La inflación se dispara al 4,3% en agosto empujada por los carburantes, que suben un 24%

Con la publicación de los datos definitivos del IPC correspondientes al pasado mes de agosto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado algo que en todo caso ya se sabía: que la guerra en Irán va a agudizar la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. En el octavo mes del año, los precios en nuestro país escalaron un 4,3% interanual, una cifra que está más de un punto por encima de la revalorización de los salarios hasta julio, que el Ministerio de Trabajo fijó en el 3% en su última lectura (tomando solamente las nóminas pactadas en convenio). Este resultado, además, está más de dos puntos por encima de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera recomendable y anticipa que el organismo supervisor va a seguir endureciendo su política monetaria en lo que queda de año, extremo que forzará al alza los intereses de los préstamos hipotecarios y virtualmente de cualquier operación financiera. Con todo, se perfila un escenario en el que los sufridos hogares españoles tendrán que apretarse más el cinturón después de haber acusado una inflación acumulada del 23,5% entre 2020 y 2025, período que estuvo marcado por la crisis de precios ocasionada por la guerra de Ucrania. Precisamente, el dato publicado hoy es el más alto desde el 6% registrado en febrero de 2023, un año después de que empezara ese conflicto. Casi un lustro después, la historia se repite, ahora por una guerra en Oriente Próximo que parece lejos de terminarse; de hecho, en los últimos días los EE.UU. e Irán se han enfrascado en un intercambio de fuego cruzado que ha disparado el precio del barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- más allá de los 100 dólares. En este contexto, los combustibles y el gas natural se configuran como la correa de transmisión que está contagiando la crisis de precios al resto de la economía. Así, el pasado mes de agosto la partida de gasto que el INE llama 'transporte' se encareció un 9,5% interanual, su valor más alto desde agosto de 2022, un alza que se explica fundamentalmente por la desaparición gradual al inicio del verano de las medidas incluidas en el primer Real Decreto 'anticrisis', que incluía rebajas del IVA de la luz, el gas y los combustibles (pasó del 21 al 10% en todos los casos). A partir de julio ya solamente operaban un esquema de reducción gradual -hasta su eliminación en 2028- del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, ayudas específicas para sectores como el transporte o la agricultura -ya contempladas en el primer paquete- y, en el caso de los carburantes, una recuperación escalonada de la fiscalidad normal del Impuesto de Hidrocarburos (IEH), hecho que sin duda ha generado un efecto 'escalón' que ha empujado los precios hacia arriba. Los principales insumos que han tirado al alza del transporte y, por tanto, del IPC general son el gasóleo y la gasolina que en agosto se encarecieron un 30,3 y 16,9% respectivamente, situando el alza de los carburantes para vehículos en el 23,8%. La electricidad, a su vez, se encareció un 9,2%, mientras el gas natural lo hizo 4,4%. A la espera del encarecimiento de los alimentosSea como fuere, la 'buena' noticia llega de la mano de la inflación subyacente, un indicador que excluye del análisis los elementos más volátiles del paquete (alimentos no elaborados y energía). El mes pasado, este índice se moderó una décima con respecto al mes pasado, hasta el 2,9% interanual, un hecho que puede leerse como un síntoma de que la crisis energética aún se resiste a trasladarse a otras partidas de gasto.Claro ejemplo es el de los alimentos, que en agosto se encarecieron un 2,3%, una tasa que está siete décimas por encima de la del mes de julio (+1,6%) pero que, aun así, no es suficiente para desdibujar la buena evolución de los precios de esta partida de gasto, que desde febrero se ha abaratado un 0,65% . No obstante, numerosos institutos de análisis llevan tiempo advirtiendo de que después del verano la cesta de la compra se va a encarecer, una vez empiece a asentarse el efecto pernicioso de las subidas de precio de los fertilizantes y el gasóleo agrícola, que ha esquilmado los beneficios de millones de hectáreas de cereal -principalmente, aunque no solo- en España.