El yihadismo se ha disparado durante el Gobierno de Pedro Sánchez: los 88 detenidos en lo que va de 2026 triplican los de 2018, cuando llegó a La Moncloa, según se desprende de los propios datos del Ministerio del Interior. En 2025 hubo nada menos que 100 arrestados por esta lacra, lo que supone un 245% más que en 2018. Una cantidad que ya se roza a escaso mes y medio de que termine el año.
La última detención se produjo el pasado martes en Morata de Tajuña (Madrid). Según ha informado la Policía, el sujeto se encontraba en avanzado estado de radicalización en el ideario yihadista de organizaciones terroristas como las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, Estado Islámico y Al Qaeda, y había llegado a compartir su deseo de morir por la causa.
Los agentes han podido constatar que compartía contenido extremadamente violento.
Además, según los investigadores, “estaría movilizando a su comunidad de seguidores online para llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista yihadista, fundamentada en la conocida como Yihad islámica”. La investigación comenzó el año pasado. Al ser un riesgo para la seguridad nacional, fue detenido y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.
Asimismo, la Guardia Civil ha expulsado este viernes a un imán radical asentado en Lepe (Huelva) que difundía mensajes e interpretaciones religiosas compatibles con narrativas radicales y postulados de carácter excluyente.
El pasado 3 de noviembre, la Policía Nacional también detuvo en Barcelona a otro presunto yihadista simpatizante del DAESH por un delito de adoctrinamiento terrorista activo y pasivo. El detenido tenía perfiles en diferentes redes sociales con contenido radical y con seguidores y seguidos explícitamente yihadistas con los que estaba en continuo contacto.
En 2018 ya había sido arrestado por enaltecimiento y adoctrinamiento yihadista. Tras cumplir condena fue puesto en libertad con medidas cautelares entre las que se incluían la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, que se presentara quincenalmente en dependencias policiales y la prohibición de acceso a entornos virtuales proclives a la radicalización yihadista. Medidas que incumplió, lo que activó la alarma entre los agentes de información, que comprobaron nuevos hechos delictivos.
Como recientemente ha revelado OKDIARIO, la Policía Nacional está en alerta por la llegada a España de inmigrantes ilegales con delitos tras el colapso de las cárceles de África. El sistema penitenciario de países como Yemen, Somalia, Mali, Libia y Burkina Faso ha colapsado por las guerras, revoluciones y conflictos armados que viven. Son países en los que ha quebrado el principio de autoridad, sus sistemas penitenciarios han dejado de ser efectivos y se están abriendo las puertas de las prisiones, saliendo delincuentes de todo pelaje, entre ellos radicales islamistas de Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS).
Según revelan a OKDIARIO fuentes policiales, «hay por lo menos 200.000 delincuentes comunes de dichos países en la calle buscándose la vida para llegar a Europa». Se trata de «delincuentes comunes tendentes al islamismo y muy fácilmente manipulables en determinadas circunstancias», y la Policía española «vigila con preocupación» quiénes tratan de colarse y quiénes entran.
«Son sujetos que te rajan el cuello por quitarte cinco euros», indican. Además, afirman que «vienen a España fundamentalmente», ya que es «el país que los acepta, entre otras cosas pidiendo asilo». «El resto de los países de Europa les pone pegas», apostillan.
«El peligro en España de los radicales yihadistas existe», sostienen desde este Cuerpo Policial, destacando que «es un número reducido, pero tremendamente peligrosa su actuación».
33 actos violentos
Entre junio de 2018 y octubre de 2026, en España se han producido hasta 33 casos de violencia de motivación islamista o yihadista en España, 25 de ellos (el 76%) en la actual legislatura, iniciada en agosto de 2023. Así se desprende del último informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), publicado esta semana.
De los casos registrados, 11 corresponden a asesinatos y agresiones físicas, otros 11 a ataques contra lugares de culto y símbolos religiosos y los 11 restantes a amenazas, incitación y planes de atentado. El 58% de ellos está relacionado con ataques o amenazas contra cristianos. Y 15 de estos 19 casos contra cristianos (el 79%) se han producido en la legislatura actual.
El primero de los ataques ocurrió en agosto de 2018 en Cornellà de Llobregat (Barcelona), a manos de un argelino, de 29 años, llamado Abdelouahab Taib. A las 5:55 entró a la comisaría armado con un cuchillo al gritó de “Alá” y se abalanzó sobre una agente de los Mossos, que le disparó y lo mató. Los Mossos lo calificaron de “atentado terrorista” aislado. No tenía antecedentes ni figuraba en ninguna investigación por yihadismo.
Ataques contra policías
El informe del Observatorio recoge nueve ataques contra viandantes o policías en los que el autor invocó el islam. Hasta 2024 hubo dos casos en siete años, uno en 2018 y otro en 2020; en 2025 se registraron otros dos y en 2026 ha habido cinco en diez meses: un ataque con un hacha en Montefrío (Granada), un asesinato en Esplugues, un intento de asesinato de un policía en Xirivella (Valencia), amenazas con una navaja en el centro de Valencia y unas agresiones a policías en Madrid.
Éste último caso tuvo lugar el pasado 30 de octubre. Agentes de la Policía Nacional acudieron al barrio de Batán ante un posible intento de robo con violencia a una anciana. Durante la identificación hallaron un cúter oculto en la cintura de uno de los tres menores extranjeros implicados, que huyeron. Al ser alcanzados, golpearon a los policías con puñetazos y patadas, y dos agentes necesitaron asistencia sanitaria. Gritaron repetidamente “Allahu akbar” y frases como “os vamos a matar”. Uno de ellos amenazó a un agente y a su hijo y le dijo que sabía qué lugares frecuentaban. Los atacantes fueron detenidos.
Madrid y Barcelona, a la cabeza
Cuatro comunidades (Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana) concentran 21 de los 33 casos, el 63%. Madrid se sitúa a la cabeza, con seis, seguida por Cataluña, con cinco, en la provincia de Barcelona. Ceuta y Melilla suman otros tres casos, todos ellos contra la comunidad judía. Los hechos se reparten por 12 comunidades y ciudades autónomas, por lo que no es un fenómeno localizado.
«Estos datos deben hacernos reflexionar sobre la evolución de la violencia de motivación islamista en España. No podemos acostumbrarnos a que se produzcan agresiones, amenazas o ataques contra personas por sus creencias religiosas», afirma la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García.
Entre los hechos más graves figura el asesinato de sacristán Diego Valencia en Algeciras, en enero de 2023, en un ataque en el que también resultó gravemente herido un sacerdote.
El autor fue Yassine Kanjaa, marroquí de 25 años. Primero hirió de gravedad con un machete al párroco de San Isidro, Antonio Rodríguez. Después entró en la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, tiró imágenes, cruces y velas, y se subió al altar mayor. Cuando el sacristán Diego Valencia le pidió que saliera, lo persiguió y lo mató. Según la investigación, su objetivo era “matar sacerdotes”. La Audiencia Nacional lo absolvió del delito de terrorismo al apreciar un trastorno psicótico y le impuso 30 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario.
En noviembre de 2025, un joven de 18 años llamado Mohamed A.E.K.B apuñaló a tres personas en la calle Martínez de la Riva, de Madrid, se atrincheró en su casa y atacó con un cuchillo a los policías, que lo hirieron de bala. Herido y esposado, seguía gritando «Alá es grande». Según el atestado, había dicho a su madre que su misión era «matar cristianos». La Audiencia Nacional lo investiga por terrorismo. Está en prisión acusado de cuatro intentos de asesinato terrorista y la Fiscalía ha pedido procesarlo también por terrorismo.
El pasado mes de mayo también fue asesinada una mujer de 41 años, de nacionalidad china, quien fue apuñalada y degollada en plena calle al grito de «Alá es grande» en Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Entre los casos registrados en estos ochos años también se encuentra el ataque con un hacha cometido por un inmigrante marroquí contra tres personas en Montefrío (Granada) en abril de 2026. El agresor afirmó que todos los cristianos debían morir. Una de sus víctimas ha muerto este mes a causa de las heridas.
Otro de los casos es el plan de atentado contra la basílica de Santa María de Elche en la Nochevieja de 2024 y las amenazas difundidas por Daesh contra la visita del Papa a España el pasado mes de junio.
Yihadistas entre los invasores
El Observatorio destaca que el asalto de ilegales a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha puesto de manifiesto un problema de seguridad nacional que va más allá de la crisis migratoria.
Tanto fuentes de Inteligencia militares como policiales consultadas por OKDIARIO sostienen que «a Ceuta han llegado yihadistas en el asalto masivo» del pasado mes de julio. Los investigadores han detectado al menos dos grupos de yihadistas, y uno de esos grupos «tiene órdenes de ejecutar una acción», según declaran a este diario fuentes militares de inteligencia.
Además, tienen «sospechas y algún indicio de que algunos de los 12 yihadistas que permanecen sin ser localizados han cruzado a la Península y se desplazan libremente por el país y por Europa». «Los demás permanecen ocultos, a la espera de cruzar a la Península», agregan, indicando que se están rastreando comunicaciones cifradas. Tres de esos yihadistas son Foreign Fighters, combatientes retornados de Siria e Irak. Individuos con una alta disciplina militar y veteranos en escenarios de guerra.
El pasado 22 de septiembre, la Guardia Civil detuvo en Ceuta a un hombre con una condena firme por terrorismo yihadista que tenía prohibida la entrada en España, del que los investigadores sospechan que también accedió en la invasión.
«Estos hechos evidencian el riesgo de que personas con antecedentes terroristas aprovechen situaciones de desbordamiento fronterizo para acceder a territorio español. Por ello, resulta imprescindible garantizar la identificación de quienes cruzan las fronteras, reforzar los controles de seguridad y la coordinación entre los servicios de información y prevenir la entrada de personas vinculadas al terrorismo yihadista, respetando siempre las garantías legales y los derechos fundamentales», subrayan desde el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
Esta organización destaca que es imprescindible que las administraciones públicas «no minimicen estos riesgos», y les reclama que refuercen la prevención de la radicalización violenta, la protección de las comunidades religiosas y la coordinación entre los servicios de seguridad.
Tanto fuentes policiales como militares critican que «España lleva muchos años aceptando a los ilegales que vienen mientras Europa está cerrando sus puertas». Por ejemplo, España se desmarcó el pasado 1 de octubre del resto de países de la UE: el Gobierno de Pedro Sánchez votó contra el reglamento para acelerar las expulsiones de inmigrantes ilegales. Y ello pese a la invasión de Ceuta.
Con motivo de los vientos alisios, se ha vuelto a producir entre septiembre y octubre la llegada y el recrudecimiento de llegadas por la fachada atlántica. Este mes, hasta 6.000 inmigrantes han llegado a El Hierro en tan sólo 9 días, el equivalente a la mitad de su población.
Estos ilegales generalmente piden asilo. «Al 93% se les rechaza, pero como lleva tantísimo tiempo esa decisión –han llegado a tardarse más de años en resolver–, ya se quedan acogiéndose al arraigo al llevar dos años legales aquí», informan los investigadores policiales.
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