Los líderes independentistas del ‘procés’ han superado este martes el último obstáculo que les quedaba para el borrado de los delitos por los que fueron condenados por el golpe secesionista del 1-O. El Pleno del TC ha estimado este martes el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa contra la inaplicación de la amnistía al delito de malversación, dando así luz verde a la vuelta de Puigdemont. Según ha podido saber ABC, la ponencia de Conde-P.umpido ha salido adelante con los siete votos de la mayoría ‘progresista’ frente a los cinco del sector conservador, donde habrá votos particulares. Aunque la ponencia que tenía que haberse aprobado primero era la relativa a Jordi Turull, por ser que encabezaba el grupo de los amparos de los condenados, la redacción de José María Macías, estimatoria del amparo pero respetuosa con el Supremo, no ha convencido a la mayoría que lidera Conde-Pumpido, que se ha decantado por la del presidente, implacable con la Sala Segunda de la que él mismo formó parte. Macías, por su parte, al constatar que es la del presidente la que sentará doctrina y abrirá las puertas a Puigdemont, ha declinado reescribir una nueva sentencia, que también ha asumido Conde-Pumpido. Pese a que el ex fiscal general aceptó rebajar algunos de los adjetivos y adverbios utilizados en su primer borrador, en el fondo sigue siendo una desautorización en toda regla al Supremo, que consideró que la malversación del ‘procés’ no podía ser amnistiada al estar expresamente excluida de la ley. El Supremo interpretó que al utilizar fondos públicos para sufragar los gastos de una iniciativa propia o de sus partidos, los condenados evitaron abonar dichos costes con su propio patrimonio, lo que el tribunal equipara a un enriquecimiento personal. Lo que no aceptó revisar Conde-Pumpido es la parte dispositiva de su sentencia, en la que se insta al Supremo a aplicar la amnistía con carácter urgente y preferente. Esto no deja margen de maniobra al Supremo, que, como publica hoy ABC, tiene previsto levantar la orden de detención de Puigdemont tan pronto como se le notifique la sentencia. Para el TC, que aplicará esta sentencia al resto de condenados como hizo también con los ERE, la Sala Penal incurrió «en una interpretación impredecible» de las normas y que se apartó de la finalidad de la ley de amnistía, que recuerda que nació con la intención de amnistiar todas las conductas del ‘procés’, por lo que la malversación no puede quedar fuera. «La finalidad de la norma es excluir del ámbito de aplicación de la ley de amnistía la desviación de fondos públicos efectuada con fines de corrupción personal y no con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de los fines del proceso independentista», apuntaba el borrador de Pumpido. El de Macías, por su parte, aun estimando el recurso no hablaba de interpretaciones «ilógicas ni arbitrarias», sino que el Supremo incurrió en un déficit de motivación. El presidente del TC recuerda en su borrador que es al legislador a quien «incumbe configurar la política punitiva y determinar qué hechos han de considerarse punibles, la consecuencia represiva que su comisión conlleva, así como las excepciones que tales previsiones pueden tener». Una ley de amnistía, dice, «no declara la existencia de inocentes o culpables», ni cuestiona la declaración de culpabilidad realizada por los tribunales, sino que «redefine el carácter punible de hechos cometidos en el pasado».Aludiendo a la sentencia del tribunal que declaró constitucional la ley, Pumpido recuerda que la ley de amnistía «cuenta con una explicación razonable de motivos en el preámbulo que identifica el fin constitucional al que responde: buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña».
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