La llamada «asamblea unitaria» de la Marea Verde, conformada por veinticinco asociaciones y sindicatos, celebrada el 6 de noviembre arrojó una serie de propuestas para redoblar las acciones en la huelga educativa del sector público , que se desarrolla de manera indefinida desde el 14 de octubre en la Comunidad de Madrid. Unas protestas que ya han colmado al Gobierno autonómico, que ha anunciado que las llevará a los tribunales. Entre las decisiones más contundentes, según se recoge en el acta de la reunión de los docentes, están el «encierro permanente; señalar al PP en su conjunto, no solo a [Mercedes] Zarzalejo [consejera del ramo]; perseguir la agenda de Zarzalejo para que se siente a negociar; y hacer concursos de traslados ‘en falso’ para visibilizar la cantidad de gente que se quiere ir de la Comunidad de Madrid por sus malas condiciones».Otras propuestas destacables pasan por «crear una caja de resistencia unitaria en la que colaboren todas las organizaciones convocantes de manera proporcional en función de las subvenciones recibidas y el capital económico de cada una, con el objetivo de pagar multas y repartir dinero a las personas vulnerables que estén haciendo la huelga; y que los equipos directivos no hagan facturas de autobuses, comedor…».La persecución a la consejera y la caja de resistencia se rebelan como las más efectivas. Porque, por un lado, Zarzalejo y también la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han sido objeto de escraches en las últimas semanas. Y, además, son decenas de huelguistas los que han sido identificados (y alguno también detenido) en el marco de estas movilizaciones callejeras. Las multas van a llover si, como reclamó ayer la consejera de Educación tras un nuevo boicot, la Delegación del Gobierno «actúa y tramita con la mayor celeridad posible las 45 denuncias ya elevadas por hechos similares al de hoy».Se refería a la protesta, no comunicada a la instancia legal, durante unas jornadas del grupo Prensa Ibérica sobre la FP dual. Según relató luego a los medios de comunicación, desde las 8.30, se empezaron a concentrar más de 100 personas, a las puertas del lugar donde se iba a celebrar el evento, que tuvo que suspenderse. «Antes de mi llegada, una parte ha entrado por la fuerza en el recinto, [los huelguistas] han levantado la reja de entrada, han forzado las puertas correderas y han empujado a los servicios de seguridad y a los trabajadores del centro», especificó. La Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional acudió y comunicó al equipo de la consejera que «no se podía garantizar la seguridad». Los antidisturbios filiaron a 40 personas y han abierto diligencias por el piquete.Zarzalejo anunció que va a llevar al juzgado de guardia estos hechos y los boicots anteriores: «Estos grupos de activistas violentos no representan a los docentes. Utilizan la represión, y con estas personas no se puede negociar». No aclaró si será por la vía penal o la civil. Los sindicatos, que durante la rueda de prensa se encontraban fuera de la consejería haciendo una batucada, la han retado a que «demuestre» sus acusaciones a los profesores y han recordado que la huelga es «un derecho constitucional».Reclamaciones laborales«Nos parece completamente indignante. Llevamos seis semanas pidiendo que se siente. Que dimita y que deje que otras partes de la consejería se sienten a negociar, porque está incumpliendo su obligación», denunció José Ángel Quintana, de la CNT, según recoge Ep.Entre sus reivindicaciones, los docentes reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP, y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.Además, exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial; solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases, y mejoras en prevención de riesgos laborales.
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