La exministra Laya entregó a Bolaños su teléfono hackeado tras la crisis con Marruecos por el caso Gali

Ocurrió en abril de 2021. La entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, fue la primera que sospechó sobre una posible infección en su teléfono móvil . Personal del Ministerio confirmó la intrusión y, siguiendo el protocolo, acudió a La Moncloa para alertar de que su terminal estaba siendo objeto de un posible espionaje. Fuentes gubernamentales revelan a este periódico que la exministra González-Laya entregó su teléfono a quien se encargaba de la protección de los móviles del Gobierno, el entonces secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. Éste le entregó un acuse de recibo a la exministra de Exteriores informando de que se haría cargo el Centro Criptológico Nacional (CNN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Nunca se le informó a González-Laya del resultado de esa inspección.La 'intrusión' en el móvil de Laya se produjo tras la decisión de ésta, avalada por Pedro Sánchez, de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, «por razones estrictamente humanitarias». Los servicios secretos marroquíes «se enteraron de la llegada del líder del Frente Polisario porque espiaban a la ministra de Exteriores» y lo filtraron a sus medios como «tapadera»Exteriores había mantenido oculto el operativo de acogida y eligió un hospital de Logroño, el San Pedro -al que llegó con escala desde Argelia a Zaragoza-, para extremar las precauciones sobre su filtración. Casi de inmediato, medios cercanos al régimen de Mohamed VI, como Le 360 o Jeune Afrique, dieron la 'exclusiva' que hizo saltar por los aires la operación secreta. «Rabat se entera porque los servicios secretos estaban espiando a Laya», explican estas fuentes, y se filtra a través de su «tapadera» mediática.La filtración provocó una enorme crisis diplomática entre Madrid y Rabat. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, advirtió públicamente de que «los actos tienen consecuencias». Quince días después, se produjo el asalto masivo a Ceuta de mayo de 2021. En apenas 48 horas entraron a nado 10.000 migrantes marroquíes en Ceuta, 1.500 de ellos menores.A diferencia de lo ocurrido este verano, el Gobierno sí actuó con celeridad y contundencia. Según diversas fuentes gubernamentales consultadas, el 18 de mayo a las 9:00 horas la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, fue alertada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la llegada masiva de inmigrantes. Apenas tres horas después, el presidente Sánchez aterrizó en Ceuta para ordenar la devolución de todos los inmigrantes llegados de forma irregular.La caída de Laya, el ascenso de AlbaresDías después, el 25 de mayo, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo en Bruselas, Pedro Sánchez, vinculó públicamente la relación causa-efecto tras el acogimiento del líder del Frente Polisario, aquejado de Covid-19 y con una enfermedad de cáncer: «En 48 horas entraron 10.000 migrantes marroquíes en Ceuta, en respuesta a una acción humanitaria que hizo el Gobierno de España».Las citadas fuentes explican que «éste fue el inicio del giro en la política exterior con Marruecos», promovida por el «clan promarroquí de Zapatero, Bono y Moratinos, con José Manuel Albares como brazo ejecutor». Dos meses después, el 10 de julio de 2021, el presidente del Gobierno acometió la crisis de Gobierno más profunda de su mandato. Camuflado bajo la caída de José Luis Ábalos, Carmen Calvo e Iván Redondo, Sánchez destituyó a Laya «por expresa petición de Marruecos» y le entregó la cartera de Exteriores a Albares, hasta ese momento embajador de España en París tras haber sido el 'sherpa' del presidente en la Unión Europea.Un año después...No fue hasta un año después cuando el ya ministro de Presidencia, Félix Bolaños, compareció de urgencia en La Moncloa en día festivo para anunciar que los móviles de Sánchez y Robles habían sido infectados con Pegasus, aunque sin desvelar la autoría: «Estamos ante infecciones ilícitas y extremas». Sólo admitió tres «intrusiones» exitosas en los dispositivos del presidente Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y un intento fallido en el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, exembajador de España en Marruecos durante el último año del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2010-2011).El entonces secretario general de Presidencia le dio un «acuse de recibo» a Laya en abril de 2021 informándole de que se hacía cargo de la investigación el Centro Criptológico NacionalEl Gobierno hizo pública la información tras la crisis abierta con ERC por la investigación de CitizenLab para el semanario New Yorker, que afirmaba que el software de tecnología israelí Pegasus había servido para espiar a 60 independentistas, entre los que se encontraba el presidente catalán, Pere Aragonés, y el expresidente fugado, Carles Puigdemont. Son muchos los miembros del Gobierno que no entienden que se aireara la infección del móvil del presidente Sánchez, dejando en evidencia las vulnerabilidades en la seguridad nacional, salvo para salvar la grave crisis generada con ERC, quien mantuvo bloqueada durante meses toda la agenda legislativa del Ejecutivo en el Parlamento.La cabeza de la directora del CNILa crisis se cobró la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, supuestamente por no haber detectado la brecha de seguridad. La realidad es que ERC supeditó su dimisión al restablecimiento de las relaciones con el Ejecutivo. La «sustitución» de la jefa de la Inteligencia española se produjo tras su comparecencia en la comisión de secretos oficiales, tras reconocer Margarita Robles que tenían monitorizados a una veintena de independentistas «con autorización judicial». Entre ellos, se encontraban los siete independentistas fugados, con Puigdemont a la cabeza.Días después de la rueda de prensa de Bolaños en Moncloa, El País y El Confidencial informaron de que también la exministra de Exteriores había sido víctima del espionaje. Unas informaciones que negó Bolaños en una entrevista en la cadena SER: «No me consta». El nuevo ministro de Justicia omitió la información que desvela ABC sobre la entrega del terminal de Laya y el documento sobre la investigación que el Centro Criptológico Nacional había iniciado y que él mismo le entregó: «A mí lo que me consta es lo que aparece reflejado en los informes del Centro Criptológico Nacional, nada más».La destitución de la ministra fue el pago de Sánchez a las exigencias de Marruecos: «Ella siempre se negó a entregar el Sáhara, como hizo Albares»La ocultación de BolañosEn una omisión deliberada, pidió «no especular más allá de la información que ofrecía el Ejecutivo: «No es bueno que hagamos suposiciones o conjeturas, o alguna afirmación que no esté contrastada. Yo lo que digo es lo que está contrastado, lo que es fehaciente y está absolutamente probado por el CCN después de haber verificado los teléfonos (…) El resto de informaciones que están apareciendo no nos constan». También negó que el Ejecutivo tuviera conocimiento antes de mayo de 2022, del espionaje: «No es cierto, lo conocimos este fin de semana». Bolaños se desmarcó de «suposiciones, conjeturas» e «informaciones no contrastadas» y ocultó que la primera alerta de la ministra González Laya en abril del 2021 motivó la inspección de seguridad en el resto de los terminales de los miembros del Consejo de Ministros y, posteriormente, de decenas de altos cargos de Moncloa.Días después, el 27 de mayo de 2022, en una entrevista en Onda Cero, González Laya evitó pronunciarse sobre el posible espionaje a su terminal por parte de Marruecos: «Prefiero que se pronuncie quien era responsable de las comunicaciones». Preguntada por Carlos Alsina si se refería a Félix Bolaños, Laya esquivó la cuestión: «A quien competa… A quien, por ley, competa esa responsabilidad».Hasta la publicación de hoy en ABC, no se conocía la existencia de un documento que Bolaños entregó a Laya en 2021 como prueba fehaciente de que el Gobierno tenía certezas del espionaje por parte de Marruecos desde un año antes de comunicárselo a la opinión pública. Este periódico se ha puesto en contacto con la exresponsable de Exteriores para recabar su versión de los hechos, pero González Laya ha declinado pronunciarse al respecto.Fuentes gubernamentales hablan de un nuevo «chantaje» por el reciente viaje de Sánchez a Argelia, la nacionalización a los descendientes de saharauis y el próximo viaje del presidente argelino a España en octubreLa trascendencia de la noticia es capital porque evidencia el alto precio que pagó Pedro Sánchez por acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, quien fue devuelto con precipitación a Argelia diez días después del asalto a Ceuta. Desde aquel momento, Sánchez cumplió con la hoja de ruta de exigencias que impuso Rabat para recuperar las relaciones con Madrid, sin oponer resistencia: la salida de Laya en julio y el giro al Sahara ocho meses después, en marzo del 2022. Todo para frenar la utilización de los flujos migratorios. Cinco años después, se repite la historia. Los informes policiales y de la Inteligencia española sitúan a gendarmes marroquíes «guiando» a 80.000 inmigrantes ilegales en la invasión «masiva» del pasado 31 de julio de este año. Según las fuentes consultadas, el nuevo «chantaje» se produce «en respuesta al viaje de Sánchez a Argelia antes del verano, la nacionalización de los descendientes de los saharauis», aprobada esta semana en el Congreso y tramitada desde hace meses, y la próxima visita de Estado del presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, a España el próximo mes de octubre.Por este motivo, las fuentes cercanas al ex número dos de los servicios secretos marroquíes, Mehdi Hijaouy, desvelaron a ABC la importancia del «cómo y a quien» se hizo el espionaje de Pegasus sobre el contenido de los 2,6 gigas extraídos del móvil de Sánchez. La información de este diario permite confirmar un secreto clave en las relaciones con Marruecos: el Gobierno ocultó deliberadamente el espionaje durante un año, tenía información sobre la autoría de Marruecos y nunca ha confirmado la infección del móvil hacheado de su exministra de Exteriores para no reconocer que su destitución fue el pago para recuperar la relación diplomática con Rabat, después de que ésta «siempre se negó a entregar el Sahara como hizo Albares nada más llegar».