La Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles la paralización del campamento para inmigrantes que el Gobierno pretendía instalar en el Puerto de Ceuta hasta que decida si suspende definitivamente el proyecto, tal y como había solicitado el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
El tribunal ha instruido al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que no ejecute la instalación de las carpas destinadas a más de 800 inmigrantes, después de que el sindicato presentara una demanda al considerar que la medida afecta a la seguridad de «infraestructuras críticas».
La decisión judicial supone un varapalo para el Ejecutivo en plena gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde finales de julio.
El sindicato policial había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Transportes que autorizaba el uso de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para levantar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas. El SUP había reclamado medidas cautelarísimas para detener de inmediato tanto la instalación como su posterior puesta en funcionamiento.
Su portavoz, Ana Alarcón, ha explicado que temen que puedan producirse «incendios y alteraciones del orden público junto a infraestructuras críticas». Alarcón ha asegurado que «no nos ha llegado nada que justifique que el campamento tenga que estar ahí», y ha recordado que la zona portuaria acoge instalaciones energéticas y áreas restringidas, además del tránsito habitual de personas y mercancías.
La portavoz sindical citó entre los riesgos posibles incendios, evacuaciones y alteraciones del orden público, «como ya se han venido produciendo en los lugares donde se concentran los inmigrantes». Ha recordado que se han producido «peleas, reyertas y también agresiones tanto a mujeres como a militares, policías y guardias civiles», además de intentos de subir a un ferry con destino a la Península.
Por otra parte, Alarcón califica de «increíble» y «de mal gusto» que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hablara el martes en el Senado de «inseguridad subjetiva» en Ceuta, cuando él mismo reconoció que allí se «sentiría subjetivamente inseguro».
El cariz que ha tomado la situación en Ceuta desde el asalto masivo del pasado 30 y 31 de julio, cuando llegaron a la ciudad autónoma miles de personas, ha ido complicando la gestión gubernamental semana tras semana. El ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, ha elevado este miércoles a 4.160 la cifra de migrantes acogidos en la ciudad, de los que 1.917 tienen ya expedientes tramitados de cara a una posible expulsión, aunque habrá que valorar si pueden acogerse al derecho de asilo.
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