El ministro socialista de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ahoga y aboca al cierre a las escuelas y centros de buceo de Baleares al imponerles la contratación del doble de instructores, como consecuencia de la entrada en vigor este año del Real Decreto 1188/2025, que modifica determinadas normativas y cambios que afectan gravemente a la actividad de las escuelas y centros de buceo.
Estas modificaciones tienen un impacto muy significativo en el sector, sin que se haya justificado suficientemente, ni a nivel técnico ni estadístico, la necesidad de los cambios introducidos, dado que queda margen de lo que se exige a nivel internacional y en los países de nuestro entorno.
En concreto, la nueva normativa obliga a que cada participante esté acompañado individualmente por un instructor (el ratio estricto del 1:1), cuando antes de esta norma, la ratio se regía de forma más flexible, habitualmente entre 1:4 y 1:6, o a veces 1:2.
La nueva legislación exige también la presencia de un instructor titulado para inmersiones; cuando antes esta tarea de supervisión la podía hacer un profesional de rango inferior, como un asistente de buceo.
Es decir, para cubrir una misma actividad que antes se desarrollaba con normalidad, ahora los centros se ven obligados a contratar aproximadamente el doble de personal respecto a años anteriores, lo que resulta inviable desde el punto de vista económico y organizativo para la mayoría de las empresas del sector.
Esta sobrecarga profesional desproporcionada, como consecuencia de la aplicación rígida de la norma, ha provocado que al menos 20 centros de buceo de las Islas Baleares hayan tenido que cerrar en el último año. Quienes sobreviven se han visto obligados a reducir el personal al mínimo, subir precios y acortar el servicio (pasando de 45 a 25 minutos por bautizo), lo que perjudica directamente la calidad del servicio.
Todo ello con el añadido de que la normativa estatal se aprobó sin consultar a los afectados, por lo que la Asociación de Centros de Buceo de las Islas Baleares (ACBIB) interpuso un recurso contencioso administrativo a finales de febrero de 2026 contra la Dirección General de la Marina Mercante. Aunque los centros comparten la necesidad de aumentar la seguridad, piden aplicarla con algo de sentido común y flexibilidad.
Hoy por hoy, y a pesar de las quejas y recursos interpuestos por las principales asociaciones del sector afectadas, no han recibido ningún tipo de respuesta.
Esto es aún más grave, teniendo en cuenta que se trata de una actividad muy marcada por la estacionalidad, donde la actividad principal se concentra en un período estimado de tres meses, en el que se genera prácticamente el 80% de la facturación anual, obligando a los afectados a tomar medidas al ver comprometida la viabilidad y sostenibilidad de su negocio.
Powered by WPeMatico
Acerca del autor
