La polémica generada por la denominada ‘ley de nietos’ va en ascenso y el Partido Popular no quiere que el Gobierno regatee la responsabilidad sobre sus consecuencias, sobre todo con el ojo puesto en el impacto que pudiera tener en el censo vigente para el próximo ciclo electoral, que se antoja determinante para el futuro político de Pedro Sánchez.Con la batalla judicial abierta por un lado, el PP plantea un nuevo frente, esta vez en el Parlamento. Los populares harán uso de su mayoría absoluta en el Senado para que las Cortes Generales vigilen de cerca al Ejecutivo y los pasos que dé con esta norma, incluida como disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática.El propio Grupo Popular, capitaneado por Alicia García, reconoce que la aplicación de la ‘ley de nietos’ ha adquirido una dimensión «extraordinaria» que exige una revisión de los criterios con los que el Gobierno la está desarrollando. Para ello, aprobará una moción en el próximo pleno de la Cámara Alta que reclama al Ejecutivo todo tipo de detalles, incluyendo la vigilancia de la norma, remisión a las Cortes de documentación, transparencia sobre los criterios que se usan o información sobre el impacto de las nuevas nacionalidades en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).El PP lleva meses denunciando la «ingeniería electoral» que puede permitir esta ley ideada para que hijos y nietos de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo obtengan la nacionalidad española. El propio Tribunal Supremo ha alertado de que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por esta vía genera un «peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral».El problema, según inciden los populares, aumentó con la instrucción aprobada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente -hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente-, que abrió la puerta a la nacionalización a todos los emigrantes españoles, no solo a aquellos que lo hicieran por razones políticas. «El problema surge cuando una instrucción administrativa deja de limitarse a interpretar la ley y comienza a producir efectos que pueden desbordar los supuestos expresamente establecidos por el legislador», explica el PP.La voluntad del legislador -las Cortes Generales- «fue clara», interpretan los de Alberto Núñez Feijóo, y una instrucción administrativa no puede crear derechos que el Parlamento decidió no reconocer. El asunto cobra mayor relevancia cuando se tienen en cuenta las cifras que se barajan de nacionalizaciones mediante esta vía, que podrían llegar a los 2,6 millones de solicitudes.Para los populares en la Cámara Alta, la aplicación de la ‘ley de nietos’ ha adquirido una dimensión «extraordinaria» que exige una revisión de los criterios con los que el Gobierno la está desarrollando«Estas cifras no pueden ser ignoradas. La concesión de la nacionalidad española no supone únicamente la expedición de un documento o el reconocimiento de un vínculo familiar, sino que lleva aparejado un conjunto de derechos y obligaciones y, entre ellos, el derecho de participación política -argumenta el partido-. Por ello, cuando la adquisición de la nacionalidad se produce a esta escala y en un periodo de tiempo tan reducido, resulta imprescindible conocer sus efectos sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes».Esto no significa negar el derecho de quienes cumplen los requisitos legales a obtener la nacionalidad española, puntualiza el PP, sino simplemente garantizar que se hace cumpliendo lo establecido por la ley. Ello incluye que la incorporación al CERA se realice con todas las garantías de identificación, trazabilidad y adscripción territorial.El Senado requerirá así al Gobierno que garantice la aplicación de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática sin modificaciones posteriores; incidiendo en que el censo electoral es un elemento «esencial» del sistema democrático y por tanto debe estar protegido frente a cualquier actuación que pueda comprometer su «fiabilidad».La Cámara Alta también reclamará al Ejecutivo que le remita una serie de información y documentación de forma periódica, como el número de solicitudes presentadas, expedientes resueltos, nacionalidades concedidas o solicitudes denegadas; y los criterios empleados para la resolución de estos expedientes.
Powered by WPeMatico
Acerca del autor
