Función Pública recula tras la revuelta por los ceses masivos de interinos contratados para los fondos europeos

El Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás en su intención de dar de baja de una tacada el 31 de agosto a todo el personal que había sido contratado de manera interina para colaborar en la gestión de los planes y proyectos vinculados a la primera adenda de los fondos europeos. El colectivo, sobre cuyo número concreto no hay ninguna cifra oficial pero que fuentes sindicales estiman entre 1.500 y 2.000 personas y que desarrollaba su labor principalmente en organismos como el SEPE y en los ministerios de Transporte, Transición Ecológica, Cultura o Trabajo, empezó a recibir a mediados de agosto vía mail o incluso vía mensaje en la intranet, según avanzó 'El País', un mensaje anunciándoles la extinción de su relación laboral con fecha 31 de agosto, coincidiendo con la finalización del plazo oficial establecido por la Comisión Europea para completar la asignación de los recursos de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.La decisión dictada desde la Dirección General de Función Pública y apoyada en un informe jurídico 'ad hoc' elaborado por la Abogacía del Estado cogió por sorpresa a los trabajadores afectados -algunos de los cuales estaban disfrutando de sus vacaciones-, a los sindicatos -que no recibieron notificación previa alguna de la maniobra- y, según fuentes sindicales, incluso a los departamentos afectados, que no contaban con perder ese personal de manera tan precipitada. La situación desencadenó una contundente reacción sindical . Fuentes de CSIF, CC.OO. y UGT consultadas por ABC confirman que en las últimas horas han exigido explicaciones a Función Pública y a los ministerios y departamentos afectados por lo que entienden como una decisión equivocada «tanto en el fondo como en las formas». Incluso el sindicato CC.OO. puso este lunes a disposición de todos los afectados un escrito de reclamación para impugnar este cese sobrevenido. «La decisión supone una alteración radical y unilateral de las condiciones de trabajo y permanencia, que fueron inicialmente garantizados por la administración mediante los actos de nombramiento, y además aún queda un trabajo de control que hacer», denunciaba este lunes la secretaria general de CC.OO. para la AGE, Montse Gómez.Fuentes del sindicato CSIF lamentaban este lunes también la «situación de desconcierto» generada por la actuación del Gobierno y advertían de que sus servicios jurídicos estaban estudiando el asunto para evaluar el alcance de la situación. El asunto está lejos de ser sencillo. Se trata de personal que ha sido nombrado por diferentes decretos, aprobados en fechas diferentes y, además, los interinos confiaban en mantener la relación laboral si no hasta octubre de 2027, el periodo máximo que la ley permite para que las administraciones tengan un interino en plantilla (tres años), sí unos meses más hasta que finalizara la carga de trabajo.Algunos se podrán quedar hasta el 31 de diciembrePorque los sindicatos denuncian que, en buena parte de los casos, esta no ha finalizado. Así lo advierte David Fernández, portavoz de UGT en el SEPE. «Los planes y programas con fondos europeos han finalizado, pero aún quedan las labores de cierre y liquidación de estos y eso genera unas cargas administrativas que si no puede asumir este personal lo tendrá que hacer la plantilla ordinaria, que en el caso del SEPE ya está muy por debajo de lo que establecen las relaciones de puestos de trabajo».La presión sindical ha surtido efecto. El Gobierno matizó este lunes su posición y anunció, en base a otro informe de la Abogacía del Estado, que no todo el personal cesará el 31 de agosto, sino que alguno podrá permanecer hasta el 30 de septiembre e incluso hasta el 31 de diciembre si los departamentos implicados acreditan la necesidad de hacerlo.Fuentes de Función Pública lo explican así. «Los interinos contratados para ayudar temporalmente en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación cesarán con carácter general el 31 de agosto, tal y como estaba previsto. Aquellos que tengan que realizar tareas de seguimiento y control, podrán continuar hasta el 31 de diciembre como máximo, previa justificación de la prórroga por cada departamento ministerial».