Durante el Consejo de Agricultura y Pesca celebrado ayer en Bruselas, estaba previsto que los ministros del ramo de los Veintisiete hablaran únicamente del próximo presupuesto de la Unión Europea (que estará vigente de 2028 a 2034) y la parte del mismo que le corresponderá al sector primario, un asunto peliagudo dado que los países del norte reclaman un recorte de las ayudas al campo —léase, la PAC— para financiar la defensa y la competitividad. O al menos, ese era el único punto que figuraba en el orden del día antes de que el acuerdo pesquero entre la UE y Mauritania se colara en la agenda, entre otras cosas por la presión del ministro español, Luis Planas, que a última hora urgió a sus colegas a resolver un embrollo que para nuestro país es «clave», dijo.
No es un debate tan importante como el del presupuesto de la UE o el tijeretazo de hasta el 20% que planea la Comisión Europea para la política agrícola común, pero sí más urgente, pues en apenas dos meses concluye el período de vigencia del mencionado acuerdo y, si no se renueva, medio centenar de buques pesqueros de nuestro país se verán obligados a abandonar las aguas mauritanas y enfrentar pérdidas millonarias.
Para contextualizar el caso, hay que empezar por explicar que la flota española es la principal beneficiaria de esta entente pesquera —la más importante de todas las que ha firmado la UE—, que autoriza a los Veintisiete a faenar dentro de la Zona Económica Exclusiva de Mauritania (200 millas náuticas mar adentro), un espacio que es rico en merluza, mariscos y atún. Según se pactó en 2021, a cambio de otorgar este acceso, el país magrebí recibe 60,8 millones de euros anuales en ayuda financiera, y ahí está el problema. Al Gobierno mauritano esa cantidad le parece poca y, a la vista de las sucesivas negociaciones fracasadas que se han producido en los últimos meses, todo indica que está dispuesto a tensar la cuerda hasta el extremo de dejar que el protocolo suscrito en 2021 llegue a su fecha de caducidad (el próximo 15 de noviembre) sin que se haya firmado uno de nuevo que permita a los buques europeos seguir en esos caladeros.
Según explica a OKDIARIO Javier Garat, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), no es la primera vez que la República Islámica trata de forzar los tiempos y recurre a la amenaza de la expulsión para sacar algo más de dinero a la UE; ya sucedió en 2021 y virtualmente todas las veces que se han tenido que negociar protocolos desde que el acuerdo bilateral echó a andar allá por 1987.
Sin embargo, esta vez la preocupación entre los armadores españoles es sensacional, ya que a falta de menos de dos meses para que concluya la vigencia del actual marco, al Consejo Europeo se le agota el margen para poder renegociar con éxito un nuevo esquema financiero sin que los armadores comunitarios se vean abocados a la expulsión. En opinión de Cespesca, en este contexto la única alternativa que les queda a los Estados miembros es llegar a una suerte de prórroga con Mauritania que dé algo de tiempo a la diplomacia.
Si los cincuenta buques españoles tienen que salir de esos caladeros aunque sea solo por un tiempo, desde el sector anticipan pérdidas millonarias y que podrían ser especialmente acusadas en el caso de la flota merlucera gallega, los marisqueros andaluces y los buques atuneros, pues para estos no hay una alternativa realista a las aguas de esa zona costera frente al Sahel. También es especialmente vulnerable la lonja de Cádiz, pues la mayor parte del producto que recibe cada año ese mercado —equivalente a unos trece millones de euros— procede del país africano; «si no se firma el acuerdo, Cádiz puede quebrar», advierte Javier Garat.
Poco se sabe por el momento sobre el estado de las negociaciones bilaterales, aunque ayer el ministro Planas dejó una puerta abierta al optimismo al asegurar que «hay una mayoría de países a favor de concluir este acuerdo». Por el momento, y en vistas a una eventual expulsión temporal de la flota europea de esas aguas, la patronal Cepesca y sus homólogos europeos ya han pedido la activación de un paquete de ayudas de emergencia, sin especificar si debería hacerse cargo Bruselas o los Estados miembros. En la misma línea, ayer el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, solicitó a Planas que plantee «medidas transitorias» a sus colegas.
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