El Tribunal Supremo de EEUU ha dado este lunes luz verde al presidente del país, Donald Trump, para que siga adelante con su orden ejecutiva que restringe el voto por correo, aunque aún no está claro cuánto podrá poner en marcha su administración antes de las próximas elecciones de mitad de mandato (midterms).
La decisión, adoptada por 6 votos a 3 según las líneas ideológicas habituales (con disidencia de las tres magistradas liberales), se ha emitido mediante una orden sin firma y no se pronuncia sobre la legalidad de fondo del decreto, sino sobre aspectos procesales y de legitimación.
El decreto ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborar listas estatales de ciudadanos elegibles para votar y transmite esas listas a los estados. También instruye al Servicio Postal de EEUU a entregar papeletas de voto por correo únicamente a las personas incluidas en las listas aprobadas de votantes por correo o ausentes que los estados deben proporcionar, e incluso a bloquear el envío de esas papeletas en estados que se nieguen a compartir la información. Además, pide al Departamento de Justicia priorizar investigaciones y posibles procesamientos contra funcionarios electorales que emitan papeletas a personas consideradas no elegibles.
Antecedentes
Un juez federal de Boston (Indira Talwani) había suspendido en junio la aplicación del decreto en una coalición de unos 23 estados (mayoritariamente demócratas) y el Distrito de Columbia, argumentando que el presidente carecía de autoridad para imponer cambios en la administración estatal de las elecciones federales y que las listas federales de ciudadanos no serían precisas. El Tribunal Supremo revocó esa suspensión al considerar que los estados carecían en ese momento de legitimación activa (standing), porque el perjuicio alegado era especulativo y el propio decreto, por sí solo, no les causaba daño inmediato. El alto tribunal señaló expresamente que su resolución “no significa que cualquier medida que adopte el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal” y que “el tiempo lo dirá”.
Quedan, sin embargo, otros bloqueos judiciales activos. En un litigio separado impulsado por grupos de derechos de voto, la misma jueza dictó en agosto una orden que impide al USPS aplicar a nivel nacional las nuevas reglas más restrictivas. El Supremo no se pronunció sobre esa segunda suspensión, por lo que la puesta en marcha plena del plan sigue pendiente de más batallas legales, que podrían llegar de nuevo al alto tribunal de forma urgente.
Este fallo llega menos de tres meses antes de las midterms de noviembre, en un contexto en el que Trump ha insistido durante años en que el voto por correo es vulnerable al fraude (afirmaciones que carecen de evidencia generalizada según múltiples análisis) y ha prometido restringirlo o eliminarlo. El resultado introduce incertidumbre sobre las reglas de votación: los estados afectados advierten de posibles disrupciones administrativas y costes adicionales, mientras que la administración federal podrá avanzar en la elaboración de listas y en aspectos del plan, aunque la aplicación efectiva antes de noviembre no está garantizada.
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