El Tribunal de Cuentas investigará los sueldos cobrados por David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, mientras estuvo contratado por la Diputación de Badajoz en los conservatorios de la provincia y la Oficina de Artes Escénicas.El órgano fiscalizador da el primer paso y manda el asunto, iniciado a raíz de una denuncia de Iustitia Europa, a la sección de Enjuciamiento para la designación de un delegado instructor que se ocupe de abordar los hechos. El procedimiento consistirá en determinar si el cobro de dichos sueldos tiene alcance contable, si hubo un desvío de fondos públicos de la Diputación para pagar al músico, condenado por la vía judicial por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación por el modo en que accedió a su plaza, con la ayuda del presidente del organismo provincial, Miguel Ángel Gallardo, igualmente condenado en la misma sentencia. Precisamente a raíz de la emisión de dicha sentencia, el partido político presidido por Luis María Pardo se dirigió al Tribunal de Cuentas para denunciar, en línea con la Fiscalía, que los sueldos cobrados tanto por David Sánchez como por el extrabajador de Moncloa y amigo suyo, Luis Carrero, en la Diputación de Badajoz como jefe de sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas habrían supuesto un perjuicio a los fondos públicos al tratarse de plazas de empleo público innecesarias y vacías de contenido, según se declara en la citada sentencia de la Audiencia de Badajoz.Partido Popular, Vox, Hazte Oír y Abogados Cristianos también presentaron sus denuncias sobre los mismos hechos, recogidas en el auto con el que la consejera Elena Hernáez envía el asunto a la sección de Enjuiciamiento para que se designe un delegado instructor del asunto que deberá determinar, en último término, si hay alcance contable, lo que supondría una sanción económica.Después de estudiar todas las denuncias, y advirtiendo de que aún no se ha entrado al fondo del asunto, la consejera de cuentas Hernáez concluye que «en el presente caso, a la vista del contenido de las alegaciones realizadas por las partes intervinientes, y de la documentación aportada a la presente Acción Pública n.º B158/2026, debe concluirse, en coincidencia con el criterio del Ministerio Fiscal, que no se dan las condiciones exigidas por el artículo 56.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la precitada doctrina de la Sala de Justicia para acordar el archivo de las presentes actuaciones». Todo ello, continúa, «sin que las alegaciones de la Diputación de Badajoz desvirtúen la anterior conclusión, pues, como ya se ha señalado, no tiene cabida en esta fase inicial del procedimiento una decisión de fondo sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable, sino únicamente una primera valoración de los hechos, que únicamente podría conducir al archivo cuando, de los mismos términos en que se hayan presentado ante este tribunal se dedujera, de manera patente y manifiesta, su absoluta irrelevancia desde el punto de vista de la responsabilidad contable, lo que no puede apreciarse en este caso en el que las denuncias se refieren a presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hace necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos».
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