El Tribunal Supremo ha advertido de un «peligro serio, fundado y real» de que las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos afecten a la «objetividad» de las próximas elecciones.
Así se desprende de los autos de la Sala de lo Contecioso-Administrativo en el que se recoge que causaría «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, puesto que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio».
El alto tribunal estimó la medida cautelar solicitada por Vox e Iustita Europa y ordenó la suspensión de los efectos electorales vinculadas a la Ley de Nietos hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. En los escritos remitidos este jueves argumentan su decisión en que la posibilidad de obtener la nacionalidad supondrá un «incremento extraordinario» del censo, lo que pondría en riesgo la «transparencia del proceso electoral».
Según ha adelantado El Español, la resolución del Supremo menciona las cifras expuestas en los recursos: el 1 de julio de 2026 los inscritos en el CERA eran 2.736.522 electores, frente a los 2.328.260 electores correspondientes a las elecciones generales de 2023. De ese total de 408.262 electores más, 115.572 han sido inscritos para votar en la circunscripción electoral de Madrid y 43.439 en Barcelona. Se trata de unas cifras que, para el tribunal, revelan «un incremento excepcional de electores» inscritos en el CERA, que podría «afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral».
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