Desde que anunciara la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez ha dedicado mucho tiempo a hablar del Salario Mínimo Interprofesional. El SMI ha subido un 66% desde que el todavía presidente llegara a la Moncloa —en 2018 estaba en apenas 735 euros—, y la coalición de gobierno pretende que esto sea una de sus grandes bazas electorales, cosa que ha quedado demostrada estos días al aprobar el Ministerio de Trabajo la mayor subida de este baremo en cuatro años, con un alza del 5,3% para 2027 que se sitúa incluso por encima de la recomendación del comité de expertos designado por el departamento que dirige Yolanda Díaz.
Sin embargo, mientras el debate se enquista en cuánto deben cobrar los que ganan menos, uno corre el riesgo de olvidarse de que la mayor parte de los españoles no perciben el SMI, así que cabe preguntarse qué ha sido de ellos en este tiempo y, sobre todo, si son más ricos o más pobres que hace ocho años.
Es casi una pregunta retórica porque es de sobra sabido que las clases medias han perdido poder adquisitivo durante la era Sánchez, y no tanto por la inflación como por la negativa del Ejecutivo a adaptar el IRPF al avance de los precios. Afortunadamente para ellos, no es un problema para quienes ingresan el mínimo legal, pues estos están exentos del impuesto —y no gracias al PSOE, que a inicios del año pasado intentó que empezaran a tributar, pero tuvo que ceder por la oposición de sus socios de Sumar—, pero sí para los que están por encima.
Valga de ejemplo un trabajador que en 2020 cobraba 29.999 euros brutos al año. Si su empleador le ha subido el sueldo al menos conforme al IPC, en 2025 este empleado debería ganar un 22% más y disponer de al menos la misma renta que cinco años atrás, pero no ha sido el caso.
Gracias a lo que se conoce como progresividad en frío —una forma sofisticada de referirse a un hachazo fiscal que no pasa por el Parlamento—, el año pasado el asalariado de nuestro ejemplo era exactamente un 3% más pobre que en 2020. Y esto porque la inflación le ha hecho saltar de tramo en el IRPF y pasar a pagar más, en lo que a todas luces es una trampa fiscal; si en 2020 pagaba 4.563 euros anuales al Fisco, ahora le debe 6.331 euros, un 38,7% más.
Con estos números en la mano, el pasado viernes la patronal catalana de las pequeñas empresas, Pimec, quiso denunciar que el esfuerzo que están haciendo los empresarios al aumentar las nóminas por encima del IPC cae en saco roto por la negativa del Ejecutivo a indexar el impuesto; de hecho, la última vez que se hizo fue allá por 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy.
Según Pimec, entre 2021 y 2024 la recaudación del IRPF ha aumentado en unos 16.800 millones de euros solamente por la no deflactación, mientras que el Banco de España sitúa la cifra en 11.000 millones más entre 2019 y 2023. Y sobra preguntarse por qué Hacienda no ha tenido a bien corregir este desajuste, pues si lo hiciera estaría renunciando a una fuente de ingresos inestimable; de hecho, el último informe de progreso del plan fiscal remitido a Bruselas incluye una previsión de recaudación de 2.200 millones de euros anuales hasta 2028 solo por esta razón.
Bien es cierto que en los últimos años ha habido rebajas del impuesto, pero siempre quirúrgicas y concentradas en las rentas más bajas, mientras que los tramos medios, donde se encuentran la mayor parte de los asalariados de las pymes y de los autónomos, no se han actualizado.
Según explicó Antoni Cañete, presidente de Pimec, aprovechando la presentación de un informe que recoge propuestas para el gobierno que salga de las urnas, quien paga este sobrecoste en último término es la economía productiva, más aún las empresas pequeñas debido a su menor tesorería (y hay que tener en cuenta que el 99% de las firmas españolas encajan en esa categoría). «El 80% del beneficio de las pymes se está trasladando a los costes laborales», explicó Cañete antes de añadir que de nada sirve este esfuerzo si el trabajador termina por perder poder adquisitivo; «Alguien se ha comido el queso», resumió.
Los empresarios catalanes quieren subir salarios. De hecho, lo consideran «urgente», pero no quieren que se haga a costa de que las empresas pierdan «competitividad, viabilidad y productividad», explicó el portavoz de la patronal.
La alternativa pasa por aliviar el IRPF, sí, pero hay más. Como ya se ha avanzado, Pimec ha elaborado una lista de deberes para el próximo Gobierno, una que es muy larga e incluye medidas como reducir un 35% la carga administrativa derivada del cumplimiento de obligaciones empresariales, adaptar los requisitos normativos al tamaño de cada compañía, llevar las bajas laborales al nivel en el que estaban en 2013 (calculan que esto le ahorraría 8.000 millones de euros anuales al sistema de pensiones), un régimen sancionador más estricto para atajar el problema de la morosidad o políticas efectivas de vivienda.
Sobre esto último, Cañete recordó algo que no se dice muy a menudo, y es que los pequeños empleadores se cuentan entre los grandes pagadores de la crisis de oferta inmobiliaria que hay en nuestro país, ya que se ven obligados a compensar el precio de las casas vía mayores salarios; y una vez más, se trata de un aumento retributivo que no redunda ni en beneficio del empleado ni en mayor inversión en la economía productiva.
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