aludido además al eco mediático del caso. Según el auto, «la exposición pública que antecede a este auto de admisión, con múltiples informaciones conteniendo datos de la presente querella, supone un esfuerzo de contención por todas las partes».
Contra el auto cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en tres días, o de apelación directo en cinco. El letrado del cantante, José Antonio Choclán, podría acudir a esa vía.
La causa avanza así con una paradoja poco habitual: el mismo juez que ha abierto la investigación ha dedicado buena parte de su auto a señalar sus grietas. El 3 de febrero, en la sede de la Audiencia, las denunciantes tendrán la primera ocasión de explicar en persona lo que los mensajes no cuentan.
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