José Masip: «Lo primero es que el católico vote y, después, que lo haga según sus convicciones»

A sus 69 años, José Masip (Castellón, 1957) es el presidente de más edad en asumir las riendas de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Abogado en ejercicio y mano derecha durante ocho años de Alfonso Bullón de Mendoza, su predecesor, encarna la continuidad institucional, aunque asume el mandato con una paradoja sobre la mesa: rejuvenecer una obra que el cardenal Ángel Herrera Oria fundó con solo 23 años. Tras ochos años marcados por el crecimiento académico y la visibilidad de hitos como la Fiesta de la Resurrección, Masip anticipa un mandato marcado por la moderación. Pausado y prudente, no pide hacer política partidista desde la casa de los propagandistas, pero sí llevar el mensaje del Evangelio a la vida política y a las aulas. — Su llegada a la presidencia se ha planteado en cierto modo como continuista respecto a los últimos ocho años, en los que fue vicepresidente del equipo de gobierno. Conocer lo que se ha hecho también implica ser consciente de los posibles errores o lo que queda pendiente. ¿Cuál es el balance que hace de esa etapa para arrancar su mandato?Preferiría que los defectos me los señalaran desde fuera. A veces los responsables de los cargos, si no sabemos escuchar al entorno, somos los últimos en ver nuestros propios errores. Lo pedí en campaña y lo hago ahora: reunirme con la gente para que me digan qué se ha hecho mal y qué podemos corregir. La etapa de Alfonso Bullón de Mendoza, a quien tuve la suerte de acompañar estos ocho años, fue muy fructífera; en una balanza, lo bueno superaría por mucho a lo malo. Respecto a lo que quiero potenciar, destacaría dos aspectos: primero, rejuvenecer aún más la asociación —y parece mentira que lo diga yo, que creo ser el presidente que ha llegado al cargo con más edad—. El cardenal Herrera Oria asumió con 22 o 23 años, la edad que tenían aquellos primeros propagandistas. Para atraer a la juventud hay que incorporarla de verdad; nunca me han gustado las «secciones juveniles» en partidos o sindicatos, porque apartan a los jóvenes en vez de integrarlos. Cuando asumí la dirección de Católicos y Vida Pública con María San Gil, pedí unificar los congresos de jóvenes y el general, porque a mí de joven me enriqueció convivir con ministros y académicos, del mismo modo que la juventud aporta una fuerza de arrastre indispensable. Y en segundo lugar: recuperar la presencia en la vida política. No en un partido concreto, sino en la política general para llevar el mensaje evangélico, tal como hizo esta casa desde su fundación en 1908, durante la República, el franquismo y la Transición. —En la Transición, de hecho, muchos miembros de la ACdP formaron parte del primer gobierno de Suárez...En el primer gobierno de Suárez el mayor porcentaje de ministros pertenecía a la ACdP y casi nadie lo sabía; solían ubicarlos en otros movimientos católicos. No pido hacer política partidista desde esta casa, pero sí llevar el mensaje del Evangelio a la vida política.—En estos últimos años se ha dado una gran visibilidad pública a la ACdP mediante la recuperación de un medio de comunicación, campañas publicitarias en Navidad o Semana Santa y eventos como la Fiesta de la Resurrección. ¿Toda esta proyección exterior ha repercutido de manera interna en la asociación?Sin duda, pero me alegra más que haya repercutido fuera. Nuestra misión es llevar el Evangelio a la vida pública: a las empresas, a los sindicatos, a las asociaciones y a la calle. Todo lo realizado ha ayudado a dar testimonio sin complejos de nuestra condición de cristianos. Cuando un creyente se siente arropado, pierde el miedo y sale a la calle.A nivel interno también ha servido, pero siempre insisto en que propagandista no es solo quien pertenece formalmente a la asociación, que en número es pequeña. Propagandista es todo hombre o mujer que lleva la palabra de Dios a la vida pública, quien no se avergüenza de ser católico y muestra su fe a los demás.—Plantea recuperar presencia política sin adscribirse a un partido, pero desde fuera —e incluso dentro de la Iglesia— se suele vincular a la ACdP con posturas conservadoras, e incluso algunos titulares les tildan de «ultracatólicos». ¿Responde esto a la realidad o existe mayor pluralidad interna ?Lamentaría que se identifique a la ACdP con una opción partidista concreta, sea cual sea. Nosotros no estamos para hacer política de partido. Otra cuestión es que cada miembro tenga legítimamente sus propias ideas políticas y las desarrolle en libertad; pero desde la asociación no se marca la línea política de nadie, sino el compromiso evangélico. Hay que saber separar los campos.Ojalá en todo el arco parlamentario existiera un espíritu cristiano de servicio al bien común. Hay que aprender a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Habrá formaciones que coincidan más con el pensamiento católico en ciertos puntos y otras que coincidan en aspectos distintos, pero la asociación no debe alinearse con ninguna sigla.—Con las elecciones a la vista y la campaña electoral en marcha, ¿qué valoración hace de la situación política actual y qué le pediría al Parlamento y al Gobierno que salgan de las urnas?—Lo primero que diría es que hay que votar; es bueno que el católico vote en conciencia según sus convicciones. Al Gobierno actual y al que salga de las urnas le pediría diálogo y consenso. Se ha perdido en gran medida el espíritu de la Transición, la capacidad de sentarse a pactar entre formaciones con discrepancias profundas en favor del bien común. Si tuviera que señalar el mayor defecto de la política actual es precisamente la falta de entendimiento en las prioridades esenciales de la sociedad, especialmente ante las necesidades de una juventud que hoy no encuentra respuestas en la política.—Resulta llamativo el contraste entre el tamaño de la ACdP —unos 400 miembros— y su gran proyección: cuatro universidades, una decena de colegios, colegios mayores y medios de comunicación. ¿Cómo se compatibiliza esa reducida dimensión con semejante presencia pública?La asociación nunca ha buscado el número, sino la calidad y el servicio a la presencia pública. Contamos con unos 50.000 alumnos en nuestras aulas; si los formamos bien, todos ellos serán propagandistas en la sociedad sin necesidad de estar afiliados formalmente a la asociación.Nuestra prioridad son las personas y la misión. Otros movimientos eclesiales posteriores son masivos e internacionales; la ACdP es centenaria y tiene otra vocación. Lo que sí me planteo es la dimensión europea: hoy cerca del 90% de las decisiones políticas derivan de Europa. Si el cardenal Herrera Oria viviera hoy, no sé si habría fundado la asociación también en Bruselas para influir en las normativas que nos afectan. En cualquier caso, el fin de la asociación no es engrosar estadísticas, sino formar hombres y mujeres que lleven el humanismo cristiano a la vida pública.—En la última etapa, el Gobierno ha mantenido un discurso crítico hacia la enseñanza concertada y las universidades privadas, llegando a calificarlas genéricamente de «chiringuitos», además de limitar conciertos o asediar a la educación especial. ¿Qué esperan en materia educativa si se produce un cambio político?Lo esencial es defender la libertad de las familias para elegir el modelo que desean para sus hijos. Poner trabas a la privada o a la concertada no es atacar a las instituciones, sino limitar el derecho de elección de los ciudadanos. Dicho esto, me opongo radicalmente al exceso de regulación que busca homogeneizar a todas las universidades bajo el molde de la pública. Al sistema hay que exigirle calidad, no uniformidad. Si con «chiringuitos» se referían a centros sin el nivel adecuado, estamos de acuerdo en que la falta de calidad es un peligro formativo para el país; pero no se puede generalizar.Un ejemplo claro es la Medicina: tenemos facultades en Valencia, Barcelona, Madrid, Castellón y Sevilla. En España se van a jubilar 65.000 médicos en la próxima década y el relevo no está cubierto. El coste por alumno de Medicina en la pública está fijado en unos 18.000 euros por curso pagados con los impuestos de todos; a la sociedad, un médico formado en el CEU le cuesta cero euros. Esos alumnos aprueban el MIR y pasan a servir en la sanidad pública exactamente igual. No tiene sentido ponerles trabas formativas a quienes van a atender a toda la ciudadanía. Defiendo la universidad pública, pero no la discriminación. «El clima de convivencia se ha deteriorado en la universidad pública»—El número de alumnos en universidades privadas como el CEU ha crecido con fuerza en los últimos años, mientras que en buena parte de la pública las cifras se mantienen o caen. ¿Ha cambiado la percepción social hacia la universidad privada?Sí. Y no necesariamente porque la universidad pública haya perdido nivel en su conjunto —las hay de enorme prestigio—, sino porque en algunas de ellas el clima de convivencia en las aulas se ha deteriorado. Muchas familias hacen sacrificios económicos muy notables para escolarizar a sus hijos con nosotros buscando rigor y certidumbre.El Gobierno debe velar por la calidad académica, pero no forzar una homogeneización del sistema. En países como Estados Unidos existe flexibilidad para crear universidades muy especializadas con una sola facultad; en España el marco es excesivamente rígido. Hay que dar libertad a las instituciones para desarrollar sus proyectos y dejar que los ciudadanos elijan.—¿Cuál es el papel específico de una universidad de inspiración católica como el CEU en la sociedad actual?El cardenal Herrera Oria decía que un medio de inspiración católica debía ser primero un periódico excelente y luego católico; si hacíamos un mal periódico, no servíamos a nadie. Con la universidad ocurre igual: lo primero es ofrecer excelencia académica para formar grandes profesionales. Y sobre esa base técnica, aportar los principios del humanismo cristiano: solidaridad, amor al prójimo, ética y compromiso con el bien común. En la universidad la religión no se impone jamás, se propone a través del testimonio y los valores.—El último informe PISA reflejó un retroceso generalizado en el nivel educativo en España. ¿Qué diagnóstico hace de esta situación?En parte se debe a una falta de exigencia de calidad y a un modelo curricular excesivamente encorsetado que resta margen a los centros para desarrollar planes pedagógicos propios. Aun así, tampoco hay que dramatizar en exceso: detrás de rankings y evaluaciones a veces existen sesgos, al igual que ocurre con las encuestas electorales. La formación en España sigue demostrando fortalezas; basta observar la alta demanda que tienen nuestros profesionales sanitarios en toda Europa.—Recientemente la justicia anuló el real decreto de creación y reconocimiento de universidades tras recursos autonómicos como el de Baleares, una norma que también recurrió el CEU. ¿Qué perseguía el Ejecutivo con esa regulación?No entro a juzgar intenciones políticas personales. Quiero pensar que se actuó buscando el interés general, pero fue un error evidente porque pretendía uniformar todas las universidades y liquidar su margen de diferenciación. Cuando una administración yerra, lo sensato es rectificar mediante el diálogo en vez de insistir en fórmulas idénticas.Ocurre algo similar con los debates regulatorios en materias como la vivienda: se intentan imponer decretos que el propio Parlamento ha rechazado. Las soluciones a problemas estructurales requieren capacidad de acuerdo, rigor técnico y respeto a los órganos de representación ciudadana, no insistir en medidas fallidas que coartan la libertad.