La polémica suscitada por el bote de gas pimienta mostrado en el Congreso por parte de la diputada del PP Ana Vázquez para mostrar su solidaridad con las mujeres de Ceuta —y el consiguiente numerito de Francina Armengol llevando su exceso de celo a la cumbre de lo patético— ha puesto en el centro del debate este método de defensa. Sobre su legalidad no hay dudas, salvo que miles de mujeres en toda España delincan cada día por portarlo y usarlo cuando su vida corre peligro, pero como el PSOE es maestro a la hora de desviar la atención, vayamos al grano: ¿Saben quiénes emplean también en Ceuta los botes de gas pimienta para defender su integridad? Los militares españoles desplazados a la ciudad autónoma, a los que se les prohíbe hacer uso de armas y están obligados a llamar a la Policía y la Guardia Civil cuando se trata de hacer uso legítimo de la fuerza.
O sea, quienes están llamados a defender la integridad territorial de España tienen que defender su propia integridad con gas pimienta. El disparate es colosal, la quintaesencia de la ridiculez, pero bajo el sanchismo todo alcanza tintes surrealistas.
La izquierda carga ahora contra una diputada del PP por mostrar un bote de gas pimienta en el Congreso, pero ha sido y es la izquierda quien ha obligado a nuestros soldados a portar como toda defensa frente a los invasores botes de gas pimienta. Es sencillamente vergonzoso y provoca indignación comprobar cómo este Gobierno, que carga contra una diputada por enseñar un bote en la Cámara Baja —y calló cuando Rufián mostró balas—, es tan mirado con la seguridad del Congreso y tan poco con la seguridad de las mujeres de Ceuta y con la seguridad de quienes tienen que velar por la integridad territorial de España. Es bochornoso, pero es el retrato de un Ejecutivo que está degradando la democracia de forma acelerada.
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