La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha denunciado hoy la «imprevisión» y la «ausencia de planificación» del Gobierno en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida como la ‘ley de nietos’ , y ha condenado los ataques, insultos y amenazas que están sufriendo diplomáticos y cónsules en las redes sociales por cumplir las instrucciones oficiales.En un duro comunicado, la asociación critica que la norma entrara en vigor sin un periodo de ‘vacatio legis’ que permitiera a la Administración preparar los medios humanos y materiales necesarios para atender la avalancha de solicitudes de nacionalidad. Una circunstancia que contrasta, recuerda la ADE, con el precedente de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que contempló un año de margen para adaptar las instalaciones y reforzar las plantillas, o con el proyecto de ley de nacionalidad para los saharauis, que prevé un plazo de cuatro meses.A la falta de previsión inicial se sumó la interpretación extensiva de la norma dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplió el universo de potenciales beneficiarios sin que la red consular dispusiera de los recursos necesarios para afrontar el incremento de expedientes.Tal y como informa ABC hoy, esta instrucción de Justicia extendió la posibilidad de los solicitantes de la nacionalidad a los descendientes de emigrados anteriores a la Guerra Civil.La consecuencia, según denuncia la ADE, fue la improvisación de herramientas electrónicas y soluciones de urgencia para atender una demanda que desbordó las previsiones de los consulados. La asociación considera que esta situación constituye un nuevo ejemplo de la «desidia» que, a su juicio, padece el Servicio Exterior.Desbordados y amenazasLa acumulación de solicitudes ha puesto al límite unas oficinas consulares que, además de tramitar los expedientes de nacionalidad, deben seguir prestando servicios esenciales como la expedición de pasaportes, la gestión del Registro Civil y la organización del voto de los españoles residentes en el extranjero.La ADE reconoce el esfuerzo del personal diplomático y consular para evitar un colapso aún mayor, pero advierte de que numerosos consulados se encuentran desbordados, con demoras que han alimentado el malestar de los solicitantes.Ese descontento, denuncia la asociación, se ha traducido en acusaciones infundadas contra los cónsules, a quienes se atribuye actuar contra la propia ley cuando se limitan a aplicar las instrucciones recibidas de los órganos competentes del Ministerio de Justicia.La situación ha llegado, según la ADE, al acoso digital extremo, con insultos, ataques relacionados con la orientación sexual y amenazas de muerte dirigidas tanto a los funcionarios como a sus familiares.
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