Junts propone eliminar las prórrogas obligatorias y el tope del 2% de actualización del alquiler

Míriam Nogueras ha defendido hoy, desde la tribuna del Congreso, el no de Junts a la convalidación de los dos decretos ley aprobados por el Gobierno, esta misma semana, para intervenir más el mercado de la vivienda, a raíz del caso de Maricarmen, exhibiendo una propuesta alternativa a los dos textos, tal y como había anunciado esta misma mañana. «Nuestra propuesta no es una propuesta cerrada», ha dicho Nogueras durante su intervención en el pleno de la Cámara Baja.La propuesta, consultada por ABC, cambia el eje de los dos decretos leyes aprobados hacia acuerdos voluntarios entre los propietarios y los inquilinos, dando estabilidad al arrendatario y sin prórrogas obligatorias; los incentivos fiscales; la financiación pública de la protección a los más vulnerables y una mayor seguridad jurídica del propietario.De esta manera, el punto de partida de los de Carles Puigdemont pasa por convertir la prórroga obligatoria en voluntaria; elimina el tope extraordinario del 2% y toda la regulación de alquileres temporales y de habitaciones; introduce el IVA del 5% para determinadas compras de vivienda habitual y el derecho del hipotecado frente a créditos vendidos con descuento; e incorpora un paquete específico de desalojo rápido frente a okupaciones que no está en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros.Una de las diferencias más claras entre los documentos es el de la prórroga de los alquileres. Uno de los decretos leyes establece que los contratos vigentes cuyo periodo correspondiente termine antes del 31 de diciembre de 2028 pueden ser prorrogados, a petición del inquilino, por anualidades y hasta dos años adicionales. Y el propietario debe aceptar la prórroga. Junts propone sustituir este mecanismo por una prórroga pactada y completamente «voluntaria para ambas partes» y reduce el horizonte de la medida al 30 de junio de 2028.«Nuestra propuesta no es una propuesta cerrada» Míriam NoguerasOtro punto de conflicto es el del límite del 2% a la actualización de los alquileres. El Ejecutivo, con el apoyo de Podemos, PNV, Coalición Canaria, ERC y otros, proponían que no se pudiera actualizar el precio del alquiler a la subida de los precios hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el precio del alquiler estaba por encima del máximo fijado en el índice del Ministerio de al Vivienda no se podía actualizar y si estaba por debajo, un máximo del 2%. Junts elimina esta limitación.El borrador del decreto ley de Junts (de 59 páginas) también incluye una deducción para el inquilino del 15% frente a la del 10% que contempla el texto aprobado por el Gobierno. La propuesta del Ejecutivo afecta a los contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros. Progresivamente. Junts eleva la deducción al 15% con una base máxima de 11.630 euros, para contribuyentes cuya base imponible sea igual o inferior a los 33.007,20 euros, sin introducir una reducción progresiva de la base máxima.Además, otra de las diferencias más destacadas es la reforma penal y procesal que incorpora Junts frente a la okupación ilegal. Su propuesta establece que, en procedimientos por allanamiento de morada o usurpación, el juez pueda acordar cautelarmente el desalojo y la restitución de la posesión cuando existan indicios racionales de delito y los ocupantes no acrediten un título que justifique su situación.Los okupantes dispondrían de un plazo improrrogable de 48 horas para aportar ese título. Transcurrido el plazo, el juez resolvería mediante auto motivado. El solicitante tendría que acreditar la propiedad o la posesión legítima del inmueble. Junts plantea además que el Gobierno remita al Congreso una ley orgánica que regule, entre otras cuestiones, las facultades de la Policía Judicial para proceder al desalojo inmediato en casos de flagrancia. Los decretos leyes del Gobierno no hacen mención a las okupaciones.Por otro lado, Junts propone endurecer mucho el régimen específicamente para bancos y determinados fondos, pero restringe a grandes tenedores la regla del 70% que el Gobierno aspira a aplicar a todas las entidades dedicadas a adquirir inmuebles. En los textos aprobados por el Consejo de Ministros se prohíbe hasta finales de 2028 a toda entidad con o sin personalidad jurídica cuyo objeto incluya adquirir inmuebles adquirir gratuitamente o por debajo del 70% del valor de tasación, salvo las excepciones establecidas.Los de Puigdemont dividen esta iniciativa. Primero, los bancos y determinadas filiales inmobiliarias, los fondos de inversión, el capital-riesgo, los fondos de titulización y las entidades de gestión de activos no podrían adquirir viviendas o edificios residenciales en general, salvo destinos sociales y demás excepciones previstas. Y segundo, para las demás personas jurídicas, Junts mantiene la prohibición del 70%, pero solo cuando sean grandes tenedores y su objeto o política de inversión incluya comprar inmuebles.Junts propone endurecer mucho el régimen específicamente para bancos y determinados fondos, pero restringe a grandes tenedores la regla del 70% que el Gobierno aspira a aplicar a todas las entidades dedicadas a adquirir inmueblesEntre otras medidas, el borrador exhibido hoy por Nogueras también descarta la nueva regulación de alquileres temporales y por habitaciones; sustituye el esquema fiscal del propietario por incentivos del 90 y del 70% ligados a acuerdos entre las partes; crea un IVA del 5% para determinada vivienda nueva de primera residencia; suprime la nueva fiscalidad gubernamental sobre alquileres de hasta 30 noches; reduce las suspensiones de los lanzamientos de 2030 a 2028; hace que el desahucio continúe si la Administración no paga en dos meses y crea el derecho del hipotecado frente a la venta de su crédito.